Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

El viernes culminó la vigilia de algunas organizaciones de derechos humanos que acompañan el reclamo surgido del encuentro de comunidades realizado en Formosa. Cristina Fernández de Kirchner desconoció el pedido de audiencia, por tal razón comenzará el próximo miércoles una ronda en Plaza de Mayo para seguir interpelando al gobierno nacional.

La hipocresía y el relato fantástico no puede quebrar la resistencia de quienes reclaman lo que les pertenece. Es necesario reproducir el documento que surgió de la III Cumbre de Pueblos Originarios y que da lugar al pedido de una urgente audiencia con la presidenta de la Nación:

Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas.

1- Esta comunicación es complementaria a la que entregamos en su despacho el 18 de Noviembre de 2012, donde solicitamos una audiencia en carácter de urgente. Pasado 6 meses, consideramos que las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta.

Vemos alarmados como nuestros territorios utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos discursos de soberanía. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación hidorcarburífera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del Fracking (fractura hidráulica), o enormes extensiones otorgadas a la megaminería, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000 %, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequias, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina.

No obstante, Sra Presidenta, queremos expresarle que en medio de esta violencia, los Pueblos Indígenas, nos sentimos fuertes. Tenemos la herramienta más poderosa para el cambio urgente que necesitamos: nuestra relación cósmica con la madre tierra, con el conjunto de todas las vidas que nos rodean. Esas vidas no permitirán que nos resignemos. Esas vidas nos animan a que debemos recuperar la fuerza que nos da la vida en comunidad. Y no permitir que quiebren la relación sagrada con nuestro territorio.

2 - Por lo dicho anteriormente:

Denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial y su prórroga). Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos administrados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA en base a informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Dirección del Programa de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los mismos son contundentes y alarmantes. Sólo una referencia que surge de los datos: el total del presupuesto del relevamiento es de $ 60.000.000. Se ha verificado que ya se ha utilizado el % 76,41 de ese monto ($ 45.847.327). Solo se ha relevado el 24,05 % del total de las comunidades, de las cuales solo el 12,48 % del total se ha concluido efectivamente. Esta Cumbre ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes, en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros pueblos.

Un tema que sigue siendo de enorme preocupación para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo detallamos en el informe presentado al Estado Argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena deben ser suprimidos del proyecto de Reforma y se debe avanzar hacia una Ley Especial sobre nuestras Tierras y Territorios, con participación indígena.

La Presidente, la Corte Suprema, el Gdor Sapag en un frente de protección a Chevron. El avance de la industria extractiva es el eje de nuestras luchas y motivo de alarma y preocupación. En el caso de la región mapuche, la industria hidrocarburifera adquiere una nueva dimensión con la llegada de una nueva tecnología o modalidad de explotación denominada Fracking. Un ejemplo concreto para fundar nuestra alarma y preocupación sobre lo que se viene: se acaba de firmar un Convenio de asociación entre la empresa estatal YPF y la petrolera americana Chevron. El detalle es que Chevron enfrenta un embargo de 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental y cultural contra los territorios del pueblo indígena quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana de Ecuador. Para evitar pagar, esta multinacional norteamericana retiró todos sus activos del Ecuador y salió a buscar nuevos botines económicos en el continente. Recae en territorio mapuche y ante la denuncia y posibilidad de embargo por el fallo en contra, es el propio gobernador Jorge Sapag quien se ofrece de “Amicus Curiae” que es una figura jurídica que significa “amigo del tribunal”!. Pero quien logra proteger a Chevron finalmente es la propia presidenta, quien manda a la Procuradora Gils Carbo a que promueva que el embargo no se aplique aquí en Argentina. La frutilla del postre lo pone la Corte Suprema quien ayer, 4 de junio del corriente libera a Chevron de la sanción. Los poderes creados para garantizar la salud, el ambiente y la cultura, en definitiva LA VIDA, crean un sólido frente para darle impunidad a la petrolera americana, con el argumento de “alguien debe pagar el precio del progreso”.

3 - En territorio de la Nación Warpe, la minería es la principal amenaza, por ejemplo en Iglesia la destrucción de los glaciares ya es un hecho. En Caucete, se quiere entregar a nuestro eterno guardián “el cerro Pie de Palo”, donde descansan nuestros ancestros, es nuestra fuente de poder y espiritualidad. El gobernador Gioja, en alianza con la empresa Barrick Gold, son los responsables directos de esta amenaza. El pueblo Warpe hoy enfrenta un momento decisivo en nuestra lucha por sobrevivir y resistir al capitalismo mundial, ya que el gobierno nacional planifica esta entrega de nuestra tierra a las transnacionales de la mega minería a cielo abierto.

La minería en Rio Negro tiene su cara más dramática en la Linea Sur (Jacobacci) donde las comunidades mapuche están en estado de amenaza por el emprendimiento otorgado a Panamerican Silver, sin el proceso de Consulta a las comunidades afectadas.

Un tema transversal a cada uno de estos escenarios es lo relacionado a un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la Consulta. Este es el mecanismo que el Estado está obligado a aplicar ante cualquier proyecto de desarrollo, o iniciativa administrativa o legislativa, que pueda afectar la vida, la cosmovisión y territorios de los Pueblos Indígenas. Esta obligación es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.

Criminalización de la protesta: El acceso a la justicia es un derecho humano. Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los mas alarmantes. El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya sostuvo en su Informe sobre la situación en Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas”.

En diálogo con Desalambrar, el vocero de las comunidades, cacique Félix Díaz, dijo: "Hemos iniciado un camino con sangre y eso no tiene que retroceder porque tenemos que avanzar. Esta es una lucha que no se puede comparar con otras porque nadie paga la militancia indígena, por esa razón la sangre derramada no se puede negociar con el Estado. La exigencia es el cumplimiento de nuestros derechos".

AUDIO 1 DIAZ

Sobre la Ley 26.160 de Emergencia Territorial será prorrogada a fin de año. Para el gobierno nacional y a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas "existe una ampliación de derechos que se dan por esta ley y la de Servicios de Comunicación Audiovisual". Para las comunidades indígenas que están siendo exterminadas por el modelo nacional, "es una ley que se crea para justificar la injusticia, por esta razón no queremos que el INAI sea entre el Estado nacional porque no nos representa malversando fondos".

AUDIO 2 DIAZ