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Denuncia penal contra Scioli

Premio empresarial

Viernes, 14 de septiembre de 2012

El Dr. Luis Alberto Caro que patrocina al Movimiento de Fábrica Recuperadas presentó en la justicia la causa que coloca a Daniel Scioli y parte de su gabinete en los delitos de fraude, violación en los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires. La raíz está en el pago de una expropiación inversa que favoreció a la metalúrgica Wasserman S.A. En seis cuotas se desembolsaron 101 millones de pesos.

Con la mitad de lo que se pagó a la empresa Wasserman se ejecutan todas las expropiaciones de fábricas que hay en la Provincia de Buenos Aires. El dato se acompaña de otro elemento de mayor calibre: todas las expropiaciones que salieron de la Legislatura Provincial fueron vetadas por el gobernador.

El 14 de junio de 2010, el Fiscal de Estado firma el “CONVENIO”, con el apoderado de Ignacio F. Wasserman S.A., Alan Eduardo Wasserman en que acuerdan el pago de los $101.000.000 (pesos ciento un millones, en éste se estipula el pago en Bonos de Cancelación de Deuda), pero luego, en septiembre del año 2011, el Ministerio de Economía al tener fondos acuerda el pago en efectivo en seis cuotas mensuales y consecutivas que en marzo de 2012 ya se realizó en su totalidad. Al no tener previsto el gasto en el presupuesto provincial se realiza la ampliación presupuestaria en forma muy rápida que amerita la necesidad de los funcionarios de pagar cuanto antes y prueba uno de los principios de los actos delictivos del fraude que es “la contracción de los actos en el tiempo”. A solo seis días de la firma del CONVENIO, del 14 de junio, el Gobernador firma el 30 de junio de 2010 un nuevo decreto provincial el N° 981, que incorpora el monto de $101 millones al presupuesto provincial. Hasta aquí los detalles no dicen nada, pero lo increíble surge de los peritos oficiales (Fiscalía de Estado) que tasaron la empresa en $26.427.540 (Pesos Veintiséis Millones Cuatrocientos Veintisiete Quinientos Cuarenta). Pregunta, ¿cómo y por qué se pagó cuatro veces más la firma Wasserman S.A?
Los denunciados por el Dr. Luis Alberto Caro, abogado del Movimiento de Fábricas Recuperadas es el siguiente: el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Osvaldo Scioli; el ex Ministro de la Producción Martín Ferré, el Subsecretario de la Fiscalía de Estado Dr. Jorge Nicolás Della Croce; Ignacio F. Wasserman Presidente de la firma; Alan Wasserman (apoderado), y los abogados Dr. Daniel Alberto Sabsay, Dr. Rubén Miguel Citara y responsables del Estudio de abogados (“CAPORAL, CITARA y CASAL”) Dra. Beatriz Susana Rivas.

Como si se tratara de un hecho producido para que el mundo político accediera fácilmente al material, luego de haber realizado el pago total de los $101 millones a la fecha y transcurridos más de diez meses, no se ha realizado la transferencia de dominio, no se tomó posesión, en clara violación a la Ley General de Expropiaciones N° 5708 que estipula en su artículo 20: “No se efectuarán compras directas de inmuebles sino en base a títulos perfectos. Previo a la aprobación del advenimiento deberá acreditarse la vigencia del dominio a nombre del expropiado y la inexistencia de derechos reales, medidas cautelares o interdicciones que impidan la libre disposición del bien. El Registro de la Propiedad informará además, en todos los casos, sobre la inexistencia de inhibiciones que afecten al expropiado”. Sucede que Wasserman se encuentra en “concurso preventivo por lo que existe una inhibición general de bienes en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires”. No obstante este pequeño obstáculo legal, Scioli y parte de su equipo, junto a prestigiosos abogados, realizaron el pago total del valor en un acuerdo transaccional, extrajudicial y sorprendente.

La empresa Ignacio F. Wasserman S.A., fabrica acero con costura y de servicios de corte y planchado. Está ubicada en la Avenida Los Constituyentes 551 del Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. A fines de 2001 tuvo graves problemas financieros. Al borde de la quiebra intentó despidos, suspensiones y hasta reducción de sueldos. El 14 de diciembre de ese año los trabajadores firman un contrato de alquiler con la empresa Ignacio F. Wasserman S.A. La cooperativa de Trabajo Los Constituyentes Limitada comienza su historia. Las partes acordaron un pago simbólico de $1000 por mes por el predio de 16.000 m2 más todas sus máquinas. La razón del acuerdo nace en la cesación de pagos (Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nacional N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En enero de 2003 se publicó la Ley Nº 12.996 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes de la empresa. Luego se sancionaron dos leyes complementarias 13039 y 13257.

Pero en octubre de 2003 comienza la “recuperación de Wasserman” ya que se presenta en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de San Isidro el juicio de expropiación inversa. En esa demanda reclamó una indemnización por un valor total de $102.142.032, de los cuales $51.690.000 correspondían al valor llave de la empresa. Para el Dr. Luis Alberto Caro, ese valor llave es una de las claves en el caso y las imputaciones.

La expropiación inversa es aún más notable. El Fiscal de Estado a través de su representante, el delegado de la Fiscalía de Estado de San Isidro Dr. Guillermo Andrés Valle, sostuvo como respuesta a la maniobra: “Es inadmisible puesto que no se ha tomando posesión del bien, ni tampoco ha turbado o restringido sus derechos, por lo que corresponde que se rechace la acción deducida con costas”.
La demanda no podía prosperar por cuanto la voluntad estatal es dejar sin efecto la iniciativa de expropiación. Nada de lo producido por el gobierno es factible de ser comprendido, como Wasserman lo expresa, como una acción de despojo ya que nadie de la administración provincial, sea persona particular u organismo poseyó la fábrica.

Desde la primera expropiación ocurrida el 16 de diciembre de 2000 para la ex GIP METAL S.R.L, en quiebra, y como beneficiara la Cooperativa Unión y Fuerza Limitada, sigue sin modificarse la ley de expropiación, por ende la Fiscalía siempre actuó desestimando el final del proceso, salvo en el caso Wasserman.

El abogado Luis Alberto Caro denunciante en la causa por fraude, incumplimiento en los deberes de funcionario público y asociación ilícita, explica que “Wasserman pide 102 millones de pesos por la fábrica, de los cuales 55 millones era el valor llave cuando la ley de expropiaciones (5.708), establece que el gobierno no debe pagar el valor hipotético del bien, pero además ese valor fue tasado por la Fiscalía de Estado negativamente (NdR: el valor llave está determinado por el nombre, prestigio, clientes y experiencia de una empresa), y esto se debe a que Wasserman estaba en concurso preventivo”. Para sumar al listado de irregularidades, Caro indica que la operación se hace desconociendo el libre deuda, y Wasserman se encuentra en concurso preventivo por lo que existe una inhibición general de bienes en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires”.

AUDIO 1 CARO

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“No hubo urgencia, tampoco una emergencia y nunca el Estado tomó posesión. Los trabajadores no estuvieron en situación de desalojo. Ocurre que cada expropiación que resultó aprobada en la Legislatura terminó en vetos del Poder Ejecutivo. Esto es una afrenta a los 20 mil trabajadores que recuperaron empresas en la Argentina porque con el 50 por ciento de lo que se pagó a Wasserman se pueden pagar todas las expropiaciones de la Provincia de Buenos Aires”, afirma el abogado del Movimiento de Empresas Recuperadas.

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Wasserman tiene hipotecas, prendas y una inhibición general de bienes porque está en concurso preventivo. Hace diez meses que se pagó en efectivo mediante tres decretos firmados por el gobernador en el plazo de 30 días. Todo lo actuado en la justicia queda sin efecto y el gobierno acepta un acuerdo extrajudicial. “Actuaron como banda, por eso decimos que hay una asociación ilícita, miembros del Estado y particulares, se reunieron para defraudar al Estado. Los que robaron al Banco de Acasuso se llevaron 20 millones, acá son 101 millones de pesos. Sólo en honorarios se pagaron 50 millones de pesos, por eso ya está la denuncia en el Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata y en la UFI Nº 8 de Investigaciones Complejas para que se embarguen las cuentas bancarias de los abogados, entre los que se encuentra en constitucionalista Daniel Sabsay, concluye el Dr. Luis Alberto Caro.

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Está en la justicia y también en la legislatura provincial. El expediente quedó bajo análisis en el marco de una interna que tiene varios matices.


 



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