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Lunes, 03 de Agosto del 2020


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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRESIDENCIA

Quieren saber qué hacen

Viernes, 3 de enero de 2014

Al mediodía, la máxima autoridad del Concejo Deliberante, recibió la nota dirigida a su persona. Se solicita con urgencia que el cuerpo colegiado emane un pedido de informes al Servicio Local de Niñez que explique todos y cada uno de los procedimientos que realizó y realiza en el caso de Daniela Ozuna.

Las organizaciones firmantes requieren y/o sugieren que "debido a la gravedad y sensibilización social que reviste la problemática, se entiende conveniente utilizar la herramienta de interpelación para citar al actual Subsecretario de Niñez y Adolescencia Local, Licenciado Román Pacheco, para que en sesión pública y abierta a la comunidad, pueda evacuar las dudas acerca del rol e intervención del área al respecto".

El texto presentado a José Barreiro es claramente descriptivo y señala: "Considerando que de acuerdo a la Ley Provincial 13.298 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos y media una denuncia penal al respecto, de inmediato debe informarse al Servicio Local de Niñez. Referido al caso, en el marco de la última Mesa Local de Violencia, dijo que la municipalidad tomó conocimiento del caso el día 29 de noviembre, haciendo desaparecido la niña el 4 de ese mes y tomada la denuncia el 6 de noviembre. Debiera existir el reclamo por parte del Poder Ejecutivo a las autoridades policiales y judiciales por NO HABER INFORMADO DE INMEDIATO COMO LO MARCA LA LEY".

El segundo eje que legitima el reclamo incorpora la medida de abrigo y una acción del Servicio Local disponiendo, según el texto, que la niña de 14 años permanezca bajo la custodia de un referente afectivo.

"Aparecida la niña el día 7 de diciembre, se procede a dictar una medida de abrigo sin realizar previamente comunicación alguna con su madre y/o familia cercana como indica el artículo 35 de la mencionada ley. Cuando la niña rechaza la medida, recién el municipio procede a intentar alguna instancia de "re vinculación", tomando como referente afectivo a una persona mayor, desconocida para la familia de Daniela, que precisamente era quien la tenía alojada a la niña al momento de su aparición. Recién en ese entonces se cita a la madre para ofrecer la posibilidad de encuentro con su hija, no sin antes realizar distintas advertencias respecto a la imposibilidad de hablar con su hija. Entendemos que se ha invertido el procedimiento reglado por la ley, sin que se expliciten los motivos. También es de imperiosa necesidad conocer el criterio para establecer al referente afectivo de la niña".

Con la preocupación a partir de un trabajo territorial, se indica que "a la fecha las última noticias no son alentadoras, ella misma le refiere a la madre que trabaja (nuevamente sin que el Servicio Local, responsable de la niña, intervenga al respecto), y que alquila un departamento con una amiga, además de evidenciarse un alarmante deterioro en estado físico de la niña. Aún se desconoce el paradero de la niña y cuál es el vínculo que el Servicio Local mantiene con ella. Cuál es el seguimiento del proceso de la niña y con qué criterios se van adoptando medidas, si es que existe alguna. Cabe destacar que la niña y su familia residen en un barrio abrumado de necesidades debido a la carencia de servicios esenciales, teniendo por ejemplo que recorrer todos los días 50 cuadras para llegar a los puntos de conectividad y de transporte público. La escuela más próxima no hizo lugar para ella ni sus hermanos debido a que no tienen DNI. Creemos que el Estado es el principal responsable de la garantía de los derechos básicos de las personas, debe estar presente y arbitrar las medidas que reviertan la tremenda situación de exclusión que vive una comunidad entera".

La nota que solicita un pedido de informes al Servicio Local e interpelación al Subsecretario de Niñez Román Pacheco, culmina con este párrafo: "La trata de personas es un flagelo alarmante que crece en nuestro país, y que victimiza a mujeres y niños fundamentalmente de los sectores más postergados de nuestra sociedad, y que implica una compeja red organizada para el delito, que en muchos casos cuenta con la participación de sectores del Estado como garantes".

Acompañan esta solicitud y documento:
Fundación Espacios para la Mujer; MuMaLá; Foro de Infancia Robada; Mujeres al Pie del Cañón; Juntas y a la Izquierda; Partido Socialista; Movimiento Libres del Sur; CP 29 de Mayo; Bachillerato Popular El Cañón; PCR; CCC; Partido Obrero, MP La Dignidad; ATE CTA Moreno - Merlo; Campaña en contra de las violencias; Mujeres Conurbanas y MST Nueva Izquierda.


 



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