Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

Porque el cierre de las listas cubre las pantallas; porque el femicidio de una adolescente se convirtió en una gran cadena nacional que acompaña el quehacer cotidiano, por razones construidas y otras olvidadas, la Masacre de Castelar parece algo lejano.

Pero la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en sesión ordinaria (jueves 27 de junio), el legislador del Partido Socialista Ricardo Vago insistió con el proyecto de declaración, una manifestación política, para que el "Estado Nacional administre los ferrocarriles creando para tal fin una empresa estatal”.

Al momento de argumentarlo sostuvo que “un mes después de la tragedia de Once presentó un proyecto planteando la rescisión del contrato de TBA y la operación de la Línea Mitre y Sarmiento por la Sociedad Estatal Operadora Ferroviaria S.A, pero fue rechazado".
Posteriormente el Ejecutivo Nacional rescinde el contrato con TBA y mantiene el contrato con TBA por los talleres EMFER. Ricardo Vago explicó a los diputados que estaban presentes el jueves en el recinto que fue "el Dr. Bonadío manifiesta que el siniestro se produjo por una trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas que por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado generaron una cadena de la felicidad destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Cirigliano. Este accionar solo fue posible por la inacción parcial de los organismos de control y los funcionarios que con competencia administrativa especifica no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer, sino que además, cuando estos detectaron anormalidades omitieron actuar en consecuencia".

En uso de la palabra, y a partir de elementos que la justicia puso en conocimiento de la población, Ricardo Vago afirma que lo ocurrido en Castelar se produjo "persiste una especie de concesión, que es un servicio de emergencia brindada por dos ex concesionarias de las Líneas Belgrano Norte y Urquiza, las empresas Roggio y EMEPA. Por ese gerenciamiento reciben el seis por ciento de todos las gastos que ellos realizan, los gastos que ellos mismos administran, de un Estado que entregó a los ferrocarriles 4.500 millones de pesos el año pasado, y que tiene en su acuerdo un acta en el que nace este gerenciamiento de emergencia y en un artículo dice en el supuesto en el que mediara una acción en sentido judicial o extrajudicial ya sea en relación a los bienes o al servicio propiamente dicho el Estado Nacional deberá mantener indemne al operador.

La Auditoría General de la Nación dice que estos contratos, que son concesiones de Emergencia, no tienen riesgo empresario, que dan indemnidad a favor del operador, que tienen una ausencia del régimen de penalidades. En su ponencia, Vago informó que "el Régimen de Penalidades, después de once años, fue sancionado la semana pasada, sin ninguna multa por el tipo de servicio que se venía prestando".
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Por último, el legislador del Frente Amplio Progresista, planteó la propuesta de declaración: “Decimos que el Estado Nacional debe hacerse cargo a través de una empresa estatal, con contabilidad pública, que estos servicios se eliminen porque vienen de los ‘90, son las mismas empresas (…) Acá hay muchas bancadas que tienen el pensamiento del rol del Estado, los trenes nunca han sido privados, siempre han sido del Estado, porque es una concesión. El país tiene capacidad técnica para administrar los trenes, estamos en una situación absurda. (…) Para finalizar, quiero decir que hay un hilo conductor que une a la Patria financiera del ‘70, la Patria contratista del ‘80, la Patria privatizadora del ‘90 y la Patria subsidiada de la década kirchnerista: los beneficiarios son los mismos y el perjudicado siempre es el Pueblo, que necesita este gran integrador social para poder llegar en horario y con seguridad a su trabajo” concluyó el Ricardo Vago.

Puesto a consideración y sin devoluciones, el proyecto de declaración para que los trenes sean operados por una empresa estatal bajo normas públicas fue... rechazado.

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