Desalambrar NOTICIAS DE MORENO

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Mercedes condenó a Oscar Pazo, empleado municipal a cargo del área de Logística, a la pena de 3 años de prisión en suspenso por considerarlo responsable del delito de peculado e integrante de una asociación ilícita. Esto último constituye una apertura de causa. El fiscal de instrucción Gabriel Alejandro Lorenzo evaluó en todo momento que Pazo era el jefe de la asociación ilícita. Con el fallo y sus fundamentaciones, el TOC Nº 3 hace lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal que "cree que faltan responsables jerárquicos en esta trama, el jefe o los jefes de la asociación ilícita", que pueden ser políticos y policiales. El Dr. Joaquín Nogueira, abogado de Oscar Pazo, reconociò que "era difícil conseguir la absolución su defendido cuando tres policias y un civil aceptan la culpa en un juicio abreviado por el mismo hecho sin discutir la inocencia", y agregó: "El juicio oral es ni más ni menos que el juicio de la Constitución, mientras que el juicio abreviado es uno de los tantos parches que hay en la Provincia de Buenos Aires y que implica llegar a una condena sin discutir nada".

¿Aceptan un juicio abreviado porque había muchas pruebas que hacían imposible defender la inocencia?

Es una cosa rara, yo no entiendo. No sé si hay algo detrás de bambalinas pero diría que hubo un mal asesoramiento. Cuando hay mala praxis de un médico se muere un paciente, y cuando hay mala praxis de un abogado el tipo llega a tener una condena sin que se haya discutido. En este caso es más grave aún, porque un civil, que teóricamente participaba del hecho, fue condenado por peculado que es un delito típico de los empleados de la administración pública.

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¿Cuál es el hecho probado en la causa y en el juicio?

Sí, el que sucedió el 14 de junio del año 2011 donde una camioneta cargó nafta en bidones y fue parada por una patrulla policial. Estoy convencido, como lo planteamos, que ese procedimiento debió ser anulado por el Tribunal, y me parece que la policía iba predeterminada sabiendo que el hecho iba a suceder, por circunstancias que no se pudieron esclarecer, hacen el procedimiento. Lo cierto es que interceptan una camioneta particular, que era de un panadero, que llevaba pan viejo y nafta en bidones (125 litros). Los policías que hicieron el procedimiento están procesados por extorsión en otra causa, un delito que es típico de la policía. La Corte de la Nación ha sido clara en establecer que la policia puede proceder sin orden judicial únicamente cuando tiene pleno sospecha o indicios vehementes cuando una o más personas están por cometer un delito...

¿Y por qué se lo vincula a Pazos?

Por la declaración de uno de los imputados (un policía) que aceptó la culpa y dijo que Pazo era el empleado municipal encargado de decir qué vehículos cargaban combustible, y que desde hacía mucho tiempo hacían cargar nafta de forma ilegal a vehículos que no estaban en funcionamiento. (NdR: Nogueira remarcó que en la única prueba material, el secuestro de nafta de la camioneta, no hubo ningún elemento que vinculara a Pazo con ese hecho).

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¿Existían controles del municipio hacia la policía?

Nunca la Municipalidad de Moreno se enteró de qué vehículos funcionaban o no. Pazo era un empleado municipal que no tenía la jerarquía para exigirle a la policía que le comunicara qué vehículo estaba en funcionamiento. La municipalidad tiene estructuras mayores de poder que intentaron, según declararon en el juicio, que la policía informara ese dato pero nunca lo lograron. La realidad es que había una lista que se elaboraba cada dos años, que luego se reproducía en una computadora, donde había un número de patentes y de móviles que podían cargar combustible. El objetivo único de esta lista era que no vengan a cargar de otros distritos. Era una lista ciega, donde el control se hacía a posteriori...

Más que un control era un descontrol

Ciertamente y así llegamos al juicio oral. Como dijo Pazo en sus últimas palabras "nunca robé nada, trabajé toda la vida". Los testigos dijeron que Pazo nunca se enriqueció ni varió su forma de vida, pero resultó condenado por el delito de peculado y por asociación ilícita como integrante (3 años de prisión en suspenso).

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¿El fallo no cierra la investigación sobre los hechos ocurridos en ese año?

Como consecuencia de la calificación del Tribunal y como lo fundamentó en su fallo, "asumiendo la obligación que tienen los funcionarios de denunciar algo que puede constituir un delito", sacan copias de la causa y la mandan el Fiscal General para que se investigue la posible participación de otra gente en esta asociación, y esa así porque si los condenados hasta aquí son integrantes falta el organizador, el jefe o los jefes. Naturalmente, en el sistema acusatorio el que tiene que impulsar la investigación es el Ministerio Público, es decir el Fiscal General en este caso que puede tirarlo a la basura o dará lugar porque tiene fundamento.

¿El ir para adelante es llegar a aquellos que sí tenían funciones jerárquicas y debían controlar a Pazo?

Es investigar a todos aquellos que podrían haber participado de esta circunstancia, pueden ser los que estaban arriba de Pazo, los que estaban colaterales a Pazo, puede ser la policía desde el último vigilante que condenaron acá hasta quien era el Jefe de la Departamental. Yo sostuve en el debate que ciertamente la organización policial que nunca le otorgó la información a la municipalidad, quienes debían entregar que patrulleros estaban en funcionamiento y cuales no, fueron los grandes ausentes de este debate porque no se los pudo notificar, porque notificados no recibieron las notificaciones, porque no sabían a dónde se habían mudado. Es probable que si se profundiza la investigación logren llegar al jefe de esa asociación ilícita, que hasta ahora aparece como existente pero no tiene jefe ni organizador.

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¿El fiscal quiso ir por más pero se queda a mitad de camino y termina condenado el perejil?

Creo que estuvo mal instruida y se quedó en el medio, en la nada. Con los elementos con los que se imputó a Pazo, podrían haber imputado para arriba y para abajo a toda la estructura policial y toda la estructura municipal.

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En la línea jeráquica, los hombres que debían y tenían la obligación por carga pública de controlar todo el sistema, no sólo a Pazo, eran, Carlos Argañaraz, Norberto Descarrega y Diego Vacis, todos integrantes de la Secretaria de Seguridad. El único que no declaró, ni en la instrucción ni el juicio oral, fue Carlos Argañaraz.