En la campaña electoral de 2019, la propuesta de Mariel Fernández tuvo como eje revisar los contratos y hacerlos cumplir. Sabía la injerencia y afectación de recursos públicos en el modelo totalmente privatizado de la recolección de residuos, pero además corría a favor el fin del contrato. Por decisión política sacó de escena a Consorcio Trébol y acordó un sistema privatizado solo de mano de obra, acuerdo con la cúpula Moyano.
Cuatro años después llega otra campaña electoral y el pliego de bases y condiciones de La Perlita está en agenda de ejecución y control. A nadie se le puede escapar que es la firma privada por excelencia en el distrito, de raíz morenense. Tampoco que las dirigencias políticas encumbraron el dominio hasta convertirla en un monopolio del transporte público local. Desde el año 2021, cuando la Intendenta crea la Secretaría de Tránsito y Transporte a cargo de Martín Fraiz queda activado, políticamente, el control a La Perlita tomando como herramienta el pliego, gestando la actividad de la Comisión Fiscalizadora. Hay que seguir ese camino para entender, desde el análisis, que la ordenanza que modificó el canon de asfalto caliente (mensual) está en línea con la decisión de exigir más respuestas y asumir el Estado un rol activo, incluso de confrontación de ser ineludible. Añadir al escenario la vigente declaración de Emergencia del Transporte Público de pasajeros que EXPONE «todas las demandas ciudadanas hacia La Perlita», a tal punto que el Concejo Deliberante (poder concedente) no vota más ampliaciones de recorrido porque las ya aprobadas no tienen efecto.
El año pasado el Concejo Deliberante aprobó la modificación de la ordenanza del año 2016 fijándole a la empresa La Perlita la entrega de 1500 toneladas mensuales de material bituminoso en lugar de las 200 toneladas previstas en el contrato original. La firma no solo mantuvo la cantidad original sino que respondió «desconocer el aumento por considerar que se trata de una medida arbitraria que afecta las ecuaciones financieras – económicas, provocando grandes distorsiones que llegarían a afectar la estructura de costos»:
El conflicto político – administrativo asciende y pone otra marcha. La lucha del gobierno de La Capitana desafía al «monopolio» para que éste cumpla con mejores servicios y deje de utilizar como excusa las «menores ganancias». Por esa ruta está elaborada la respuesta a La Perlita y una exigencia que además de poner en agenda un servicio esencial instituye un eje disruptivo. Habilitado por el pliego de bases y condiciones la Comisión Fiscalizadora emite la Resolución N° 9:
Art. 1. Rechazar, por los fundamentos expuestos, la solicitud de dejar sin efecto la Ordenanza N° 6689/2022 realizada por Empresa La Perlita S.A. mediante “Cédula de Notificación referente a Ordenanza N° 6689/22 por material bituminoso” recibida el 4 de mayo de 2023.
Art. 2. Intimar a Empresa La Perlita S.A. a dar cumplimiento a los artículos 67 y 68 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a efectos de realizar el seguimiento y monitoreo de la situación económica, financiera y patrimonial desde el año 2016 a la fecha.
La intimación no tiene fecha pero el circuito está señalizado.
La vigencia del contrato entre la Municipalidad de Moreno y empresa de Transportes La Perlita vence en el año 2026.
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