Cumplir con los procedimientos garantiza no solo el respeto por las normas establecidas sino la «normal» ejecución de la mejor política pública cuando ésta se piensa en beneficio de la sociedad más postergada.
Si los manuales básicos quedan subsumidos en el deseo, esa mala praxis administrativa puede derivar en consecuencias que institucionalmente colocan serias dudas al modo de ejecución política. Desde diciembre de 2021 la Intendenta Municipal tiene su firma puesta en el Convenio que firmó junto al dueño de las ocho hectáreas, Jorge Bellsola Ferrer, quien cede la tierra para que se construya el Polideportivo que diseñó el arquitecto Juan Micieli.
En ese documento oficial que está presentado en el Ministerio de Obras Públicas que comanda Gabriel Katopodis, la Intendenta asegura que la tierra es propiedad del Municipio de Moreno aún cuando el Convenio y análisis del mismo debe contar con la aprobación del Concejo Deliberante en tanto representa un potencial «cambio de zonificación» a favor del cedente (Bellsola Ferrer) y la entrega de una calle pública que representa tres kilómetros de acceso que pasará al privado.
No obstante, a agosto de 2022, el Departamento Legislativo no lo trató pero la obra avanza. El «Poli» en Cuartel V lleva un valor simbólico e histórico para quien conduce hoy el Municipio de Moreno, quien así lo anunció en la apertura del período legislativo el pasado mes de marzo.
Hace dos semanas atrás el Convenio integró la fallida sesión ordinaria por falta de quórum (el oficialismo no tuvo las trece manos). Esta tarde y con todas las manos del Frente de Todos, el proyecto salía pero surgió un imprevisto no calculado o abiertamente subestimado por el equipo gobernante.
La tasación de las 8 hectáreas (Polideportivo) y las 160 hectáreas que Bellsola Ferrer ostenta para desarrollar un parque industrial privado, no tienen el aval ni la legalidad que exige el procedimiento. El Colegio de Martilleros y Corredores envió este 25 de agosto una nota a la Presidenta del Concejo Deliberante, Araceli Bellota, donde dice clara y textualmente que «la cláusula Tercera (del convenio) presenta una FALACIA» en el documento que el HCD iba a tratar esta tarde.
Esa FALACIA está redactada así: «Teniendo en cuenta la tasación practicada por el Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires».
Estela de Atwell, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores, Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, advirtió en signo de denuncia que «la institución nunca realizó tasaciones por no corresponder a sus atribuciones de ley. El Colegio se limita a legalizar la firma del profesional tasador, colegiado N° 41, Di Pascuale Carlos, lo que está debidamente aclarado en el folio de legalización, que reza: «La presente legalización no implica la emisión de un juicio técnico sobre el contenido, la forma del documento y/o la tarea profesional».
Como la falacia VISIBLE Y ESCRITA quedó expuesta por el Colegio de Martilleros, hace instantes el Concejo Deliberante por amplia mayoría votó la «vuelta a comisión del expediente» para ser analizado, evaluado, corregido antes de «llevarlo a la sala de sesiones».
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