En la apertura de sesiones ordinarias del año 2024 Mariel Fernández asumió el «compromiso de no soltarle la mano a los /as compañeros /as del Potenciar Trabajo». La afilada motosierra de Milei no era una imagen de campaña electoral. Precisamente en ese período es donde se consolida la decisión del Estado local de otorgar mayor presencia a las cooperativas como «proveedoras de mano de obra». Yunque es «emblemática»
Si el «mileísmo» arrasa, el «marielismo en local refuerza su propio escudo«. En la última sesión del Concejo Deliberante la «mayoría automática» aprobó el «Programa Municipal de Finanzas Populares y Comunitarias», un Banco sin fondos que recibirá dinero del Tesoro. No hace muchos años eso tenía el nombre de Banco Social, y como olvidar la ley 26.117 cuya autoría es de Mariano West (ex Intendente) que junto a Alicia Kirchner logró institucionalizar la práctica de «micro créditos», copiando modelos internacionales de altos resultados. El programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion administraba un Fondo para “fondear” las entidades de microcrédito, asistirlas, supervisarlas, pero el Presidente Milei lo anuló el año pasado.
En el expediente destacado por el industrialista Federico Fongi (concejal de UxP) desapareció la historia y/o experiencia que tuvo a Mariel Fernández como administradora del Banco Social en 2016 ya que el Intendente Walter Festa la eligió como Administradora General del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local). Nueve años después el IMDEL es el órgano ejecutor del «banco» creado para resistir «desde la economía popular». Por supuesto que son inexistentes los necesarios detalles como «la fuente de financiamiento» que debe explicar que «recursos se desafectan ya que hay un Presupuesto 2025 votado». Si el IMDEL realizó censos de todo tipo para contar con una radiografía de la «economía social» está en condiciones de observar las «potencialidades», dotarla de esa herramienta financiera para que «produzca trabajo». NO hay nada y se convoca a toda persona física o jurídica que «mínimo seis meses de experiencia» presente el proyecto que será evaluado.
El Programa si define topes o montos (devolución en 18 meses). Para personas físicas hasta doce salarios mínimos, es decir, $3.760.800. En el caso de una cooperativa hasta cincuenta salarios mínimos que equivale a $15.670.000, monto que supera holgadamente un microcrédito.
La concejala Gisele Agostinelli vuelve a calificar la función de escribanía (aunque los hechos demuestren que nos quedamos cortos en la calificación) que cumple el Concejo Deliberante quien delega facultades propias el «Departamento Ejecutivo para que reglamente el proyecto y rediriga partidas» sin informar nada a quien debe controlar. «Le dieron una billetera a la Intendenta para que entregue dinero a personas y cooperativas, a dos meses de las elecciones. Hace poco decía que no había plata y ahora quiere regalarla a las cooperativas amigas», sentenció Agostinelli.
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