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Una alta fuente muy calificada comentó esta mañana a Desalambrar que «hace tiempo el Ejecutivo estudiaba la aplicación de un decreto para ORDENAR«. El pasado 1 de diciembre el Decreto se hace realidad y lleva la firma de todos los Secretarios /as que componen el Departamento Ejecutivo. La medida le fue comunicada a los gremios a comienzo de esta semana y el acto administrativo les llegó este jueves. El decreto tiene dos ejes salientes. El primero pone de manifiesto que el diálogo entre el Ejecutivo y quienes representan a los afiliados /as municipales, entidades que cuentan con personería gremial y se sientan en la Mesa Paritaria, NO EXISTE. El segundo impacta en la economía y finanzas de quienes tenían hasta noviembre códigos de descuento, caso SITRAM y ATE, recursos por prestaciones efectuadas caso Co – Seguro, beneficios sociales, prestaciones médicas, financieras, etc, todo es deslindado por el gobierno de La Capitana a cada conducción gremial que deberá convocar a sus afiliados /as para reordenar el esquema y aplicar los descuentos vía CBU, como lo hace por ejemplo la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales.

La acción bien ejecutiva está enmarcada en un contexto de confrontación sindical – político con paritaria cerrada por decreto, denuncias por persecución y expulsión laboral, violación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Es interesante reproducir los argumentos del Decreto de Mariel que derriba dos instrumentos anteriores. Reconociendo la ley que impone a los municipios ser «agentes de retención», el orden está conceptualizado así: «… en este estado de situación y para un mejor ordenamiento, corresponde se fijan reglas más ajustadas con la REALIDAD ECONÓMICA y SOCIAL, generando mecanismos ordenados para dar certeza al procedimiento. Que por ello resulta adecuado y oportuno proceder a la derogación de toda la normativa municipal relativa a la materia a fin de su unificación, y en consecuencia, de un nuevo acto administrativo a esos fines».

A partir del 1 de diciembre la Municipalidad de Moreno actuará como agente de retención únicamente de los importes que, en concepto de cuota de afiliación u otros aportes que deban tributar los trabajadores de las asociaciones sindicales con personería gremial, previa presentación de la documentación que acredite tal calidad y siempre que el Ministerio de Trabajo disponga expresa o tácitamente la retención, eliminándose todo código de descuento existente, a excepción del correspondiente a la cuota sindical».

El decreto de Mariel y todos y todas sus Secretarios y Secretarias es absolutamente legal. Tan claro como que porta un condimento político que será materia de interpretaciones y definiciones legales, sindicales y políticas de aquellas conducciones sindicales que entiendan que hay algo PARA DECIR.

En marzo de 2018 la mujer que gobernaba la Provincia de Buenos Aires decretó el «ordenamiento» que cuatro años después se replica en Moreno. Los argumentos del Decreto 243 /18 de María Eugenia Vidal fueron: «La creación del nuevo régimen apunta a ordenar el sistema actual de descuentos, pero también a proteger el salario de los trabajadores, facilitarles el acceso al crédito y evitar abusos en el costo financiero de los préstamos».

Aquel decreto otorgaba 90 dí­as a los gremios y mutuales de los sindicatos para adaptarse al nuevo sistema: también facilitaba los trámites y reduce la documentación necesaria para que los empleados públicos se desafilien de gremios y mutuales y dejen de estar afectados por los descuentos.