Por Celeste Vázquez.- “Todos los meses tengo que salir a buscar la plata de forma particular para que la maestra integradora no abandone a mi hija en el colegio”. El impacto de este ajuste, que amenaza con dejar a miles de niñes sin escolaridad ni prestaciones de salud, eriza la piel y conmueve a muchos excepto a funcionarios gubernamentales, burócratas de obras sociales y empresarios de la salud.
“Todos los meses es un suplicio lograr que me aprueben los medicamentos y todos sus tratamientos. Tenemos una maestra integradora que desde mayo que no cobra y yo tengo que salir a buscar la plata de forma particular para que ella no abandone a mi hija en el colegio, cosa que ella no haría ni por mala persona ni por falta de profesionalismo. Sino porque tiene que seguir trabajando para mantener a su familia”.
Quien habla es la mamá de una niña con discapacidad que se tomó unos minutos para contarle a La Izquierda Diario en qué consiste el “suplicio” que obra sociales, pre-pagas y el propio Estado le imponen tanto a trabajadores como personas con discapacidad.
Aunque a muchos leer o escuchar a esta mamá nos provoca un nudo en estómago, a muchos otros no. Funcionarios, burócratas sindicales de obras sociales, empresarios dedicados a la salud, continúan con sus vidas, seguramente mucho más lujosas y confortable que la de las mayorías populares, como si nada. De ellos depende que miles de trabajadores cobren en tiempo y forma por su trabajo, no tres meses despues en el marco de una inflación como la que hay. De ellos también depende que miles de niñas y niños tengan el transporte para ir a la escuela o sus terapias habituales. De ellos también depende que otras niñas o niños, que pueden ir a las escuelas por sus propios medios y el esfuerzo de sus familias, estén acompañados dentro del aula y no «abandonados» en cursos numerosos, con docentes que aún con toda la voluntad y amor del mundo, no pueden objetivamente satisfacer su necesidades en el proceso de aprendizaje. Pero es evidente. A ellos no les importa nada de todo esto.
La cronología de un ataque odiado
– Lunes 22 de agosto: con la firma de Sergio Massa y Juan Manzur, el Gobierno publicó la resolución 826/2022 en el Boletin Oficial a través de la cuál se recortan fondos en salud, además de vivienda y educación.
Jueves 25 de agosto: prestadores denuncian que la Superintendencia de Salud les notifica sobre “un nuevo diferimiento en los pagos de todas las prestaciones por discapacidad.». Hay que recordar que es habitual que dichos pagos se realicen con una demora promedio de 3 meses, y hasta puede ser mucho más.
– Lunes 29 de agosto: trabajadores y familias de personas con discapacidad agrupados en el «Colectivo de Discapacidad” instalan en Plaza de Mayo una carpa para visibilizar sus reclamos. Previo a eso tuvieron que soportar el amedrentamiento policial por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo día, muchos centros terapéuticos y de integración escolar emiten comunicados enviados a sus pacientes y familias para notificarles que se encuentran en “estado de alerta” debido a la crítica situación. Hay movilizaciones y concentraciones en varias provincias. Muchos pacientes, junto a su familia, se encuentran en las calles con sus terapistas, maestras integradoras, acompañantes y otros profesionales de la salud. Una misma causa, una unión forjada por años y años de pelearla juntos.
– Martes 30 de agosto: el reclamo toma visibilidad y el Gobierno tiene que salir a dar explicaciones. Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, intenta minimizar las demandas de prestadores y familias, pero no lo logra. En varios medios de comunicación dice que no hay ajuste en discapacidad y que se “trata solo de un retraso de 7 días”.
Esta mentira absoluta genera más odio. Las pruebas están a las vista. Son 7 días de demora, pero sobre meses de demora. Las movilizaciones y reclamos callejeros continúan. Obligado a decir algo más, anuncia la regularización de los pagos al comienzo del mes de septiembre.
– Principios de septiembre: prestadores denuncian que siguen sin cobrar. Masivas movilizaciones continúan en todo el país.
– Martes 6 de septiembre: el Gobierno anuncia la creación de «una mesa de trabajo junto a prestadores del sector de Discapacidad para resolver todas aquellas situaciones específicas de pagos a los mismos».
Las redes se inundan de reclamos y mensajes. «¡Queremos que nos paguen ya!» «¡No más de 30 días!» «Si no liberan los pagos a los prestadores hay chicos sin terapias y sin poder ir a la escuela», son algunos de las respuestas.
– Miércoles 7 de septiembre: mientras el acampe en plaza de Mayo continúa, sesiona en el Congreso Nacional, la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados donde se hace presente una delegación de trabajadores y familiares. El Frente de Izquierda los recibe, escucha sus reclamos y acompaña su lucha. En las calles y en el parlamento. Como siempre.
Aunque desde el Gobierno lo nieguen, hasta el propio Massa llegó a decir que el ajuste en discapacidad no existía, los hechos hablan por sí solos. La brutalidad de este ajuste está a la vista y no hay manera de ocultarla ni disimularla.
Lo que también está a la vista, y desde este medio lo venimos denunciando sistemáticamente, es que el ajuste no es para todos. Y eso es criminal. Porque mientras las patronales sojeras recibirán $ 200.000 millones extras gracias al nuevo dólar soja, trabajadores precarizados cobran salarios por debajo de la canasta básica (con meses de demora) y niñas y niños se quedarán fuera de la escuela y perderán tratamientos vitales para sus vidas.
Ante semejante panorama, la dirigencia sindical, responsable del maltrato y humillación con la que obras sociales tratan a profesionales y personas con discacpidad, una vez más elige mirar para otro lado. Una vez más elige dejar pasar el ajuste. Deja pasar el ajuste a sus trabajadores, y deja pasar el ajuste a sus afliados. Solo le preocupa «su caja».
La total cobertura de los todos los tratamientos necesarios (muchos de los cuales se encuentran congelados y demorados); el pago en término de las prestaciones, la recomposición salarial de trabajadores del sector y un aumento urgente de pensiones y asignaciones por discapacidad tiene que formar parte de la agenda de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Hoy es uno de los ajustes más brutales, por eso no hay que dejarlo pasar. Profundizar las movilizaciones y medidas de lucha es el camino.
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