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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la presentación de nueva evidencia con la que busca cuestionar la condena en la causa Vialidad. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y buscan que el organismo internacional analice el caso y sus consecuencias sobre los derechos políticos de la expresidenta.


La presentación ante la ONU se suma a la estrategia que la defensa lleva adelante en el ámbito judicial argentino. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa.


El objetivo de los abogados es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU trate el planteo en su próxima reunión, prevista para fines de octubre y comienzos de noviembre. El organismo analiza denuncias vinculadas con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


La nueva prueba


El 15 de septiembre, durante una conferencia de prensa, Beraldi presentó el elemento que la defensa considera central para intentar revisar la condena: un informe basado en información de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la distribución de fondos destinados a obras viales.


Según los abogados, entre 2009 y 2015 se distribuyeron más de 2.000 millones de dólares y las empresas del Grupo Austral, pertenecientes a Lázaro Báez, recibieron el 0,85% de esos recursos, unos 18,6 millones de dólares. El informe fue elaborado a partir de una base de datos que, según explicó la defensa, surgió durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos.


Beraldi sostuvo que el dato cuestiona la hipótesis según la cual el mecanismo de financiamiento creado mediante el Decreto 54/2009 tuvo como finalidad beneficiar a Báez.


“Encontramos una prueba determinante”, afirmó el abogado, quien sostuvo que la asignación al Grupo Austral fue inferior al 1% de los fondos analizados.


Para la defensa, el dato demostraría que la afirmación de que se buscó beneficiar a Báez no se corresponde con la distribución efectiva de los recursos. Esa es una interpretación de los abogados y forma parte de la estrategia con la que pretenden obtener una revisión de la condena.


El planteo ante Naciones Unidas


La presentación internacional no apunta únicamente a discutir la distribución de los fondos. Los abogados también sostienen que durante el proceso judicial se violaron derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cuestionan la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.


Valim y Borrego acompañan a Beraldi en la estrategia ante el Comité de Derechos Humanos. La defensa sostiene que el caso debe ser revisado en el ámbito internacional y, posteriormente, utilizar esos elementos para intentar una revisión de la condena en los tribunales argentinos.


El Comité está integrado por expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su intervención no equivale a una instancia judicial argentina ni modifica por sí misma una sentencia firme, pero sus pronunciamientos pueden tener consecuencias jurídicas e institucionales para los Estados alcanzados.


La estrategia judicial


La nueva evidencia también será utilizada en el recurso de revisión que la defensa prepara ante la Justicia argentina. Beraldi señaló que esa vía es prioritaria para intentar suspender los efectos de la condena.


La defensa sostiene que la información incorporada recientemente permite discutir uno de los fundamentos utilizados en la causa Vialidad. El planteo deberá ser analizado por los organismos correspondientes, tanto en el ámbito internacional como en la Justicia argentina.


La disputa, entonces, se traslada a dos escenarios: mientras la defensa busca que Naciones Unidas examine las presuntas violaciones de derechos denunciadas, en Argentina intentará que la nueva evidencia sea considerada para revisar una condena que ya quedó firme.