Una investigación que comenzó con el análisis de un teléfono secuestrado por una causa de robos terminó abriendo un expediente mucho más delicado: dos presos alojados en cárceles bonaerenses quedaron bajo investigación por un presunto plan para asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, en San Isidro.
Hertrig había intervenido en la causa por la que ambos hombres permanecen detenidos. La pesquisa de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detectó comunicaciones que, según la investigación, daban cuenta de una posible represalia contra la funcionaria judicial.
Los acusados fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Ambos cumplen prisión preventiva y están acusados de integrar una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad de entraderas y asociación ilícita.
El teléfono que abrió otra investigación
El dato que encendió las alarmas apareció durante la revisión de uno de los teléfonos secuestrados en la causa original.
Según la investigación, los detenidos habrían reunido información sobre Hertrig y su entorno y analizado distintas alternativas para concretar una agresión. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen pedidos de fotografías de la fiscal mediante herramientas de inteligencia artificial.
El hallazgo llevó a realizar procedimientos simultáneos en las unidades penitenciarias donde estaban alojados los acusados. Durante los operativos fueron secuestrados teléfonos celulares y ambos quedaron aprehendidos en sus respectivas celdas.
La investigación busca determinar el alcance del supuesto plan y el grado de avance que había alcanzado.
El Poder Judicial, bajo amenaza
El episodio provocó el pronunciamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su “profunda preocupación” por el plan detectado contra la fiscal.
La entidad sostuvo que no se trataría de una amenaza genérica o aislada, sino de una investigación que permitió detectar acciones coordinadas, obtención de información sobre la funcionaria y distintas alternativas para concretar una agresión, incluida la posibilidad de atentar contra su vida.
Para el Colegio, el episodio excede la protección de la fiscal y su familia. El organismo advirtió que cuando una agresión contra una funcionaria judicial aparece vinculada con su actuación en una causa, también se pone en discusión el funcionamiento del sistema de Justicia.
“Condicionar mediante la violencia”
El Colegio de Magistrados señaló que una represalia contra una fiscal por su intervención en un expediente constituye un intento de interferir en el ejercicio de la función judicial.
La entidad volvió a advertir, además, sobre una problemática que observa con preocupación: amenazas, intimidaciones, hostigamientos y agresiones contra magistrados, funcionarios y funcionarias a partir de decisiones adoptadas en el marco de sus responsabilidades.
El caso de Hertrig vuelve a poner esa discusión sobre la mesa: hasta dónde puede llegar una represalia contra quien interviene en una causa penal y qué herramientas tiene el Estado para proteger a quienes integran el sistema de Justicia.
FUENTE: INFOCIELO
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