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POR EL CRIMEN DE JAVIER CORIA –

Ezequiel Maidana manejaba la bicicleta de su madre la noche del 19 de septiembre. En la calle Belisario Roldán 11405 (Trujui) es interceptado por Javier Coria. La Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal N° 1 de Mercedes señala en el escrito con el que rechaza la prisión domiciliaria de Maidana, que es «materia de pesquisa» lo que sucedió en ese momento (sustracción de la bicicleta y celular de Ezequiel).

Siguiendo la cronología, el 23 de septiembre Ezequiel Maidana, aprehendido al momento del hecho que se le enrostra, recibe la confirmación de la pérdida de su libertad. El 28 de septiembre se le niega la excarcelación extraordinaria, un día después denegada la libertad por falta de mérito. Por los golpes aplicados a Javier Coria, que le provocan la muerte, la fiscal Luisa Pontecorvo estable en firme la carátula: «Homicidio agravado por su comisión mediando alevosía en concurso real con robo».

Por expresiones periodísticas del abogado de Ezequiel, el Dr. Gonzalo Fuenzalida, la vida de su defendido está en riesgo porque la población carcelaria lo llama «el antichorro» o el «justiciero». Presenta el pedido de prisión domiciliaria ante el Juez de Garantías N° 2 (Dr. Castro) quien el 1 de noviembre hace lugar argumentado que «Maidana posee buena conducta, no tiene antecedentes penales, es sostén de familia» por tanto falla a favor con dos elementos dispuestos: tobillera electrónica y el pago de una caución personal de 1 millón de pesos.

La familia de Ezequiel no pudo ni puede alcanzar esa cifra, razón que explica la permanencia en una comisaría del imputado, es decir, nunca logró hacerse efectiva la disposición del Dr. Castro.

La familia de Coria y el abogado patrocinante (Dr. Hugo López Carribero) apelaron la concesión de prisión domiciliaria a favor de Maidana. El 25 de noviembre la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal N° 1 de Mercedes hace lugar al planteo y resuelve que el pibe del delivery, Ezequiel Maidana, acusado de matar a Javier Coria, permanecerá privado de su libertad ordenando el traslado a un servicio penitenciario.