Intervención simple, directa y efectiva en relación al debate sobre los convenios que alcanza la Municipalidad de Moreno con una cooperativa (quien recibe más trabajos) y la diferencia que existe con el modelo donde es más fuerte el papel privado. Un aspecto necesario de mirar: el esquema o instrumento cooperativo no es estatal sino que trabaja con lo público y también puede intervenir en el ámbito privado. Expresado de otro modo: la cooperativa 2 de Septiembre es un instrumento privado que no persigue como fin o meta la ganancia, más bien sería la mejor distribución de utilidades.
En el mapa de Moreno limpio, puesta en marcha del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), interviene la Cooperativa 2 de Septiembre Ltda. que compone el Movimiento Evita. Recibe un subsidio de casi 112 millones de pesos con lo que se hará de los bienes de capital para realizar todas las tareas de limpieza, separación y reciclado de la basura. Por esa prestación el gobierno de Mariel Fernández aportará 12 mil pesos mensuales a cada uno /a de los 366 cooperativistas.
La concejala del bloque Ahora Juntos por el Cambio, María Selva Aguilar, instaló una gran pregunta, ¿el nuevo sistema no es otra forma de privatización, menos onerosa, pero con clara participación privada en modo cooperativo».
Así lo expresó: «Con fecha del 15 de octubre del 2020, quien fuera en ese momento el Subsecretario de Desarrollo Sostenible y seguridad alimentaria, el señor Damián Falfán, menciona que se eligió a dicha cooperativa, hablamos de la 2 de Septiembre, por su experiencia como proveedora en este municipio. Con lo cual observamos una vez más que se utiliza la elección directa como norma, o sea que se elige a dedo el beneficiario y esa elección a dedo sin dar la posibilidad de que puedan participar a este llamado otras cooperativas que también lo deseen hacer y ser parte. Vemos también en esta relación una cercanía entre la Cooperativa 2 de Septiembre’ y miembros del Ejecutivo, a saber la presidente y la tesorera cuyo nombres figuran en el convenio en el expediente, son parte y participan de actividades en el Centro Cultural La Chicharra que es de público conocimiento que la señora Intendente Mariel Fernández, que fue participe de su creación. Es llamativo y por ello además de dudosa validez legal entiendo que es bastante poco ético beneficiar a los allegados. Y en líneas generales tengo algunas dudas, una de ellas es que la municipalidad en una cuenta bancaria que la cooperativa abrirá a su nombre, depositará subsidios no reintegrable para cubrir gastos corrientes y combustible, como así también la suma de 12 mil pesos, ajustable a aumentos que se registren en el salario para cada asociado. No está determinado de qué partida saldrá ese dinero ni tampoco si estuvo considerado en el presupuesto para el año 2021. Nuevamente encontramos como en el contrato de recolección de residuos la Municipalidad afronta gastos en este convenio donde paga sueldos y mantenimiento, lo que hace pensar que estamos muy cerca de la privatización de la gestión integral de residuos sólidos urbanos».
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