Una causa pequeña, considerada irrelevante, sube los escalones. La justicia no es lenta, amasa las causas y saca del horno el producto cuando el poder de quien puede ostentar alcances ejecutivos vuelve a ser normal, común, sin fueros.
El caso del ex Intendente Walter Festa podría ser de gran ejemplo para las actuales autoridades ejecutivas, tan predispuestas a disponer de los recursos del Estado para fines partidarios o, en lenguaje de técnica penal, «dar un uso distinto al que ha sido asignado el bien público«.
El 10 de abril de 2019, Desalambrar publica una nota en la que pone en conocimiento la «detención de cuatro dirigentes sociales del Movimiento Octubres Moreno», acusados de extorsión y asociación ilícita.
La denuncia original llega con la presentación en sede fiscal de la señora Eliana Brisa Vera. Asume conocimiento y responsabilidades para acceder a una especie de arrepentimiento. Así comienza la «investigación» el 17 de diciembre de 2018. El Secretario de la UFI N° 8, Dr. Walter Velázquez, no sólo otorga entidad a la denuncia sino que diagrama un trabajo preciso para ahondar en todo material probatorio, lo suficientemente homogéneo para solicitar «allanamientos y detenciones». Como se expresa en la jerga, «conforme a los lineamientos se realizó una amplia pesquisa que incluyó escuchas telefónicas y tareas de inteligencia criminal».
A fines de febrero de 2020 el ex Intendente Walter Festa concurre a la fiscalía para tomar conocimiento de la denuncia penal en su contra por los delitos de «defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica«.
Lo que trabajó el Dr. Walter Velázquez fue la reconstrucción de una operatoria que, en la afamada jerga política, se resume en una palabra: ñoquis.
Contratación de personal que cobraban un sueldo, no cumplían funciones, y el dinero terminaba en la cuenta de «dirigentes» que bancaban al Intendente. Hablamos de Hugo Rubén Ortiz sindicado como jefe y organizador del Movimiento Octubres Moreno.
Según detalla el colega Rodrigo Solórzano en Semanario Actualidad, el resumen realizado por la fiscalía demuestra que «Festa le había ordenado a la empleada del área de recursos humanos de la municipalidad Lucía Alejandra Vázquez que armara un decreto para nombrar a Jorge Alberto Vila como asesor de gabinete en reemplazo de Fernando Sebastián Adorno, quien tuvo alta en abril del 2018. Los decretos de baja y alta (Nº 0723 y Nº 734) fueron confeccionados el 5 de abril del 2019 pero retroactivos al 1º de abril de ese mismo año, lo que constituyó, según la justicia, en una falsedad ideológica. Sostuvo la fiscalía que Vázquez, al igual que Festa, no podían desconocer esta situación. Lo mismo ocurrió con la empleada municipal Gisela Alejandra Hauscarriaga, que no prestaba servicio y entregaba su sueldo a Ortiz.
La causa elevada a juicio oral será en la sede del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes, en una jornada que dialoga con la historia: el 17 de Noviembre, el Día de la Militancia Peronista.
Los acusados /as:
Walter Festa imputado por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica.
Lucía Alejandra Vázquez por defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga y Jorge Alberto Vila están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudación a la administración pública en carácter de partícipes necesarios.
Hugo Rubén Ortiz por el delito de defraudación a la administración pública.
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