¿Hasta cuándo? Torturas, encierro y castigo en un centro de “rehabilitación”

Por Tabaré Echeverría / Revista Mate.-Tras una inspección del Ministerio de Salud bonaerense se encontró una comunidad terapéutica operando sin habilitación. Luego un operativo de la Policía Federal rescató a 87 personas que sufrían privación de libertad, castigos y torturas en el establecimiento. ¿Por qué abundan instituciones de encierro aun cuando por ley deberían ser el último recurso? ¿Cómo son los abordajes de los consumos problemáticos en Argentina? ¿Qué alternativas ambulatorias existen? Hablamos con la Doctora en psicología Silvia Inchaurraga y con el politólogo especialista en políticas de drogas Ariel Parajón.

El domingo la división Trata de Personas de la Policía Federal detuvo a tres encargados vinculados a la comunidad terapéutica “Los Valientes”, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Como parte del operativo 87 personas fueron rescatadas, diez eran menores de edad.

En los días previos el Ministerio de Salud de Buenos Aires había realizado una inspección que encontró un panorama de horror. El centro operaba sin habilitación oficial, aparentemente sin médicxs ni psicólogxs y con solo 3 responsables a cargo de asistir a casi una centena de personas. Cobraban $60.000 por mes y la comida procedía de donaciones.

De acuerdo a los testimonios de las personas rescatadas y a las pruebas del expediente, las personas allí alojadas eran privadas de libertad, atadas, torturadas, encerradas bajo llave y con su documentación retenida por la institución.

Había una lógica de sanciones y castigos físicos. Entre ellos se llamaban hermanos y se manejaban con un sistema de jerarquías. Vivían entre basura, con aguas residuales en los patios y en habitaciones con paredes cubiertas de humedad. En el allanamiento, incluso, se encontró a un menor atado en un gallinero.

Lxs jóvenes rescatados fueron entrevistados por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y DDHH. Lo primero que alegaron lxs jóvenes fue su voluntad de retirarse. Entre estos relatos surgió el tormento que atravesaban: golpes, cortes, privación de alimentos y hasta episodios en donde eran atados y sumergidos a la fuerza en una pileta como castigo correctivo.

Esas no eran las únicas herramientas de control: las personas rescatadas aseguraron que solo podían ver a sus familiares cada tres semanas, siempre bajo la supervisión de los encargados del lugar, que controlaban lo que se decía a lxs visitantes.

Tras el operativo, se incautaron teléfonos celulares e historias clínicas. Lxs menores fueron restituidos a sus familiares y lxs mayores se retiraron del lugar en compañía de familiares. El lugar fue clausurado. Luego, siete internos declararon en la fiscalía. El expediente está calificado como asociación Ilícita, privación de la libertad, amenazas y lesiones, delitos por los cuales fueron imputados el Director y los dos coordinadores del lugar.

“Por cada tres comunidades terapéuticas, hay dos que no cuentan con habilitación”, dijo a Unidiversidad Fabián Tonda, presidente de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (Fonga).

Abordajes alternativos

El problema no reside únicamente en las condiciones del centro de “rehabilitación”, sino en la continuidad de un paradigma prohibicionista-abstencionista que interviene sobre el uso de sustancias con la abstinencia como único objetivo, apoyándose en el castigo y el encierro como herramientas válidas para alcanzarlo.

“Es fundamental interrogarnos qué tipo de política permite y legitima aún en 2023 que este tipo de comunidades terapéuticas basadas en el encierro, el aislamiento y en la lógica de castigo sigan vigentes y legitimadas”, remarca Silvia Inchaurraga en diálogo con MATE.

Silvia Inchaurraga es Doctora en Psicología y Secretaria General de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA).

Lo que legitima a estos espacios es la idea de que la droga en sí misma es mala, la lógica de la abstinencia: la idea de que la mejor respuesta al problema de las drogas es que las personas no se droguen. Sin embargo, como destaca Silvia, poca atención se presta a las condiciones en las que las personas consumen sustancias o a las problemáticas preexistentes: sufrimiento subjetivo, psicopatologías, déficits sociales, etc. 

“Desde mi formación académica entiendo que las problemáticas de consumo no son consecuencia de las drogas, sino de problemáticas preexistentes”.  Por esto Silvia pone el foco en el abordaje del sujeto, es decir: “en interrogar la función de la droga en esa estructura individual subjetiva que es única e irrepetible”. Lo que no funciona es repetir fórmulas o abordajes homogéneos pensados para todxs aquellxs que usan drogas.

Silvia, que dirige el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA (CEADS) de la Universidad Nacional de Rosario, subraya que deberían existir matices en las modalidades de abordaje. Hoy la única estrategia de abordaje en Argentina es el tratamiento residencial: instituciones cerradas en modalidad de comunidad terapéutica, centros de rehabilitación o instituciones psiquiátricas.

Algunas modalidades alternativas al encierro pueden ser:

• Centros de día
• Centros de noche
• Hospitales de día
• Tratamientos ambulatorios (que no exigen que el paciente permanezca en una institución) intensivos.

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Sin embargo, estos abordajes ambulatorios alternativos —en algunos casos— resultan insuficientes porque el Estado no provee los recursos necesarios.

“Lo ideal sería que la persona siga inserta en su medio social y familiar, salvo que sea más tóxico que la misma droga, y en esos casos sí hay que pensar en un espacio alternativo de alojamiento provisorio”.

“Lo ideal sería que la persona siga inserta en su medio social y familiar, salvo que sea más tóxico que la misma droga, y en esos casos sí hay que pensar en un espacio alternativo de alojamiento provisorio”, profundiza la especialista, mientras señala que el Estado tampoco está preparado con los recursos asistenciales, sociales y comunitarios para afrontarlo.

Dando detalles sobre cómo funcionan estos abordajes alternativos, la Secretaria General de ARDA afirma que una consulta psiquiátrica o psicoterapéutica de una vez a la semana es insuficiente en casos de alta complejidad. En su experiencia, debería ser posible “un mínimo de 3 sesiones semanales con un terapeuta, trabajo interdisciplinario amigable, en ocasiones la intervención psicofarmacológica y estrategias que permitan recuperar el lazo social que las problemáticas de consumo deterioran”.

¿Qué pasa con la Ley Nacional de Salud Mental?

Aunque existe un marco normativo como la Ley N° 26.657 de Salud Mental que avala estos abordajes alternativos, el Estado no dispuso los recursos necesarios para implementar efectivamente la ley, lamenta Inchaurraga. 

Algunos puntos que establece la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) sancionada en 2010:

• Sólo puede indicarse la internación cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que otras alternativas y debe ser lo más breve posible.
• La internación contra la voluntad de la persona sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
• Las personas tienen derecho a ser acompañadas antes, durante y luego del tratamiento por sus afectos.
• Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus afectos.

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Más allá de estos puntos, en la realidad siguen existiendo las instituciones dedicadas al tratamiento de problemáticas de consumo que aplican el encierro, los castigos y la separación de los lazos sociales como parte de su abordaje.

Desde que se sancionó la LNSM el Estado la ejecutó muy poco, coincide Ariel Parajón, Politólogo especializado en Política de Drogas, Maestrando en Salud Mental Comunitaria e integrante del Colectivo de Reflexión Sobre los Consumos (CRC)

Las comunidades terapéuticas, como explica Parajón, “son expresión de una realidad a la que el Estado como sistema de salud, no llega”. Aunque el politólogo sí destaca la gestión actual del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires “en donde sí se empezó a controlar y se generaron instrumentos, formaciones, capacitaciones y demás”.

“Las comunidades terapéuticas siguen existiendo porque existe una Ley de Estupefacientes punitiva y criminalizante que no permite el abordaje integral de los consumos problemáticos”.

¿Por qué siguen existiendo las comunidades terapéuticas? “Porque estamos en las tensiones entre el paso de un paradigma a otro. Porque existe una ley de estupefacientes punitiva y criminalizante. Porque todavía prevalece una lógica manicomial de aislar a lo diverso, encerrar lo que es diferente a la ‘normalidad’ de una sociedad”, responde Ariel.

Los consumos problemáticos no pueden abordarse integralmente mientras exista esta ley de drogas, aclara. “Si en el sistema de salud consideramos que el usuario es un sujeto de derechos pero al mismo tiempo, desde la justicia, entendemos que es un delincuente… bueno, hay una contradicción”.

En la mirada del integrante del CRC,  las comunidades terapéuticas “se sustentan en un paradigma que aparta y encierra lo diferente, que es intolerante al consumo de drogas y busca una especie de normalización o limpieza de las personas que están en situación de consumo problemático”.