El expediente por la disputa sobre las tierras de la Universidad Nacional de Moreno atraviesa dos procesos paralelos: por un lado, la discusión sobre las medidas cautelares vinculadas a las obras realizadas en el predio; por otro, la causa principal, en la que la UNM reclama la nulidad de los actos administrativos que derivaron en el desplazamiento de la Universidad respecto del lote. Ambos expedientes acumulan presentaciones, pedidos de informes y sucesivas demoras.
La jueza Ana María Cristina Juan juró como titular del Juzgado Federal de Hurlingham. Se trata de una dependencia creada por ley en 2015, pero que todavía no se encuentra en funcionamiento. Por eso, la magistrada asumió como subrogante del Juzgado Federal de Moreno para comenzar a desempeñarse en su nueva tarea.
La causa judicial por el predio de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) continúa transitando un complejo recorrido procesal, con expedientes que acumulan presentaciones y decisiones pendientes.
Uno de los capítulos más recientes está relacionado con el recurso extraordinario presentado ante la Cámara Federal de San Martín por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a partir de la segunda medida cautelar promovida por la Universidad para intentar frenar nuevamente las obras en el terreno.
La presentación se produjo luego de que la UNM recurriera nuevamente a la Justicia ante el reinicio de los trabajos, esta vez con participación de una cooperativa. La medida cautelar había sido rechazada en 2024 por el juez federal Claudio Papavero, y esa decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de San Martín en 2025.
Desde entonces, el trámite de ese recurso tuvo escasos avances. En febrero de 2026, la Cámara se limitó a habilitar a las partes a tomar conocimiento de los escritos presentados tanto por la Municipalidad de Moreno como por la Universidad. Desde ese momento, según el seguimiento del expediente, no se produjeron nuevos movimientos sustanciales.
En esta instancia, la Municipalidad se opone a que el planteo llegue a la Corte Suprema, mientras que la UNM sostiene la posición contraria y respalda que el recurso continúe su recorrido hasta el máximo tribunal.
La causa principal: nulidad de los actos administrativos
En paralelo, se desarrolla la causa de fondo, en la que la Universidad reclama la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se dispuso el cambio de situación jurídica del lote.
La audiencia de conciliación realizada en septiembre de 2025 terminó sin acuerdo. A partir de allí, la UNM solicitó que el expediente ingresara en la etapa de prueba.
El proceso, sin embargo, continuó atravesando distintas instancias de pedidos de informes, traslados y descargos a los organismos involucrados.
En febrero de 2026, la Universidad solicitó que se convocara a los testigos. El juzgado dio traslado de la petición a las distintas partes y organismos que intervienen en el expediente, entre ellos la Municipalidad, la SENNAF, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Provincia de Buenos Aires, ARBA y el Registro de la Propiedad.
Finalmente, en abril de este año, el juzgado resolvió abrir la causa a prueba y admitió como hecho nuevo el reinicio de las obras en el predio, justamente el episodio que había originado la segunda medida cautelar presentada por la Universidad.
A partir de entonces, se sucedieron nuevos traslados y presentaciones. El juzgado requirió a las partes que incorporaran la documentación vinculada con el conflicto: convenios, actos administrativos, expedientes y demás instrumentos oficiales.
Entre abril, mayo y junio de 2026 se fue incorporando buena parte de esa documentación al expediente, con acceso para las partes.
Testigos, documentación y un agrimensor
Con la etapa probatoria abierta, la Universidad reclamó que el proceso avance hacia la prueba testimonial y pidió que se considere negligente la presentación efectuada por la Municipalidad.
El expediente sumó, además, la designación de un agrimensor y nuevos pedidos de información a organismos de la Provincia de Buenos Aires.
ARBA y el Registro, otra vez en el centro
Parte de la demora actual estaría vinculada a la información que deben aportar organismos provinciales, particularmente ARBA y el Registro de la Propiedad.
La Provincia ha demorado la entrega del expediente en el que se tramitó el reconocimiento de la cesión de uso del predio a favor de la Universidad y que, posteriormente, fue inscripto a nombre de la Municipalidad, situación que origina el conflicto. Las dilaciones están relacionadas con la dependencia que debe aportar la información necesaria para avanzar en la causa.
La situación llegó a un nuevo punto esta semana: la jueza Ana María Juan, actualmente a cargo como subrogante del Juzgado Federal de Moreno, intimó a la Provincia de Buenos Aires para que cumpla con los requerimientos pendientes en el plazo de 10 días.
El movimiento resulta relevante porque, por primera vez, el expediente comienza a tramitarse bajo la órbita del juzgado federal de la propia jurisdicción de Moreno.
Una disputa que todavía no llegó al fondo
Mientras continúan las presentaciones y los requerimientos, la cuestión central permanece sin resolución: quién tiene la titularidad del predio y si fueron válidos los actos administrativos que permitieron modificar su destino.
La segunda obra proyectada sobre el terreno ya fue incorporada formalmente al expediente como hecho nuevo. La prueba documental continúa completándose y todavía resta avanzar con la testimonial y con otros elementos ordenados por el juzgado.
El expediente, que comenzó hace años y atravesó distintas instancias administrativas, cautelares y judiciales, vuelve a encontrarse ante una instancia decisiva
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