El gobierno de Mariel Fernández asume SER pueblo, representante legítimo de los más desposeídos /as, excluidos /as, desplazados /as.
El gobierno tiene un gabinete propio, del riñón, que representa, defiende las líneas y principios inquebrantables del Movimiento Evita.
El gobierno es la centralidad de Mariel Fernández quien asume el compromiso de construir una gestión desde y por las comunidades, pero va más allá levantando la vara, «cada peso que administra va al pueblo porque no hay más cajas».
El gobierno está tan empoderado que intenta inhibir la actuación de un juez y fallar antes que la causa contravencional de inicio. Por ser pueblo y del Movimiento Evita, el Director de Bromatología Carlos Véliz. su superior Ana Cabaña, Secretaria de Desarrollo Sostenible y finalmente Noelia Saavedra, Secretaria de Desarrollo Comunitaria (cabeza de la lista de concejalas /es del Frente Todos), resolvieron en pocas horas donar 2.800 kilos de mozzarella que tenían un dueño, pero la falta cometida por el contraventor era tan grave y de fondo que era pasible de una sanción modelo y ejemplificadora.
Así ocurrió, como en una exhibición de ilusionismo popular, la mozzarella pasó del camión refrigerado de Emiliano Moncayo a otro que sin logo identificatorio receptó la carga que fue distribuida a entidades de bien público.
Esa medida que el gobierno puede vestir con la elegancia de la justicia popular tendrá, indefectiblemente, aperturas judiciales que las pagará el pueblo.
Hay que esperar, leer e interpretar el fallo del Juez de Faltas (Dr. Barcala), porque es clave en el sentido público, legal e institucional, porque es improrrogable su función y competencia, la que resultó desconocida por las autoridades políticas, de gestión, que abrieron y cerraron la causa de la mozzarella en menos de tres horas el día 5 de agosto.
Como existe un Juez y un Código de Faltas (Ordenanza 5.649 /16), se puede ver que en el Capítulo III, artículo 21, refiere a las medidas que deben aplicarse a los contraventores /as: «Multa, arresto e inhabilitación». Allí figuran también las penas accesorias, como clausura, desocupación, traslado, reparación, adaptación, restricción, remoción, demolición, decomiso.
El Capítulo VI aborda las sanciones accesorias cuando la SENTENCIA del Juez queda firme, ARTÍCULO 40° inciso d: Decomiso de los elementos con que se llevó a cabo la infracción.
El Artículo 49 del Código de Faltas define con claridad cuándo y quién decide el decomiso: «El decomiso importará la pérdida de la propiedad de las mercaderías, objetos y elementos indispensables utilizados para cometer la infracción. Esta pena accesoria deberá determinarse en la SENTENCIA o RESOLUCIÓN que disponga el monto de la multa al optar el imputado por el sistema de pago voluntario previsto en la presente Ordenanza en cuyo caso será considerada accesoria de la multa abonada bajo tal sistema».
El infractor paga una multa y queda en la valoración e interpretación del juez ir más a fondo con penas accesorias, tal el caso del decomiso. Llegar a esa sentencia o resolución, supone que no solo se agotó el proceso sino que el mismo garantizó el derecho a defensa del contraventor. Moncayo, dueño de los 2.800 kilos de mozzarella, perdió esa mercadería antes que la causa tenga inicio en el Juzgado, es decir, no pudo defenderse con dos elementos que ya están incorporados en un expediente:
Remito y factura que acreditan, según el testimonio de Moncayo, que la mozzarella tenía un origen legal: la empresa DAMIATONY. Los 2800 kilos de alimentos frescos estaban en un camión sin VTV ni seguro pero con una caja refrigerada. Es precisamente este vértice del mismo análisis oficial, de la carta – comunicado de la Municipalidad de Moreno, que desinhibe a todos y todas.
A las 15:30 horas del 5 de agosto el DECOMISO ya estaba concluido, sin ningún Juez a la vista.
Se afirma en la respuesta del gobierno que «las penalidades cometidas por el infractor son de fondo y no formalidades, atentando contra la salud pública».
Si era un atentado a la salud pública, flagrante, demostrado in situ, ¿por qué la mercadería se distribuyó desde la Secretaria de Desarrollo Comunitario a entidades de bien público? Esa medida, ¿amplió el atentado o lo evitó distribuyendo el queso cuando el mismo gobierno dice que no estaba acreditado su origen?
Algo está claro, para evitar malas interpretaciones: los 2.800 kilos de mozzarella eran aptos para el consumo, por tanto la enorme figura de atentado a la salud pública se reduce en el mismo comunicado oficial del Municipio que confirma una pieza mayor: al no contar con una cámara para preservar la mozzarella DECIDE enviar la mercadería al DEPÓSITO MUNICIPAL para su inmediata distribución.
Pregunta natural y de manual: ¿ningún abogado /a, técnico /a, sugirió al gobierno tener en cuenta la figura de depositario judicial o firmar algún convenio con supermercados para resguardar los decomisos. lacrados y numerados, hasta tanto el JUEZ dicte RESOLUCIÓN o SENTENCIA?
Vamos a otro ángulo de la carta oficial porque afirma que la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a cargo de Noelia Saavedra, distribuyó en forma inmediata los 2800 kilos de mercadería: ¿quiénes son las entidades de bien público que la recibieron?
Sucede que entre causas y azares existen algunos parámetros. Mucho antes de Mariel Fernández y el Movimiento Evita gobernando Moreno, hay normas, reglas, procedimientos que consagran algunos derechos, en el marco de la división de poderes más que poderes divididos. Pero si este gobierno cree que en términos absolutos que es pueblo, su más fiel representación, puede sentir que está en derecho de suprimir e inhibir competencias y aplicar sentencia: un distribuidor de productos frescos, monotributista, con dos trabajadores a cargo, es la encarnación del antipueblo, el enemigo que pone en serio riesgo la salud pública y por tanto es pasible de un escarmiento popular, un golpe a su bolsillo superior a un millón de pesos, o 2800 kilos de queso que ya no le pertenecen porque el mismo día de su enorme falta como contraventor, la mercadería ¿llegó? como maná del cielo a los sectores más empobrecidos.
Todo lo pensado y ejecutado por el gobierno de Fernández está normado. Todo puede y debe ser realizado en el marco de la ley sin dejar abiertas puertas y ventanas por donde pasarían varios elefantes con variados colores.
Emiliano Moncayo cometió faltas, y nadie lo pone en duda porque él mismo las reconoce. Lo sabe tanto como comprender que se le negó el derecho constitucional a defenderse. En menos de tres horas, tres áreas del Departamento Ejecutivo bajaron el martillo como si fuese un acto de reivindicación popular. Moncayo ya tiene la certeza que instancias administrativas y /o judiciales va a recuperar algo más que 1.300.000 pesos que entiende «Bromatología se los robó».
Crimen repetundarum… una figura de los romanos que no habita en el Teatro sino en algo llamado Código Penal.
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