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POR LA OBRA POLO EDUCATIVO -CONSEJO ESCOLAR –

Los procedimientos administrativos que son escandalosos no se pueden tapar con algo más escandaloso. Pero esa premisa elemental, lejos de ser un modelo burocrático insalvable, es la herramienta ineludible para garantizar la transparencia y legalidad de todo proyecto, más aún cuando se trata de uno que está regado de municiones POLÍTICAS.

La Rendición de Cuentas 2022, que se podría tratar esta semana en el Concejo Deliberante, será escenario proclive a revelar instancias escandalosos en torno a un Polo Educativo – Consejo Escolar que quebró todas las reglas, lo que implica responsabilidad claras y demostrables.

Mientras el gobierno aseguraba que «nada tenía que ver con el reclamo de la comunidad de la ESPUNM», tampoco con la demanda de la Universidad de Moreno, avanzaba sin miramientos en el proceso de obra en la tierra de la que no tenía posesión ni titularidad, más aún, estaba bajo la custodia de la Universidad que en 2022 había colocado el cartel indicativo de la construcción del Instituto Tecnológico y que la Municipalidad clausuró.

La licitación y adjudicación a favor de la empresa DIPRONOR S.A, fue motivo de una nota periodística de este medio el 3 de febrero de este año:

De esa investigación periodística quedó pendiente saber si los 87 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo que el gobierno de Mariel Fernández reconoció a favor de DIPRONOR S.A se ejecutaron, es decir, si se transfirieron a la cuenta de la firma adjudicataria. Eso ocurre en septiembre del año pasado. El 20 de octubre DIPRONOR notifica al gobierno municipal que recibe una carta documento de la Universidad Nacional de Moreno (del 6 de octubre) en el que le «advierte hacerlo responsable, civil y penalmente, de cualquier acción que realizara en el predio por el amparo impulsado en la Justicia Federal».

Si la licitación, adjudicación y pago resultaron medidas decretadas por la máxima jerarquía política, la decisión de continuar con esa marcha no calculó costos económicos, monetarios, en el convencimiento que la victoria estaba asegurada. No obstante la empresa, por preservación elemental, decide no ingresar ´al terreno (NdR: nunca lo hizo). Entonces se debe originar un trámite que «tendrá a los /as mismos actores /as del proceso» pero en este tramo ya no firmará La Capitana.

El 7 de noviembre la Secretaría de Gobierno (Alberto Conca) decide o recomienda la “suspensión de los plazos previstos” por causas ajenas a las partes, con efecto retroactivo al 4 de agosto y hasta tanto cesen los motivos que fundan la medida.

Si el motivo no aclarado era la presentación judicial de la UNM contra el Municipio de Moreno y DIPRONOR (potencialmente), la fecha elegida por Conca es sintomática, porque un día después (el 5 de agosto) DIPRONOR había emitido la factura (adelanto financiero ofrecido por el gobierno) y esos 87 millones fueron pagados el 9 de septiembre.

La suspensión no es retroactiva a la fecha de la adjudicación, ni de la emisión de la orden de compra, ni de la firma del contrato, sino a la del devengamiento, liquidación y pago del anticipo financiero; por lo que estos quedan firmes injustificadamente ya que la empresa recibió los fondos del anticipo sin tener obligación de devolverlos ni poder aplicarlos a los gastos que los originaron, lo que constituye un perjuicio al erario municipal y enriquecimiento sin causa de la firma.

Para subrayar la voluntad política del Departamento Ejecutivo de no AMINORAR su AVANCE, debe tenerse en cuenta que todo ese procedimiento se ejecuta sin ser «poseedor ni titular del terreno donde proyectó el Consejo Escolar, con diseño del arquitecto Micieli».

En este 2023 cuando obtiene luz verde de ARBA y del Registro de la Propiedad, por presentar un plano del año 2010, tras la resolución en primera instancia de la justicia federal no dando lugar a las cautelares de la UNM, ¿nadie asesoró? a la Intendenta que era razonable esperar el fallo de segunda instancia o el resultado de la apelación de la Universidad.

El 4 de marzo irrumpe en el predio y ocupa la tierra. En palabras del Administrador General del IDUAR, Federico Aliaga, el Municipio ingresa con la empresa adjudicataria (NdR: DIPRONOR).

Volviendo al tema DIPRONOR, licitación, adjudicación, pago de anticipo financiero y no inicio de la obra, todo queda suspendido (menos la transferencia de los 87 millones de pesos) por una «neutralización de los plazos de la licitación pública Polo Educativo», solicitud de la Secretaría de Educación, cuando fue Obras Públicas quien llevó firmemente el proceso. Una novedad HISTÓRICA que un órgano inferior (Secretaría) disponga «NEUTRALIZAR LA OBRA, EUFEMÍSTICAMENTE LOS PLAZOS», por causas ajenas al Municipio y a la empresa (DIPRONOR).

La licitación es suspendida con la expresión “neutralización”, por una autoridad inferior (la Secretaría) a la que la adjudica (la Intendenta); la que además no tiene facultades ni competencia para hacerlo (ya que la responsabilidad de la obra pública es de la Secretaría de Obras Publicas, no del área demandante (Educación); quien además renunció a los pocos días (Roberto del Regno).
La licitación pública Nº 33/22 ha sido suspendida y nunca dejada sin efecto, lo que resulta contradictorio con el nuevo llamado a licitación pública por esta obra (Nº 11/23) y que la Secretaria de Obras Públicas declara públicamente fracasada el día 24 de abril de 2023 por falta de oferentes, a la vez que manifiesta que la anterior se encuentra sujeta a la renegociación de precios y una “resolución administrativa”; desconociendo además el fallo de la Sala II de la Cámara que instruyó al juez a conceder el amparo contra la licitación de una obra pública en el predio de la UNM (11 de abril de 2023).

Aún con estos antecedentes oficiales (que podrían tener más volumen cuando se trate la Rendición de Cuentas 2022) el gobierno parece desconocer los hechos fácticos, la SEÑAL de DIPRONOR, y llama a una nueva licitación, el mismo día en que la Cámara de Apelaciones del Fuero Federal de San Martín resuelve que la causa regresa a la Primera Instancia. Lo extraordinario es que el gobierno municipal busca otra empresa para hacer el mismo Polo Educativo manteniendo la licitación y adjudicación del año pasado ya que lo que «NEUTRALIZÓ» fueron los plazos no la obra.

La justicia federal, en otro fallo, admite las cautelares y abre la cuestión de fondo sobre ese pedazo de tierra, quien presenta o tiene mejores papeles, sin olvidar que un Juez de Mercedes resolvió que NADA SE PUEDE HACER NI SACAR DEL TERRENO DONDE LA CAPITANA PROYECTÓ EL CONSEJO ESCOLAR, espacio que la UNM dispuso años atrás para la Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico.

Pregunta popular, en tiempo de monedas y faltantes, ¿cómo se recuperan los 87 millones de pesos que salieron del Fondo Educativo para instalarse en la cuenta de la empresa DIPRONOR que, por causas ajenas a su voluntad, no pudo comenzar la obra del Polo Educativo de Mariel?

PDTA: DIPRONOR es la misma empresa que construía el Polideportivo Diego Armando Maradona y el Parque Las Flores, dos grandes sueños de la Intendenta que desde hace meses exhiben una parálisis total.