Los dueños del país exigen más ajuste del anunciado por Massa

Por Mónica Arancibia.- El nuevo ministro de Economía informó las primeras medidas de su gestión, la prioridad es el “orden fiscal”, más recortes. Los “últimos” siguen últimos en la agenda oficial, el punto cuatro de la presentación llamada “desarrollo con inclusión social” quedó difuso en los anuncios. Sin embargo, para las patronales tuvieron sabor a poco las medidas y reclaman más beneficios.

Sergio Massa asumió como superministro de Economía y dio a conocer las primeras medidas, el primer punto de la filmina fue “orden fiscal”, música para los oídos de Kristalina Georgieva, se ratificó la meta acordada con el FMI de alcanzar un déficit fiscal de 2,5% este año. Esto significa avanzar con el ajuste fiscal. El último punto de los anuncios y de las prioridades oficiales fue el “desarrollo con inclusión social”, que careció de medidas concretas para recuperar todo lo que perdieron los salarios y las jubilaciones en los últimos años.

Al igual que el primer mensaje de la fugaz exministra Silvina Batakis, Massa buscó convencer a los “mercados”, eufemismo para denominar al capital más especulativo como bancos, fondos de inversión, que cumplirá con las metas del FMI, además el ministro actual cuenta con el aval del kirchnerismo para esa tarea. Sin embargo, el paquete de medidas tuvo gusto a poco para las patronales que esperaban un anuncio de devaluación o desdoblamiento cambiario.

Bancos, empresarios y patronales agrarias alzan la voz

Los bancos de inversión J.P. Morgan y Goldman Sachs respondieron rápidamente a los primeros anuncios del ministro de Economía expresando su deseo de una devaluación y mayor ajuste fiscal. El informe de Goldman Sachs señala “en nuestra opinión, las medidas anunciadas son un paso positivo, pero no abordan las causas fundamentales de los principales desequilibrios macroeconómicos estructurales. Además, es notoria la ausencia de cualquier medida o anuncio para hacer frente al tipo de cambio cada vez más sobrevalorado y fuertemente controlado/gestionado”. Una mayor devaluación impactaría en los precios y aceleraría la inflación, que carcome los ingresos populares ya deteriorados.

“En el frente fiscal, se necesita un esfuerzo significativo en el segundo semestre de 2022 para alcanzar los objetivos descriptos en el programa del FMI. En nuestra evaluación, la implementación de algunas de las medidas (ajuste fiscal y reducción de subsidios) será política y socialmente desafiante”, agrega el documento. “Esfuerzo significativo” coincide con las declaraciones de la titular del FMI de realizar “acciones dolorosas”. El sentido de la flecha es el mismo: atacar las condiciones de vida de las mayorías populares, por ejemplo, vía menores subsidios lo que significa tarifas de servicios públicos más caras o menores jubilaciones y salarios de empleados públicos porque el eje no se pone en terminar con las exenciones impositivas, que benefician a las patronales, para recaudar más o gravar las grandes fortunas o afectar los intereses de los sectores más concentrados.

El informe de J.P. Morgan, en la misma sintonía, sostuvo que la “primera opinión es que los anuncios carecen una vez más del aliento y la consistencia necesarios que exigen los desafíos actuales, quedando muy por debajo de lo que requeriría el plan de estabilización en la calamitosa situación macroeconómica actual”.

El sitio Rava Bursátil advierte que “el mercado local, a lo largo de la semana no mostró sobresaltos ni grandes movimientos. Sino, que se mostró con mayor cautela, a la espera de más medidas y mayores especificaciones sobre las mencionadas”.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respecto del nuevo instrumento dispuesto por el Banco Central para que liquiden la cosecha afirmó que «está medio verde en cómo va a ser la instrumentación» y chantajeó que se puede producir más “si las reglas son claras y justas”. La reunión con las patronales agrarias se postergó para la próxima semana, y el Gobierno analiza nuevos beneficios para el sector como la eliminación del plazo de 15 días que el Banco Central dispuso para liquidar en pesos las divisas que ingresan por la exportación de las cosechas.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que es «clave encontrar el camino para lograr previsibilidad macroeconómica con una política fiscal que no se resuelva aumentando impuestos sino con una administración eficiente». El reclamo de siempre ajustar, pero sin afectar sus bolsillos.

Los “mercados” desconfían que el Gobierno pueda cumplir con la meta del déficit fiscal pactado con el FMI solo con los anuncios realizados. Según la consultora LCG, la reducción de los subsidios equivale a una reducción de 0,3% del PBI en lo que queda del año, aunque aún no se conocen los detalles de la medida. Los subsidios a la energía es una de las cuentas que el Gobierno pretende recortar ya que en el primer semestre del año aumentaron un 38% en términos reales, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La consultora estimó que para cumplir con la meta del déficit fiscal, si se considera lo destinado a salarios y los rubros atados a la movilidad, el resto del gasto primario tendría que ajustarse en 24 puntos en términos reales en la segunda mitad de 2022, según publicó DiarioAr. El informe advierte que el Gobierno podría avanzar en ajustes en obra pública y las transferencias a provincias, claro que esto último implicaría tensión con los gobernadores. El informe de la primera revisión del Fondo coincide con estos recortes, obra pública y provincias.

La consultora Ecolatina indicó que “la medida de mayor impacto” es el anuncio de tarifas ya que “solo quedará subsidiada una porción del consumo de una parte del universo”, es decir habrá una mayor reducción de subsidios y afectará a un porcentaje más grande de la población. Por su parte, advierte que la suba de las facturas afectará la inflación, así explican que “es la medida que mayor impacto tendrá en el IPC”. Esto significa un nuevo golpe al bolsillo.

Saqueo a la clase trabajadora

Los salarios y las jubilaciones fueron castigos por la inflación. El gobierno del Frente de Todos prometió recomponer los ingresos, pero eso no sucedió, el propio Massa admitió que los datos de julio y agosto serán malos. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de julio 2022, publicado este viernes por el BCRA, estimó una inflación de 90,2 % para este año.

El ministro de Economía informó que la semana próxima se anunciará el índice de movilidad jubilatoria y que habrá un “refuerzo” para los jubilados. Es probable que sea un bono para un sector, pero que no llegue a compensar la pérdida de los haberes. Según estimaciones de La Izquierda Diario, desde diciembre de 2019 la jubilación mínima ($ 37.525) perdió 7,1 % frente a la inflación y el haber máximo ($ 252.507) un 14,7 % producto de los cambios a la ley de movilidad previsional, que realizó el Gobierno. La pérdida acumulada mes a mes para un haber mínimo es de $ 46.000 y alcanza los $ 1,1 millones para el haber máximo. La canasta básica de un jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad, alcanzó a fines de junio los $ 107.300, que equivale a casi tres jubilaciones mínimas. Esta semana trascendió el testimonio de una jubilada que le pone rostro a estos números y entre lágrimas contó que vive en la indigencia, come una vez al día. Entre los bancos y los jubilados, el gobierno del Frente de Todos eligió a los bancos.

Sobre los salarios Massa sostuvo que se convocará la semana próxima a entidades empresarias y de trabajadores “a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares». Seguramente se negocie un nuevo parche para evitar una caída mayor. Además, el anuncio excluye a los sectores informales, que fueron los que más perdieron, y a los trabajadores públicos. La caída del poder de compra de los trabajadores privados registrados fue de un 20% en relación a 2015 (mayo 2022 versus octubre 2015), de los trabajadores públicos un 27%, y en el caso de los trabajadores no registrados la merma fue del 32% en relación a octubre de 2016.

Sobre los planes sociales el ministro de Economía afirmó que se realizará una auditoría y quien no cumpla se le suspenderá el plan. Un trato duro con los sectores de menores ingresos mientras que a los empresarios que realizaron maniobras con las exportaciones e importaciones para evadir impuestos les concederán un plazo de 60 días para que rectifiquen su declaración por “si cometieron un error”. El anuncio oficial lejos estuvo de informar una mejora de los ingresos de quienes reciben planes cuando en términos reales cayeron un 36% entre abril del 2017 y junio del 2021, según un informe de la organización Fundar.

Empresarios, políticos hasta Moria Casán (“La One”) fueron parte de la postal de lo que fue la asunción de Massa, una fiesta a la cual la clase trabajadora no fue invitada. Nada tenemos para festejar, la llegada del superministro vendrá con más ajuste y se consolidará el saqueo a los trabajadores, que en los últimos cinco años implicó una transferencia de U$S 70.000 millones hacia los empresarios como calculó Cifra-Flacso. Esto no da para más, es tiempo de enfrentarlo.