Los tres funcionarios públicos imputados por las muertes de Sandra y Rubén, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro años inhabilitados para ejercer cargos públicos. Se trata de Sebastián Nasif, ex Interventor del Consejo Escolar; Mónica Berzoni, ex Presidenta del Consejo Escolar y Jorge Galian, ex secretario de Infraestructura del mismo organismo descentralizado
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