Matías Aufieri, abogado del CeProDH y militante del PTS, vivió en carne propia la brutalidad de la represión estatal el 1° de febrero de 2024. Ese día, mientras cumplía tareas como asesor parlamentario y relevaba la represión en Plaza Congreso, la Policía Federal —bajo órdenes directas de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei— le disparó, dejándolo sin la visión de un ojo. La represión dejó heridos también a jubilados y periodistas, entre otros. Este hecho se inscribió en una política cada vez más violenta contra la protesta social y los sectores más vulnerables.
La historia de Aufieri no termina con la represión: después de quedar inutilizado uno de sus ojos por un disparo policial, tramitó el Certificado Único de Discapacidad (CUD). ¿La respuesta de ANDIS? Negativa. El argumento es grotesco: como «tiene un ojo sano», no corresponde.
Aufieri lo contó sin vueltas en sus redes: «Como tengo trabajo, no implicaba ningún gasto ni pensión para el Estado, pero igual me lo negaron. Ahora queda claro que no es para cuidar el equilibrio fiscal, sino para robársela ellos».
Esta negativa no es casualidad. Viene de la mano con la campaña de ajuste y estigmatización orquestada por funcionarios como Spagnuolo —acusado junto a Karina Milei de armar un sistema de coimas y vaciamiento en la ANDIS—, quien sostenía públicamente que el Estado no debe subsidiar la discapacidad, que es un problema de cada familia. Mientras Karina Milei y su círculo se llenan los bolsillos con negocios turbios en laboratorios, miles de familias con hijxs con discapacidad sufren los recortes y la falta de prestaciones. El ajuste, la represión y la corrupción aparecen como las tres caras de un mismo régimen de saqueo.
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