Por Jésica Calcagno (Izquierda Diario).- El Gobierno sigue negociando con el FMI la “letra chica” de un acuerdo que ya aprieta a los bolsillos populares. El debate entre reducir subsidios o tarifazos como variantes del ajuste. ¿Por qué la luz o el gas tienen que ser un negocio?
Apenas el gobierno del Frente de Todos anunció el principio de acuerdo con el FMI, el organismo internacional salió a marcarle más la cancha con sus exigencias. “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público ” dijo de inmediato el comunicado del FMI. Representantes del organismo, no se cansan de repetir como un mantra desde entonces que hay que reducir los subsidios a la energía.
El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que las metas de reducción del déficit fiscal van a apuntar a ese rubro. El gobierno pisó el acelerador con dos anuncios que apuntan a reducir los subsidios de energía: el aumento del 20% de las tarifas para toda la población que llegaría con las boletas de marzo y abril, y avanzar con la implementación de la segmentación tarifaria (que los que tienen más recursos, paguen tarifas más altas). Noticias que llegan con el recuerdo fresco de un inicio del 2022 con cortes masivos en el AMBA en medio de la ola de calor, que recuerdan el pésimo servicio y la desinversión de las empresas energéticas.
Este planteo abre dos debates. Aparecieron analistas y especialistas que aseguran que las cuentas no cierran. Dicen que aún aplicando el aumento generalizado del 20% y la segmentación de tarifas de energía, los subsidios a las energéticas van a crecer. Todo lo contrario de lo que pide el Fondo, y pareciera estar en el corazón del acuerdo. El segundo debate es lo que se esconde en este dilema entre reducir subsidios o tarifazos. Son variantes de un ajuste, para no tocar el negocio de las privatizadas.
Falsa dicotomía para no afectar un negocio
El gobierno intenta mostrar que la segmentación de tarifas es algo “justo” porque se supone que los que más tienen pagarían más. Pero ¿y las grandes empresas energéticas? ¿por qué el Estado las tiene que seguir subsidiando?
En el 2021, los subsidios entregados por el Estado a las empresas energéticas llegaron casi a U$S 11.000 millones (un 2,4 % del PBI). El grueso de esos millones se destina a financiar la deuda que las propias distribuidoras acumulan con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) por la energía que compran y no pagan (según dicen, por el retraso tarifario). Las compañías que generan energía (como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin), como las encargadas de la distribución, fueron grandes ganadoras con los brutales tarifazos bajo el gobierno de Macri.
En estos tiempos de sometimiento al FMI, se escucha mucho eso de que “las deudas se pagan” o que hay que “honrarlas”. Pero parece que eso no aplica para estas empresas energéticas.
El círculo se cierra cuando miramos sus ganancias. En 2019 Edenor ganó $ 12 134 millones y Edesur $ 12 681 millones. El Estado termina así subsidiando las ganancias privadas de estas empresas.
Las variantes que proponen el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, entre subsidios y aumentos, es un falso dilema que solo busca avanzar con un ajuste que pagará el pueblo trabajador. Lo que ocultan es que hay otra alternativa: terminar con las privatizaciones de servicios básicos, como la energía, que desde el menemismo ningún gobierno tocó. Es un esquema que garantiza un negocio para un puñado de millonarios a costa de un derecho esencial.
Se hace cada vez más urgente avanzar en planificar todo el sector energético en todas las etapas productivas, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios, en función de las necesidades de las mayorías. Es el planteo que hace el Frente de Izquierda: nacionalizar el sistema energético, mediante expropiación sin ningún tipo de indemnización a los actuales concesionarios, y que sea administrada por los propios trabajadores y controlada por usuarios populares. Es la única manera de salir de la encerrona entre variantes de ajuste, que garantizan el negocio a unos pocos empresarios a costa de las mayorías.
¿Un plan inviable?
El periodista Alejandro Bercovich, en su columna de este viernes en BaeNegocios, expuso las contradicciones del plan del Frente de Todos para cumplir con los pedidos del FMI. Guzmán anunció que va a reducir el déficit fiscal del 3% al 1,7% del PBI achichando los subsidios a la energía. Pero según los consultores especializados del sector, es un plan “sencillamente imposible de cumplir, salvo con un tarifazo tan cuantioso y abarcativo como el que dispuso Juan José Aranguren” asegura Bercovich. Recordemos que Aranguren fue el ministro de energía de Mauricio Macri.
Bercovich explica que, según Nicolás Arceo (titular de la consultora Economía&Energía), hay cinco razones por las cuales cree que los subsidios a la energía van a aumentar en vez de reducirse: “crisis hídrica, suba del dólar, mayor consumo energético, suba de los precios internacionales y menor importación de gas de Bolivia”. A este cuadro, agrega que el costo de generación de energía aumentó un 42% en dólares entre 2019 y 2022, y que “en ese mismo lapso, el volumen de subsidios específico para la generación de electricidad aumentará un 52%”. La conclusión a la que llegan los cálculos de las consultoras del sector es que, lo único que podría reducir los subsidios como exige el FMI, “es un aumento tarifario del 180% en términos reales (180 puntos arriba de la inflación) para la mitad de los usuarios, con la otra mitad cubierta por la tarifa social”, dice Bercovich.
En este marco se entienden más las “apretadas” permanentes del FMI, que insisten en aclarar que el acuerdo con el gobierno argentino incluye reducir los subsidios a la energía. ¿Cómo piensa el gobierno del Frente de Todos cumplir con esta condición?
La segmentación de tarifas, aunque apunte a los sectores con más recursos, va a impactar igualmente en la inflación y por ende a los bolsillos populares. Pero si este plan no alcanza, ¿el gobierna avanzará con tarifazos más duros para las mayorías trabajadoras?
La decisión del Frente de Todos de legitimar la estafa de la deuda de Macri con el FMI ya muestra que aún sin conocer la “letra chica”, lo que viene es más ajuste para el pueblo trabajador. En las semanas que siguieron al anuncio del gobierno del principio de acuerdo con el organismo internacional (que es tomar nueva deuda para pagar deuda), se pusieron en debate una seguidilla de medidas que apuntan a los bolsillos populares. Al de las tarifas de energía se sumó el de aumento del boleto del transporte en la disputa entre Ciudad y Nación por los subsidios, el anuncio de aumento del pan, paritarias por detrás de la inflación anunciadas por el ministro de Trabajo.
Con el FMI, todos los caminos conducen al ajuste. Para defender los intereses y el bolsillo de las mayorías trabajadoras, hay otro camino que empieza afectando las ganancias de unos pocos.
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