La voz de una abuela que en el lenguaje de la hegemonía oficialista es «la voz de la comunidad». Ella, con pesar y angustia, describe lo que en la escuela Primaria N° 78 le dieron a su nieta: «Hoy jueves 10 (de marzo) le dieron esto a la mañana para que comiera. Está crudo. Hacía dos días que ya se había descompuesto por la misma comida en mal estado que le daban».
Como si se tratara de un efecto dominó, lo que llaman «irregularidades» toman posición pública a partir de las «voces de las comunidades». En forma cronológica.
2 de marzo: entrega de tartas de choclo y verdura, dos masas crudas, en la zona a cargo del proveedor Distribuidora Don Joaquín de Christian Pereyra. La mercadería pasa por el control Bromatológico municipal y luego llega a las escuelas que tienen modalidad comedor o listo consumo.
4 de marzo: la concejala Florencia Asseff y el consejero escolar Carlos Lana registran que en la escuela Primaria N° 40 de Moreno Sur comida en mal estado. La empresa contratada de forma directa es Logística Sofía de Maximiliano Carrillo.
7 de marzo: en la Escuela Primaria N° 42 del barrio San Cayetano (por zonificación SAE Trujui Norte) la empresa Logística Gastronómica SRL entrega comida en mal estado. Tres madres concurren a la escuela y elaboran un acta donde dejan asentado que «uno de los niños tuvo náuseas y vómitos».
8 de marzo: en la Primaria N° 78 de La Reja, la firma Distribuidora Alimenticia Huemani SRL deposita como alimento comida cruda en mal estado, de acuerdo al testimonio de una familia de la comunidad.
Cuatro casos que corresponden a cuatro de los cinco proveedores que eligió el gobierno de Mariel Fernández desde marzo de 2021. El Servicio Alimentario Escolar está bajo la única competencia real: el Departamento Ejecutivo. Se afirmó que existe un cuerpo o equipo de auditores, ¿ellos han registrado más de lo que públicamente se conoce? Aquí está una columna vertebral para que la denuncia se convierta en investigación, en certeza administrativa. ¿Puede la Dirección del SAE haber acumulado en algún cajón todas las presentaciones que habrían hecho las autoridades (de cada escuela) acerca de las irregularidades que, conviene decir una vez más, cuentan con el sello de CALIDAD de uno de los controles competentes, Bromatología municipal?
Resulta de criterio exponer que cada una de las empresas puede argumentar que la comida, listo consumo, viandas, paquete envasado que la Provincia de Buenos Aires paga 180 pesos, cruzaron el control municipal de bromatología. Entonces, ¿cuál sería el argumento legal del equipo de abogados comunales para sostener la rescisión de contrato de forma inmediata?
Hoy, en el recinto del Concejo Deliberante se izó la bandera de la política pro positiva. Un llamado viejo pero con aptitud remozada, trabajar entre todos/as porque «es inadmisible que ocurra lo que oficialmente se admitió con un proveedor», a punto tal que «se anunció la expulsión que nunca ocurrió, hasta el momento».
Esa convocatoria a la convivencia democrática, siguiendo el planteo legislativo, no debe anular ni suprimir las naturales competencias que tienen los poderes. El Legislativo debe controlar el Ejecutivo, y éste debe rendir cuentas de sus acciones. El pedido de informes votado por amplia mayoría (Frente de Todos y Juntos) es un clásico que luego no se convierte en herramienta. Solo recordar lo sucedido con la mozzarella decomisada alcanza porque que no sobra nada.
Pero si la apuesta es en serio, cuando se redacte el dictamen en conjunto, debe solicitarse en forma inmediata los pliegos y contratos que suscribió el Departamento Ejecutivo con Distribuidora Don Joaquín, Logística Gastronómica, Huemani y Logística Sofía. Hasta aquí, porque no emergió un caso de las entrañas de la comunidad, queda exceptuada de la mala calidad de los alimentos la firma Alvagama
Si de verdad las mociones coinciden, esta misma tarde «los instrumentos estarían disponibles en el grupo de WhatsApp del HCD». Con ese piso mínimo ver ¿por qué tiempo se contrató de forma seleccionada a los proveedores del SAE municipal? ¿Cuáles son los artículos que permiten ejercer el control en defensa de la vida y alimentación de niños, niñas y niñes, es decir, identificar y explicar públicamente si se puede rescindir los contratos con las empresas que ELIGIÓ la Intendenta, delegando esa función a sus funcionarios /as? ¿Las pruebas documentadas, no las que están en los medios de comunicación, son categóricas para echar a las firmas que entregan, según palabras de un legislador, mierda a los chicos /as?
Si va en serio el asunto, porque se puso en riesgo la salud de quienes, por evidencia de calidad, no son privilegiados, ¿el poder del Ejecutivo y Legislativo van a coincidir no solo en sancionar sino suspender del registro a los proveedores que cometieron FALTAS?
Y como algo guardado en la memoria de quienes antes peleaban en el llano denunciando los malos alimentos, las malas entregas, los negocios y negociados, aquellos y aquellas que por empuje y militancia hoy son poder en el Ejecutivo y Legislativo, ¿dónde quedó la consigna de un SAE con empresas de Moreno?
Con el SAE la nueva historia no comenzó en marzo de 2020… continúa.
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