«Situación controlada»

Por Carlos Del Frade.- 24 personas murieron por la ingesta de cocaína envenenada en los primeros días de este mes en el partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, el principal estado de la República Argentina.

25 personas perdieron la vida como resultado de los homicidios en enero de 2022 en el Gran Rosario, muchas de ellas vinculadas a mecánicas de las bandas narcopoliciales.

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se dijo que la situación estaba controlada…

Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se dijo que se activaron distintos protocolos de actuación dentro de la fuerza policial.

El 24 de abril de 1978, por un acuerdo entre las dictaduras de Jorge Videla y Hugo Banzer, de Bolivia, llegó un cargamento de doscientos kilogramos de cocaína a las costas rosarinas en la zona franca del país hermano en el entonces puerto estatal. Los oficiales de la dictadura boliviana, años después, serían apresados por su participación en la llamada narcodictadura de García Meza. Por el lado argentino, el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri, recibió el paquete y desde entonces sintió que todo lo que pasaba en Bolivia dependía de él y sus amigos de la CIA y la DEA. Del gobierno nacional del terrorismo de estado, Emilio Eduardo Massera, el “comandante Cero”, estuvo en la recepción del inicio del negocio de liberar el noroeste a los cocaleros bolivianos como diría, muchos años después, frente a la justicia federal brasileña, un ex integrante del batallón 601 de inteligencia del Ejército Argentino, Gustavo Bueno, en esos años al mando de Galtieri.
Ese hecho marcó el inicio y la matriz del narcotráfico a gran escala: negocio paraestatal y multinacional. Desde entonces hasta el presente, las personas cambiaron pero las rutas y el comercio poco y nada. Al decir del Chapo Guzmán, cambian los jugadores, el juego sigue siendo siempre el mismo.

En 1998, en el primer informe que hizo la DEA desde la Argentina, se señalaba que los puertos del sur de la provincia de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires eran los principales accesos de la cocaína a la Argentina.

La Argentina es un país narco, no un narcoestado. Sus bandas de narcomenudeo son barriales y compuestas por integrantes corruptos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Ese año fue clave. Hubo una democratización del consumo en la Argentina y las bandas polirrubros que existían en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se volcaron, decididamente, al palo del narcotráfico. Como fenómeno económico simultáneo surgieron los boom inmobiliarios en las tres provincias como mecanismo de lavado de dinero.

A partir de 2010, los informes anuales de las Naciones Unidas de cada 26 de junio, día internacional de la lucha contra el narcotráfico, comenzaron a ubicar a la Argentina como el tercer exportador de cocaína de América Latina, detrás de Colombia y Brasil. En 2016 el país figuró como el segundo exportador de droga sintética, detrás de Brasil.

La Argentina es un país narco, no un narcoestado.

Sus bandas de narcomenudeo son barriales y compuestas por integrantes corruptos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Las muertes en el partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, marca la necesidad de revisar el rol del estado en su rol indelegable de garantizar la salud pública.

Ya es hora de pensar en la prevención y no en las consecuencias. Es necesario dar un debate social, amplio y sin hipocresías en torno a la posibilidad de legalizar los consumos. Las prohibiciones sirven a las mafias. Siempre. Y por otro lado es imprescindible saber que las drogas legales como el cigarrillo y el alcohol, matan veinte veces más que la cocaína o la marihuana.

Pero si el narcotráfico es un negocio paraestatal, de arriba hacia abajo, es necesario tomar conciencia de la gran cantidad de miradas para otro lado que tuvieron nichos de la política, la justicia, las fuerzas de seguridad y el mundo empresarial.

Se impone un acuerdo mínimo de cinco puntos: decisión multipartidaria para que el servicio público de seguridad no sea solamente responsabilidad del poder ejecutivo si no también de los legislativos, provinciales y nacionales; combate al lavado de dinero verdadero y no ridículo como ocurre hoy; disminución de la circulación de armas que llegan con mucha facilidad a las manos de cualquiera antes que un trabajo estable; construcción de seguridad democrática eliminando los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y triplicar el presupuesto social para que haya trabajo, educación, cultura, alegría y deportes al alcance de cualquiera en cualquier barrio del país y las provincias.