El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le dio cinco días para acreditar la actualización de salarios y becas. La resolución vuelve a colocar al Ejecutivo frente a una orden judicial en medio del conflicto con docentes, nodocentes y las universidades nacionales.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario y con la medida cautelar que permanece vigente.
La resolución alcanza particularmente a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores nodocentes y al incremento de las becas estudiantiles. Según la información difundida sobre el expediente, el magistrado consideró que lo presentado por el Ministerio de Capital Humano no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de la cautelar.
El Ejecutivo tendrá ahora cinco días para cumplir con lo ordenado. En caso de persistir el incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de establecer multas económicas diarias.
Una cautelar que sigue vigente
El nuevo movimiento judicial tiene como antecedente la decisión de Cormick de septiembre, cuando rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar. En aquella oportunidad, el juez sostuvo que el acuerdo alcanzado en junio no permitía considerar resuelto el conflicto y exigió al Estado que informara y documentara el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas.
La discusión se desarrolla sobre la aplicación de la Ley 27.795, que establece mecanismos de actualización para salarios universitarios y becas. La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones vinculadas al sistema universitario.
El 3% frente al reclamo de recomposición
La intimación judicial llega en un escenario de fuerte conflicto salarial. En la última negociación paritaria, el Gobierno ofreció un aumento del 3%, mientras las organizaciones universitarias reclamaron una recomposición mayor en función del deterioro acumulado.
Las cifras sobre el porcentaje adeudado son objeto de discusión entre las partes. Los gremios y representantes universitarios sostienen que para cumplir con la normativa debe contemplarse una recomposición significativamente superior a la propuesta oficial.
Así, la disputa ya no transcurre solamente en la mesa paritaria. También se libra en los tribunales.
MÁS HISTORIAS
¿Qué sería de las plazas sin las madres?: una pedagogía para volver a encontrarse
Fuego en la cocina de la Primaria N° 82
FATE: “Los trabajadores tienen un proyecto, Kicillof les da la espalda”