Por Rodrigo Godoy.- El gobernador correntino y el ministro nacional de Ambiente se cruzaron en redes y en los medios. Sin embargo, ambos promueven un modelo productivo que contribuye a los incendios, además desfinanciar las políticas para el manejo del fuego.
Según el Departamento de Recursos Naturales del INTA Corrientes, durante el mes de enero las quemas afectaron a más de 335 mil hectáreas. De las cuales 85 mil ha. son de Malezales, más de 115 mil ha. de pastizales, 108 mil ha. de humedales, esteros y bañados y cerca de 20 mil ha. de bosque nativo. Al momento de publicar esta nota, ya son más de 530 mil las ha. arrasadas por el fuego.
La falta de recursos para paliar los incendios generó cruces entre el gobernador y el Ministro de Ambiente. En una entrevista del programa La Inmensa Minoría en Radio Con Vos el pasado jueves, Valdez llamó miserable a Cabandie y le reprochó la falta de apoyo desde Nación.
Por su parte el ministro manifestó que desde el 23 de enero le ofrecen apoyo, pero la provincia lo acepto recién el 5 de febrero.
Mas allá de este show mediático y de qué el Ministro de Ambiente, el gobernador correntino y su ministro de Producción -el Ing. Anselmo- quieran relacionar los incendios exclusivamente con las altas temperaturas y la falta de lluvia en alrededor de 3 meses, lo cierto es que hay otro factor que influye la expansión del fuego: las plantaciones de eucaliptos y pinos a gran escala que en gran parte de la provincia han ido reemplazando a los bosques nativos y cercando a los humedales.
Este modelo de producción extractivista es impulsado tanto por Valdés como por Cabandie.
Con un discurso “desarrollista” el Gobernador correntino estuvo reunido en 2021 con empresarios forestales de Bélgica y Austria, quienes en diciembre iniciaron la construcción de uno de los aserraderos más grandes de Argentina, para procesar madera y exportar a China, EE.UU. y Europa.
Al comenzar las obras Valdés expreso: “Corrientes posee 550 mil hectáreas forestadas y es la primera potencia forestal de la República Argentina y si sumamos a Misiones tenemos casi el 80% de la producción de madera argentina”.
Como vemos, el gobierno de Gustavo Valdés (UCR + Cambiemos) impulsa el monocultivo de pino y eucalipto, pero nada dicen ahora del rol que juegan estas plantaciones en los incendios.
Cabandié respecto a este modelo extractivista no tiene una postura muy diferente a la de Valdés. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha elaborado un listado de especies exóticas invasoras, donde establece dos categorías: 1) erradicables por su alto impacto ambiental, y 2) tolerables con control en función de su aporte al desarrollo económico. Dentro de esta segunda se incluyen once especies de pinos utilizados en implantaciones.
No solo eso, el ministro de Ambiente avanza también en una reforma con criterios productivistas y antropocéntricos de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos sancionada en 2007, que hasta aquí fue implementada de modo parcial y sin financiamiento razonable.
Este impulso a la industria forestal favorece a empresarios no solo cercanos a Valdés sino también al Kirchnerismo, entre ellos Hugo Sigman, quien es propietario de 214.000 hectáreas de bosques implantados en Corrientes por medio de la firma Pomera Maderas, del Grupo INSUD.
Además, junto a José Cartellone del Grupo Benicio, otro empresario ligado al Kirchnerismo, crearon la compañía FRESA (Fuentes Renovables de Energía SA), dueña de una planta de biomasa forestal ubicada en la localidad de Virasoro.
En cuanto a beneficios para empresarios forestales debemos recordar que la ley 25.080, sancionada en 1998 y que promueve la plantación de pinos, fue prorrogada en 2008 y nuevamente en 2019 por el Congreso Nacional como ley 27.487.
Por la misma, además de estabilidad fiscal por 30 años, lo cual significa un régimen impositivo no variable y una enorme serie de exenciones impositivas y reintegros, los propietarios de plantaciones de hasta 600 hectáreas recibirán un reintegro de entre el 80 % y el 40 % de la inversión inicial en la siembra, y hasta un 70 % del costo de las tareas de poda y raleo de las plantaciones, de manera no retributiva a costa del Estado.
Otro impulso al extractivismo forestal lo representó la aprobación de la Ley 27.270 de 2016, por medio de la cual la argentina adhirió al proceso de “greenwashing” (lavado verde), por el cual recibiría financiamiento para el desarrollo de proyectos REDD+ en el país.
Este Programa de la ONU de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la degradación de bosques (REDD+) ha implementado los MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) por los que empresas altamente contaminantes como Total o Nestlé financian a través de agentes como el fondo de inversión Black Rock, plantaciones que en teoría absorben el dióxido de carbono de la atmosfera.
Es decir que, no solo continúan contaminando en función de “compensaciones” a través de “soluciones basadas en la naturaleza”, sino que también esto se ha transformado en un enorme negocio financiero.
Todo este marco legal, sumado a las normativas que avalan el trabajo en pésimas condiciones de los peones rurales, es lo que le permite a Gustavo Valdés decir que “los inversionistas tienen seguridad jurídica”; pero como vemos no son más que garantías de obtener grandes ganancias en base a la sobreexplotación de los trabajadores rurales y de los recursos naturales de la provincia.
Los incendios y la industria forestal
En Corrientes los focos más grandes se vieron en zonas donde hay grandes plantaciones de pinos y eucaliptus. Esas especies están adaptadas a la aparición frecuente de incendios y esto les permite sobrevivir en estos ambientes donde los incendios ocurren de manera periódica.
En una entrevista de la BBC, Adolfo Cordero, profesor de ecología forestal de la Universidad de Vigo en España, dice en referencia a incendios en Chile:
“Estas especies son llamadas plantas pirófitas, es decir, amantes del fuego, y en el caso de las plantaciones a gran escala, de tipo industrial o intensivo, se plantan muchos árboles susceptibles a verse beneficiados por un incendio en un espacio reducido, o sea, un espacio enorme pero colmado de una planta altamente combustible.”
Cuando esto se combina con usos del fuego habituales -como por ejemplo para controlar la vegetación o para la preparación de áreas de pastoreo, lo cual ocurre en la industria granadera de corrientes- y un clima que favorece (la expansión del fuego), la mezcla causa daños irreparables como los que asistimos en la región.
Por este motivo es que vemos cómo la frecuencia de incendios se incrementa en la provincia, y está comprobado que tanto los pinos como los eucaliptus arden con más facilidad. Sin embargo, según Cordero “son plantas que, si hay un incendio, no mueren, se quema la parte aérea, pero en unos meses vuelven a brotar. Lo mismo ocurre con las semillas: sobreviven. Y, en el caso del pino, las temperaturas elevadas hacen que la piña se abra y más semillas colonicen el lugar, con lo cual en las próximas generaciones dominaran el paisaje”.
Se produce así un desierto verde, ya que según expertos los pinos tienen sustancias alelopáticas, que impiden el crecimiento de cualquier otra planta.
El problema con el agua
Otro de los problemas que acarrean estas plantaciones es que producen sequedad en el suelo y en las napas de agua subterránea.
Al igual que los demás árboles, utilizan una gran cantidad de agua para producir madera. Pero la diferencia está en que los pinos y eucaliptos crecen muy rápido, por lo que si los comparamos con una especie nativa, en un mismo intervalo de tiempo la cantidad de agua que utilizan es mucho mayor.
Según el biólogo Lino Pizzolon existen estudios comparativos de cuencas con y sin pinos, de hasta 200.000 hectáreas, donde se ha demostrado que disminuyen entre un 40 % y un 60 % el caudal de los ríos y es peor en años secos, cuando se las arreglan para llegar hasta las napas del subsuelo.
Como se ha visto en Corrientes, a mayor sequedad del suelo, mayor facilidad para que se extienda un incendio.
Más que nunca es necesario que se apruebe la Ley de Humedales, la cual ha perdido estado parlamentario por tercera vez, producto de la negativa a tratarla por parte de los espacios políticos de Cabandié (Frente de Todos) y de Valdés (UCR Cambiemos).
Tampoco hay grieta a la hora de reducir partidas para paliar y prevenir las quemas.
En Corrientes no se ha formado un solo brigadista y los Bomberos voluntarios en Corrientes y los pobladores auto organizados se mantienen mayormente gracias a donaciones. Por su parte, el ministerio de Ambiente ha subejecutado el presupuesto destinado a mitigar los incendios.
A pesar de sus matices, tanto el Gobierno Provincial como el Nacional impulsan modelos productivos extractivistas a la medida que acuerdan en el pago al FMI y otros acreedores externos. Es decir que, para cumplir con organismos como el Fondo Monetario Internacional buscan obtener dólares -el talón de Aquiles de nuestra economía dependiente, atrasada y con rasgos semicoloniales- a cambio de pinos, aunque esto implique un gran costo ambiental.
La salida posible
La disyuntiva entre desarrollistas y ambientalistas es inconciliable, ya que los primeros promueven una política extractivista en todo el pais, a los fines de recaudar dólares para pagar al FMI, mientras los segundos plantean reformular la economia, en función de las necesidades de las mayorías populares, y en protección del ambiente. Son dos políticas que se chocan en cuanto a sus intereses y para conciliarlas, una de las dos debe ceder a los planes de la otra, lo cual apunta a que los ambientalistas renuncien a su histórico reclamo para que los gobiernos y empresas que están detrás del «desarrollismo» puedan avanzar en sus planes depredadores.
En Corrientes es más necesario que nunca mantener en alto las banderas en contra del extractivismo, exigiendo una ley de Humedales y mayores partidas para prevenir y apagar los incendios.
En ese sentido, se pueden tomar los ejemplos del pueblo trabajador de Chubut y de Mendoza, que le pararon la mano a la megaminería gracias a las asambleas y coordinadoras que organizaron masivas movilizaciones. O de Mar del Plata, donde la movilización le arrancó un fallo a la justicia que detuvo la explotación de petróleo off shore.
Las dos Asambleas provinciales por las quemas en Corrientes y la manifestación del 23 de enero en la entrada de la Fiesta Nacional del Chamamé, constituyen un gran paso en la organización.
Pero no puede quedarse allí, es necesario ampliar la convocatoria a las y los trabajadores y sus sindicatos, a centros de estudiantes, organismos de Derechos Humanos y movimientos agroecológicos, de desocupados y los partidos políticos y confluir con La Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, y organizaciones de otras provincias, para lograr una fuerza que con la movilización popular pueda erradicar el modelo extractivista que impulsan quienes proponen pagar una deuda externa ilegal y fraudulenta.
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