Argentina, el país donde hay presos por defender el agua

Los gobiernos de Mendoza y Chubut, en complicidad con el Poder Judicial, criminalizan a quienes rechazan la megaminería. Procesamientos, represiones, juicios y cárcel son intentos de frenar la movilización de quienes priorizan el derecho al agua y a un ambiente sano. “Nos encarcelan por ser parte de una lucha colectiva que incomoda a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas», denunció la Asamblea de Esquel.

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“Repetían la reiterancia, repetían el peligro de fuga; cosas que de ninguna manera pudieron probar ni acreditar. Desde la defensa sí pudimos acreditar que los hermanos Gollano fueron golpeados por la Policía durante su detención. Sin más argumentos, la jueza ordenó la inmediata libertad. ¡Luchar y defender el agua de Mendoza no es delito!” Las palabras del abogado Maximiliano Villareal se escucharon a micrófono abierto ayer frente a la Casa de Gobierno mendocina y despertó vítores, aplausos y gritos entre los miles que se movilizaron para expresarse contra la avanzada minera y reclamar la libertad de Renzo y Facundo Gollano, los últimos dos detenidos de los 13 apresados en la represión del 11 de diciembre pasado, en una de las decenas de acciones callejeras tras la aprobación de la minería en la provincia. A 1700 kilómetros de distancia, en Chubut, el reclamo por las detenciones de Naum Varga y Damián Díaz es parte de la misma lucha: la defensa del agua. También de la misma criminalización por parte del Estado. 

Desde que la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de cobre San Jorge en Uspallata y autorizó el avance de otros 27 proyectos mineros en Malargüe, Mendoza permanece movilizada bajo un grito: “¡El agua no se negocia!”. En la noche del jueves 11 de diciembre se había convocado uno de tantos ruidazos en el Kilómetro cero —el último ocurrió ayer en otro aniversario del Mendozazo— y también una marcha a la puerta del Canal 9, señalado por repetir el discurso oficial a favor de la megaminería. En ese momento, la Policía de Mendoza desató una cacería: corrió, acorraló, golpeó y detuvo a 13 personas. Fueron trasladadas al Polo Judicial y con el transcurso de las horas fueron liberadas, entre ellos, los trabajadores de prensa Bautista Franco y Santiago Algoberro.

Nueve de los detenidos quedaron imputados bajo la figuras de “resistencia a la autoridad” y por interrumpir el tránsito, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal —incorporado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía—. Las imputaciones fueron presentadas por el fiscal Darío Tagua, quien en el caso de los hermanos Gollano exigió mantenerlos bajo arresto y trasladarlos al penal de San Felipe bajo la figura de la “reiterancia” y por “peligro de fuga”. ¿Cuáles eran los delitos anteriores para argumentar la “reiterancia”? Facundo tiene una causa abierta por dañar una bicicleta pública durante una manifestación y Renzo por no entregar su DNI ante el pedido de la Policía. Ninguna de esas dos causas anteriores están cerradas.   

Facundo había participado más activamente en las acciones de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMAP) y llegó a exponer su posición contraria a la instalación de la minera San Jorge en las audiencias públicas. Renzo sólo había participado de algunas movilizaciones. Ambos trabajan junto a su padre en un taller metalúrgico familiar y habían concurrido a la movilización del jueves 11 juntos como un grupo más de vecinos. “Estuvimos en una manifestación pidiendo por el agua pura y por la defensa de los glaciares”, recordaba Adrián, el padre de ambos, frente al penal. 

Cuando se cumplió el decimosegundo día de detención, el equipo de abogados integrado por Villareal, Marcelo Romano, Alfredo Guevara y Ulises Jiménez consiguió la audiencia con la jueza de Garantías Dolores Ramón. Solicitaron que se reconociera la falta de argumentos por parte de la Fiscalía y cuestionaron al Ministerio de Seguridad provincial, que demuestra la posición del gobernador Alfredo Cornejo respecto de la protesta social. «Ellos solo estaban movilizándose, ejerciendo el derecho a la protesta. Al ser agredidos por la Policía y escapar de la agresión no puede configurarse la resistencia a la autoridad. Mientras que la ‘reiterancia’ no corresponde porque no hay condenas y eso violaría el principio de inocencia”, explica Villareal, en diálogo con Tierra Viva sobre los motivos que terminaron en la liberación.  

La jueza Ramón coincidió con varios de los argumentos de la defensa y advirtió que la Fiscalía “no presentó ningún obstáculo ni argumento de peso para rechazarlos”, insiste Villareal. El abogado también subrayó la posición del Ministerio de Seguridad provincial, que aún no fue aceptado como querellante, y pidió, en contra del principio de inocencia, “mantenerlos detenidos porque aún restaba producir prueba sobre los supuestos policías agredidos”. “Muestra la animosidad del Ministerio de Seguridad de Mendoza y los tintes autoritarios de este Gobierno”, sentenció Villareal.