Bancando el ajuste de la derecha: cinco leyes clave que Massa le votó a Macri

El gobierno de Cambiemos (2015-2019) nació con una debilidad estructural: ser minoría en ambas Cámaras del Congreso. Tal escenario hubiera configurado un límite insalvable para llevar adelante un plan de gobierno. Pero sectores del peronismo salieron en su rescate para garantizar la gobernabilidad en nombre de la “responsabilidad”. El Frente Renovador, del hoy precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo a la cabeza de esa tarea durante bastante tiempo.

Durante sus cuatro años de Gobierno, Cambiemos aplicó un duro ajuste sobre las mayorías trabajadoras, al tiempo que benefició a los sectores de la economía más concentrados. Despidos, inflación y recesión fueron algunas de las características que empezó a asumir aquella administración a pocos días de su inicio. Las medidas tomadas en lo sucesivo intentaban llevar adelante el plan “gradualista” para, supuestamente, ordenar la economía y esperar la “lluvia de inversiones”. Pero ninguna de las dos cosas terminó sucediendo, sino más bien lo contrario. El resultado de ese gobierno fue el aumento de la pobreza, mayor índice de desocupación, un salto enorme en el endeudamiento y un escenario recesivo.

Tal resultado contó el apoyo activo de una porción sustancial del peronismo. Gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales fueron apoyos fundamentales para que el macrismo pudiera aplicar esas políticas de ajuste. En ese marco, la colaboración que brindó el Frente Renovador de Massa, acompañando en el Congreso las principales leyes, fue central. Acá te dejamos cinco de ellas, esenciales para que el Gobierno de Macri pudiera avanzar con su agenda completamente antipopular.

1 – Acuerdo con los Fondos Buitre

En marzo de 2016, a pocos meses de la asunción de Cambiemos, Macri obtuvo su primera victoria. Con el apoyo de los 35 diputados del Frente Renovador junto a otros sectores del peronismo (incluidos seis diputados del Frente para la Victoria), el Gobierno logró la sanción del acuerdo con los holdouts o Fondos Buitre. La votación fue de 165 votos a favor y 87 en contra. En el Senado esa votación sería ratificada.

El ajuste ya había comenzado con miles de despidos, tarifazos y devaluación. El apoyo para el acuerdo con los buitres fue un espaldarazo para continuar ese camino, que luego se profundizaría en una profunda crisis, con más despidos y pobreza.

El Frente de Izquierda fue el único bloque que, por unanimidad, votó en contra de la entrega a los buitres en el Congreso. Myriam Bregman, diputada del FIT, sostuvo en aquel momento que la deuda “es un mecanismo de saqueo del capital financiero imperialista, que al mismo tiempo sirve a las burguesías locales para fugar capitales, cargando todo en la cuenta del erario público, que después para pagar este fraude nos quiere imponer el ajuste.” La posterior fuga de capitales en el Gobierno de Cambiemos y, posteriormente, el pago de la deuda fraudulenta a través del ajuste a las mayorías, terminaron ocurriendo como denunció Bregman.

2 – Blanqueo de capitales

Con la ayuda del Frente Renovador de Sergio Massa y del Bloque Justicialista (Diego Bossio), Cambiemos consiguió en junio de 2016 la aprobación de ese proyecto. Algunos sectores del FPV también acompañaron el proyecto en Senadores. El Frente de Izquierda fue el único bloque en oponerse en su conjunto y denunciarlo. Como durante todo su mandato, siendo minoría en ambas Cámaras, sin esos apoyos al macrismo le hubiera sido imposible avanzar en sus planes de ajuste, saqueo, endeudamiento y beneficios a los sectores más concentrados.

El equipo conducido por Alfredo Prat Gay fue parte de los arquitectos de los beneficios ofrecidos a los fugadores de capitales y evasores fiscales. El proyecto de blanqueo, finalmente aprobado, fue presentado de una forma edulcorada, mezclándolo en una misma ley con una supuesta reparación histórica a los jubilados, que incluía la obligación a declinar sus reclamos judiciales. Pero fue un gran beneficio para los fugadores y evasores que blanquearon alrededor de U$S 60 mil millones. Además, la gran mayoría de eso recursos se mantuvieron fuera del país. Un negocio redondo. No obstante, la cantidad recaudada quedó muy lejos del total de activos fugados en el exterior, calculados en unos U$S 400 mil millones. Es decir, una gran parte siguió fuera del sistema económico oficial.

Pero ahí no terminaría la estafa. Tiempo después se conocería el ingreso al blanqueo de familiares y funcionarios del Gobierno, entre ellos el empresario Marcelo Mindlin (cercano a Massa) que blanqueó $ 770 millones, Gianfranco Macri -hermano del presidente- por unos $ 622 millones, y Nicolás Caputo, amigo personal de Macri, con $ 465 millones.

En la sesión donde se dio ese debate, Myriam Bregman denunció: “Vamos a rechazar este proyecto, que busca blanquear la estafa que significan esos dineros de los López, de los Jaime y los De Vido, que no podrían existir sin el concurso de los empresarios de la construcción y de todos los capitalistas que vivieron del Estado durante todos estos años, como los Rocca, los Lázaro Báez, los Eurnekian, los Calcaterra y tantos otros empresarios que hace décadas se enriquecen a costa de la obra pública del Estado. Es inadmisible que esta nueva estafa se haga en nombre de una supuesta ’reparación histórica’ a favor de los millones de jubilados”.

3 – Presupuesto 2017

Fue el primer Presupuesto de Mauricio Macri, es decir propuesto y votado durante su gobierno. Como ocurrió durante esa administración, una parte del peronismo jugó un rol imprescindible para el avance de los planes de ajuste de Cambiemos. Con el apoyo del Frente Renovador y el bloque Justicialista, la llamada “ley de leyes” fue aprobada por 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones.

El Presupuesto apoyado por Massa incluyó importantes recortes en áreas como salud, educación, derechos humanos y cultura, mientras se destinó una importante parte de los recursos para el pago de la usurera deuda externa. La norma incluyó exenciones impositivas por $ 315 mil millones entre las que se encontraban $ 2.000 millones para el sector minero, $ 9.600 millones a la educación privada, junto a $ 5.600 millones por la exención del impuesto a las Ganancias del Poder Judicial. En ese plan de ajuste y beneficios a los empresarios, el hoy candidato de Unión por la Patria no tenía diferencias sustanciales con el presidente de entonces.

4 – Presupuesto 2018

Transcurría el fin del 2017, el segundo año de Cambiemos en el poder. El Presupuesto que continuaba con el ajuste se votó el 22 de diciembre de ese año, tan sólo tres días después de la votación, con protestas y represión, de la Reforma Previsional que implicó un recorte a los ingresos de los jubilados y contó con el apoyo de parte del peronismo.

El presupuesto para el 2018 buscaba consolidar ese sendero de ajuste del gasto público y beneficios para los sectores más concentrados de la economía. Con los votos del massismo, Cambiemos logró aprobarlo con 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Según esa ley se preveía un crecimiento del 3,5 % del PBI, una inflación de entre el 10 y el 12 % anual, y una mayor inversión, que se ubicaría en el 17 % del PBI. Pero en los hechos, tal como fue denunciado por los diputados del Frente de Izquierda, ninguno de esos pronósticos se cumplió y la situación para las grandes mayorías empeoró. El PBI retrocedió un 2,6 % en 2018, según el INDEC. La inflación fue de 47,6 %, casi cuatro veces lo dicho en el proyecto que se votó con ayuda de los diputados de Massa y fue, en ese momento, la más alta desde 1991. Por otro lado, la inversión en 2018 fue de 2,2 % según datos del Banco Mundial, es decir, ocho veces menor a lo que decían predecir. La prometida “lluvia de inversiones” ya no llegaría, el Gobierno entraba en un fuerte declive y en el mes de junio firmó el acuerdo con el FMI, que volvería a endeudar al país por casi USD 57 mil millones.

5 – Ley de Responsabilidad Fiscal

Votada en la misma sesión que la del Presupuesto 2018, el massismo, con 15 diputados, dio su apoyo al igual que con la “ley de leyes”. En tanto que, una vez garantizados los votos en el recinto, se abstuvo en la votación del de Consenso Fiscal, otra de las normas tratadas durante esa jornada. Por medio de esta ley, la Nación y las provincias acordaron el congelamiento de gastos e impuestos. “El proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales», decían desde el Ministerio de Economía, poniéndole palabras bonitas a lo que constituía un ajuste al gasto público en las provincias, eliminando “impuestos distorsivos” al “sector productivo”, es decir beneficios impositivos para los empresarios.

A su vez, las provincias adoptaban la obligación de mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias. Además, el gobierno nacional y las provincias congelaban la plantilla de empleados públicos al 31 de diciembre de 2017. Un ajuste hecho y derecho, que el gobierno nacional ya venía aplicando con la colaboración del massismo y sectores del peronismo, y que extendía a las jurisdicciones provinciales.

Como se ve, los cuatros años de Cambiemos que ahora Massa critica tanto en campaña, contaron con su colaboración activa. Mejor no olvidarlo.