La jueza de 78 años concluye así un período de 17 años como miembro del máximo tribunal. Con su renuncia, la Corte se queda con cuatro miembros y sin mujeres luego del fallecimiento de Carmen Argibay en 2014.
Elena Inés Highton de Nolasco, de 78 años, es jueza y ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde 2004. Fue la primera mujer que integró ese tribunal, impulsada por Alberto Fernández como funcionario de Néstor Kirchner.
A los 75 años rehusó jubilarse y presentó un amparo para continuar en la Corte. Recordemos que los jueces gozan de los privilegios de monarcas, como sus sueldos, la eximición del impuesto a las ganancias y la irrenunciabilidad de sus cargos.
Si bien no hay detalles de la decisión, según relata la periodista Paz Rodríguez Neill en La Nación, «La semana pasada, una mayoría que ella no integró eligió como nuevo presidente a Horacio Rosatti. Highton había pedido que la reunión en la que se decidió ese nombramiento se pospusiera, con el argumento de que Ricardo Lorenzetti, que como ella resistía la designación de Rosatti, tenía un compromiso que le impedía participar. Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz se negaron y ella decidió entonces no conectarse al Zoom de la reunión».
Highton le presentó su renuncia a Alberto Fernández, «con efecto desde el 1° de noviembre».
La naturaleza de las disputas internas de la Corte Suprema, no son públicas. Se conocen por versiones de medioss cercanos al Poder Judicial, con rumores y operaciones de todo tipo. Pero más allá de cualquier diferencia, nada le impidió a Highton de Nolasco votar en el 2017, junto con sus pares Rosatti y Rosenkrantz, el fallo que le concedía el 2×1 al genocida Luis Muiña, miembro del Grupo SWAT, que operaba durante la dictadura en el centro clandestino de detención del Hospital Posadas.
Esa decisión, que tuvo que revertir la institución después una movilización verdaderamente gigantesca en Plaza de Mayo, le costó a la jueza un título de «Profesora Honoraria» que le había otorgado la Universidad Nacional de La Pampa.
Sin embargo, ninguno de los tres magistrados tuvo que dejar su cargo después de esa fallo en favor de los genocidas. No hay ningún mecanismo democrático para removerlos de sus funciones. La única forma en que entran y salen es por sus propias decisiones. Es la máxima jerarquía dentro del poder más antidemocrático en la sociedad. No los vota nadie, son irrevocables y concentran un poder enorme que utilizan para favorecer siempre a los grandes capitalistas.
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