PREÁMBULO PROTOCOLAR –
Estar, mirar, aprender, registrar y transmitir. La fiscalía N° 5 informe a las partes actuantes de un procedimiento necesario, específico: identificar a todas las personas, persuadiéndolos a su retiro del lugar, realizando todas las medidas que sean necesarias para impedir que los hechos que se encuentran bajo investigación conduzcan a conductas delictivas futuras.
La policía en gran número se diseminó por el predio ubicado en Ruta 23, O’Brien, José Ingenieros y Jorge Newbery. Caballos y perros apostados a distancia a modo de señal preventiva. Como censistas, recabaron nombres y apellidos que ingresaron en la causa penal.
Para «explicar si tamaño procedimiento era parte del desalojo» aparece el equipo fiscal encabezado por María Florencia Toscano que, con buena presencia y apertura al diálogo, sugiere en una asamblea concurrir a sede judicial para brindar a las mujeres que preguntaron, todas las explicaciones del caso. Cuando las voces circularon y la pregunta sin respuesta clara no está, la funcionaria judicial propuso que «la gente elige tres personas para que representen a la totalidad». Cinco minutos de audio puro de la charla entre los representantes del fiscal Buscaglia y los que luchan por la tierra:
La estructura municipal, IDUAR, Dirección de Derechos Humanos, Servicio Local de Niñez, Secretaría de Salud, Secretaría de Prevención y Seguridad, Subsecretaría de No Violencia y Desarrollo Humano, entre otros, trabajan en el «censo social» para disuadir a los ocupantes a dejar el enorme predio antes que la medida final se ejecute. Ofrecen las pocas herramientas posibles, básicamente reconexión con sus familias e inscripción en el Registro Único de Aspirantes del IDUAR. El CIC La Bibiana permanece cerrado hasta próximo aviso.
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