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Izquierda Diario.- Estos días la agenda política fue copada por el pedido de dos fiscales contra Cristina Kirchner. Puso en el centro una discusión importante: ¿se puede enfrentar la corrupción con la persecución política de la casta judicial? Pero también otra empezó a escucharse por abajo: ¿ese debate puede ocultar el ajuste que han sostenido y sostienen el peronismo y la oposición de derecha?

“Que hubo corrupción en la obra pública lo reconocen las y los propios acusados, pero la justicia no apunta a eso. Es importante denunciar claramente cuando hay persecución política. Porque toda restricción democrática termina indefectiblemente contra el pueblo y sus organizaciones”. La frase la dijo Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-FITU. Marca la importancia de seguir el debate abierto con la acusación contra Cristina Fernández y su gobierno. Pero también apunta a otra preocupación que se siente en la calle: “tampoco se nos puede escapar que hay una utilización del gobierno de esta causa para unificar al peronismo mientras están llevando adelante un ajuste”.

Es la misma preocupación que nos hacen llegar muchos seguidores de La Izquierda Diario, en comentarios y mensajes. En 2016 comenzó la “Causa Vialidad”. En 2019 declaró por primera vez la vicepresidenta. Esta semana escuchamos la acusación de los fiscales. En septiembre escucharemos el defensa y luego la sentencia, que será apelada. Y continuará. Mientras tanto, donde no hubo condenas ni grietas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fue en la “causa común” que sostuvieron contra las condiciones de vida del pueblo trabajador. Veamos otras 10 cosas muy importantes que algunos prefieren ocultar.

1. Los empresarios se la llevaron en pala

Es imposible saber todo lo que han ganado, no solo Lázaro Baéz y Marcelo Mindlin, sino también Ángelo Calcaterra, Nicolás Caputo y los amigos de Macri. O José Luis Manzano, Jorge Brito y los amigos de Massa. La patria contratista de Rocca, Roggio y Wagner. No hubo grietas. Según un centro de estudios cercano al Gobierno (CIFRA-CTA), “la participación de las remuneraciones en el valor agregado, que era de 51,8% en 2016, pasó al 46,1% en 2019 y descendió al 43,1% en 2021. Así, en los últimos años puede computarse una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital de $ 7,7 billones, habiéndose registrado la mayor la pérdida durante el gobierno actual”. La patria contratista, la patria banquera, la patria sojera. La patria siempre es el otro.

2. Trabajadores y trabajadoras (más) pobres

Desde que comenzaron las causas por corrupción impulsadas por el macrismo hasta hoy, los salarios no pararon de caer. Entre 2016 y junio de este año, quienes trabajan «en blanco» en el sector privado perdieron un 20 % de poder adquisitivo; en el caso del empleo público la pérdida es del 28 %. En julio de 2022 el Salario Mínimo (SMVM) real perdió 31 %. Les informales sí que fueron condenados: 32% de salario real perdieron. Pero hay algo más: las trabajadoras registradas hoy cobran un 22% menos que su compañeros varones; si son informales, un 34% menos.

3. Contando millones delante de los pobres

En el juicio se ventilan datos obscenos sobre los sobreprecios en obras públicas o las fortunas de empresarios y políticos. Los mismos que veríamos si investigan al macrismo. Para tener una idea, entre que conocimos el pedido de los fiscales (23/8) y el día que comiencen los alegatos de la defensa (5/9), 40 mil personas pasarán a ser pobres. Gran parte niños y niñas. Porque en la Argentina, cada día, 2.800 personas engordan las filas de la pobreza. 83 mil al mes. Desde que comenzó la causa hasta hoy la pobreza aumentó del 30,3% al 40%. Uno de los contrastes más brutales es entre esa patria contratista enriquecida «de la teta del Estado», los Báez y los Calcaterra, y las millones de familias que necesitan viviendas y servicios. El desalojo de Guernica fue el símbolo de los entramados entre el poder judicial, económico y político. ¿Quién pidió justicia para esas familias?

4. Sueldos supremos

Otros que la siguen “llevando en pala” son los integrantes de la casta judicial. Los jueces de la Corte Suprema terminaron 2021 con sueldos de 700 mil pesos más adicionales. Libres de impuestos. Un juez de Cámara 600 mil. Hoy, mientras los vemos “impartir justicia”, ya superaron el millón. Es lo mismo que cobran en el Supremo Tribunal de Mendoza (desde 700 mil a 1,2 millones de pesos) o el Consejo de la Magistratura (desde 800 mil a 1,2 millones de pesos).

5. Los jubilados no viajan por “la ruta del dinero”

Los últimos dos gobiernos, cuando tuvieron que elegir “entre los jubilados y los bancos”, no lo dudaron. Según CIFRA-CTA el poder adquisitivo de la jubilación mínima es 20% inferior al que tenía hace 6 años. En el medio dictaron leyes previsionales que afectaron todavía más los ingresos de quienes trabajaron toda la vida y hoy cobran 42 mil pesos. Una miseria. ¿Los bancos? Ganaron 74 mil millones de pesos en 2016, 133 mil millones de pesos en 2021. Sin grietas.

6. Todos Juntos con el FMI

El FMI “volvió” a la Argentina mientras avanzaba la causa, en junio de 2018. 47 mil millones de dólares, que en parte se usaron para que los empresarios fugaran capitales. ¿Y quién investiga eso? ¿Los jueces derechistas? ¿Alguno «progre»? Nadie. En marzo de este año el Frente de Todos reafirmó ese pacto con el apoyo de Juntos por el Cambio. Sin “derecho a defensa”, el pueblo trabajador tendrá que hacerse cargo de esa pesada cuenta. Para pagar esa deuda siguen la entrega del país y el ajuste fiscal.

7. El negociado más fraudulento de todos

Los partidos que hoy se pelean tienen un acuerdo importante. Cumplir con el pacto más ilegal, ilegítimo y fraudulento de todos: la “deuda externa”. La estafa más grande de todas. El gobierno de Macri pagó, en promedio, U$S 19.000 millones anuales al FMI y organismos internacionales. A los «fondos buitres» también. Desde que asumieron, Fernández (y Fernández) pagaron más de U$S 6500 millones. Tienen compromisos por U$S 21.210 millones en 2022, U$S 21.344 millones en 2023 y así sucesivamente. Ya dijeron que los van a honrar, sin alegato. Solo piden un poco más de tiempo. Una condena insoportable para el pueblo.

8. Impunidad y persecución

Hace pocos días recordamos los 5 años de la desaparición y aparición sin vida de Santiago Maldonado, en un operativo de Gendarmería Nacional de Patricia Bullrich. En pocas semanas se cumplirán 5 años de otro crimen de Estado, el de Rafael Nahuel. Con los dos gobiernos, distintos jueces, sus familias siguen reclamando justicia. Como la familia de Facundo Castro, que denuncia la desaparición seguida de muerte en manos de la Policía Bonaerense comandada por Sergio Berni. La Correpi denunció 436 casos de gatillo fácil en la Provincia de Buenos Aires desde que comenzó la «causa vialidad». En los últimos meses aumentaron las persecuciones contra las organizaciones sociales que se movilizan contra el hambre, con acusaciones penales graves. La justicia de clase golpea con todas sus armas. Ahí no hay fueros ni apelaciones.

9. Tarifazos y extractivismo

Como reconoció Cristina Kirchner, todos los gobiernos hicieron negociados con todos los sectores capitalistas. Los ganadores del momento en que comenzó el juicio hoy siguen en el foco: por ejemplo las privatizadas y las empresas que saquean nuestros recursos. Si Macri habilitó tarifazos de 2.000 %, este Gobierno los dejó vigentes y Massa autorizó un nuevo tarifazo. El Frente de Todos hoy apuesta a los mismos negocios que impulsó el macrismo, para recaudar dólares para pagar la deuda. El fracking en Vaca Muerta, el litio en Catamarca, Jujuy y Salta, el agronegocio que barre humedales, las megamineras. Impunidad para saquear.

10. Mas (sa) ajuste

El superministro Sergio Massa anunció, en su primera conferencia, el congelamiento de la planta estatal, tarifazos y otras medidas pedidas por el FMI. Este lunes, mientras debatíamos la causa Vialidad, supimos por el Boletín Oficial que van a recortar $ 128.000 millones en educación, vivienda, salud, obras públicas, entre otras partidas. Además quitaron $ 15.000 millones del programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” y $30.000 millones al programa Conectar Igualdad.


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