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El exconcejal de la UCR cuestionó el silencio de los gobiernos municipal y provincial frente a la apertura de las compuertas y la baja del nivel del embalse como prevención ante la llegada de El Niño. Pide conocer el avance de las obras anunciadas en 2024, el estado de la infraestructura y la aprobación del informe ambiental. “Gobernar es explicar”, sostuvo.


La descarga preventiva del Dique Roggero, dispuesta por la Dirección de Hidráulica bonaerense ante la posible llegada del fenómeno El Niño, abrió una serie de interrogantes que todavía no tienen respuestas públicas. ¿En qué estado se encuentra la presa? ¿Qué trabajos se realizaron desde el anuncio de su refuncionalización? ¿Qué falta ejecutar y qué impacto tendrá la disminución del nivel del agua sobre el ambiente y la actividad turística de la zona?


Juan Fernández, exconcejal de Juntos por el Cambio, definió el asunto como una “cuestión de Estado” para Moreno y reclamó explicaciones de las autoridades municipales y provinciales. En diálogo con Desalambrar, aclaró que no habla desde una especialidad técnica ni pretende formular una denuncia, sino exigir información sobre una infraestructura estratégica para toda la cuenca del río Reconquista.


“Yo no estoy denunciando nada. Simplemente lo que estoy diciendo es que el pueblo quiere saber. Es importante que tanto los organismos provinciales como municipales informen sobre lo que se está haciendo en la represa”, planteó.


Fernández también reivindicó las advertencias que, según recordó, realizaba el ingeniero Ricardo Vago desde 2015 sobre la necesidad de resolver problemas estructurales de la presa.


La obra anunciada y las preguntas que siguen abiertas


El exconcejal puso el foco en el anuncio realizado en 2024 sobre la refuncionalización de la represa. Según explicó, esa intervención contemplaba un informe técnico elaborado por una empresa privada y monitoreado por un organismo público. Allí se habrían identificado cuestiones que requieren reparación, aunque sin configurar —de acuerdo con lo que describió— un riesgo inminente.


Sin embargo, la posibilidad de avanzar con el vaciado del embalse abre otro capítulo. Fernández señaló que el propio Ministerio de Ambiente provincial habría requerido un informe de impacto y la aprobación correspondiente para esa alternativa.


La baja de la cota dispuesta por Hidráulica tiene una justificación preventiva: reducir la presión sobre la estructura ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas. Pero el interrogante que plantea Fernández va más allá de esta primera medida: ¿cuál es la segunda etapa y qué se hizo desde que se anunció la obra?


“Lo que nadie dice es cuáles son los avances que hubo desde 2025, cuando dicen haber empezado las obras en octubre de ese año, hasta acá”, señaló. Mencionó trabajos realizados en el Camino de Sirga, aunque atribuyó esas intervenciones al Municipio, y advirtió que no existe información pública suficiente sobre el estado de las compuertas del Buen Ayre ni sobre el avance integral de las tareas.


En ese punto incorporó una cuestión financiera: el seguimiento de las obras y la certificación de sus avances son relevantes para que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), organismo que aporta financiamiento, pueda continuar desembolsando los fondos. Fernández aclaró que no está denunciando irregularidades ni sospechando de un delito. “El BID es extremadamente riguroso con la plata que presta”, afirmó. Lo que reclama es conocer qué trabajos se ejecutaron, cuáles faltan y en qué instancia se encuentra el proyecto.


El impacto ambiental y el futuro de la zona


La reducción del nivel del embalse también plantea consecuencias sobre el ecosistema. Fernández recordó que el plan original contemplaba medidas para reducir el impacto sobre la fauna, especialmente sobre los peces, debido a que la baja del agua puede disminuir el oxígeno y aumentar la concentración de sedimentos.


Como antecedente, mencionó lo ocurrido durante una intervención en la década de 1990, cuando se registró mortandad de peces. Según explicó, entre las alternativas consideradas entonces figuraba la construcción de lagunas auxiliares artificiales para atenuar las consecuencias ambientales.


El exconcejal sostuvo que la prioridad debe ser preservar la vida humana y prevenir inundaciones, pero reclamó que las medidas se ejecuten procurando el menor impacto posible sobre el ambiente y el desarrollo de la zona. También puso en discusión qué ocurrirá con el espejo de agua y el entorno del Dique Roggero, un sector que, reconoció, experimentó una mejora importante en los últimos años a partir de las intervenciones municipales.


La preocupación no se limita a Moreno. La represa forma parte de un sistema hídrico que involucra a toda la cuenca del Reconquista. Por eso, Fernández insistió en que las explicaciones deben surgir de una coordinación entre los organismos provinciales y municipales.


“Gobernar es explicar”


Sobre el final de la entrevista, Fernández volvió a cuestionar la ausencia de información oficial y resumió su planteo con una definición: “Gobernar es explicar”. Para el exconcejal, no alcanza con comunicar que se bajará el nivel del embalse como respuesta preventiva ante El Niño. También hay que informar qué diagnóstico técnico sostiene la decisión, qué trabajos se realizaron, qué resta hacer y cuáles serán las consecuencias de la intervención.


La interpelación alcanzó al Concejo Deliberante de Moreno. Fernández consideró que el cuerpo debería abandonar una agenda centrada en homenajes y asumir un rol de control institucional. Como mínimo, propuso que solicite a los organismos competentes información sobre el estado de la obra y que impulse la resolución del informe ambiental pendiente.


“Estamos hablando de la misma provincia, hasta del mismo color político, si eso ayuda. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse a laburar en las cosas importantes”, concluyó.


La descarga preventiva ya está en marcha. Lo que todavía no aparece con claridad es el estado completo de la obra que debería garantizar la seguridad de la presa y el funcionamiento de un sistema hídrico que excede los límites de Moreno. Para Fernández, esa información no puede quedar reservada a los informes técnicos ni a los despachos oficiales: es un asunto público y, por lo tanto, debe ser explicado.