Fue a la Cámara de Diputados de la Nación como Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, entidad morenense que asesora, acompaña, asesora y denuncia lo sustancial que siempre está en la letra chica.
Ricardo Vago pidió expresamente a los /as legisladores «que entiendan, comprendan y vean la ecuación económica financiera que yace en la propuesta de privatización de AySA», que no es Capital Federal sino una concesión de 3.300 kilómetros (CABA tiene 203 km), «de 15 millones de personas, probablemente la empresa más grande del mundo en la provisión de agua potable«, expuso Vago en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, informando que es «cerca del 25 por ciento de la red posee cañería de hace más de sesenta años». Es crucial advertir que el modelo privatizador 2025 descarta el «mantenimiento de lo existente»
La privatización del agua, proyecto del gobierno nacional, preserva un punto crucial: ante cualquier diferendo se litiga en tribunales internacionales (CIADI) como ocurre desde los años ’90 y que los gobiernos, sin importar el color político, cumplieron con esa política de Estado.
Un 44 por ciento de la población morenense accede al agua potable y solo un 22 % cuenta con servicio de cloacas. La privatización mileísta se piensa no desde el servicio sino desde las utilidades, las ecuaciones económicas financieras, como sucedió en la primer presidencia de Carlos Saúl Menem.
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