La medida había sido ya anunciada por Silvina Batakis durante su primer conferencia de prensa, junto a otras medidas de ajuste, con el objetivo –no logrado- de calmar a “los mercados”. La prohibición de nuevas contrataciones de empleados en el Estado implicará entre otras cosas menos personal en hospitales y escuelas, junto a mantener en la precariedad a miles de trabajadores bajo contratos basura o de monotributo.
En medio de la crisis económica y política, el Gobierno oficializó este viernes la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado. El decreto presidencial pone fin a todas las contrataciones en el Estado hasta el 31 de diciembre de 2023. La medida aplicará a la administración central, a los entes públicos e “instruye” a las empresas de mayoría estatal y fondos fiduciarios a seguir el mismo camino.
Según la publicación, el congelamiento abarca a las designaciones a planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, a tiempo parcial y de trabajo eventual. Tampoco podrán hacerse nuevas contrataciones por prestación de servicios, modalidad extendida que encubre relaciones de dependencia y a tiempo completo, donde se vulneran desde el Estado los derechos laborales de los trabajadores. Con el congelamiento dispuesto, además, quienes se encuentren actualmente bajo esta modalidad no tendrán chances de pasar a planta permanente y seguirán estando en absoluta precariedad.
La medida a la vez establece que cuando se abran vacantes a partir de una renuncia, jubilación, retiro voluntario o cancelación del contrato, a priori no podrían suplirse esos puestos, sino que las áreas deberán “validar la criticidad o necesidad estratégica para el funcionamiento del área” de esa baja y pedir una autorización. Sin la cobertura automática de las vacantes, el mismo volumen de trabajo en las diversas áreas quedaría a cargo de menos manos, lo que implicaría mayores ritmos de trabajo y explotación.
La medida generó preocupación entre miles de trabajadoras y trabajadores que dependen del Estado. Los gremios, cercanos al Gobierno, tuvieron que hacer declaraciones pero no mueven un pelo hasta ahora. Desde la Agrupación Marrón Clasista, señalaron que los gremios deben abandonar su tregua, reclamando «que se convoquen a plenarios y asambleas donde puedan participar todos los compañeros y compañeras, afiliados y no afiliados y de todo tipo de contratación, para organizar un gran paro de los estatales en todo el país. Por el pase a planta de todos los compañerxs, por salarios que alcancen a la canasta familiar y se actualicen por inflación».
La medida de ajuste fiscal tomada por la ministra Batakis, es parte de un paquete de medidas ortodoxas que anunció durante su conferencia de prensa, once días atrás, a las que sumó otras nuevas durante los últimos días. Aquél lunes 11 de julio, además del congelamiento hoy oficializado, Batakis habló de una “cuenta única del Estado”, mediante la cual, el Ministerio de Economía centralizaría todos los recursos existentes en caja en los distintos organismos públicos. Anunció también la creación de un Comité Asesor de Deuda para atender las necesidades de los especuladores.
Pocos días después, el Banco Central ofreció a los bancos la posibilidad de vender los bonos con vencimiento a fin de mes a la propia autoridad monetaria. Es decir, les aseguró que comprarían dichos bonos a un mejor precio que el de mercado. Tasas de interés positivas respecto de la inflación, fue otra de las medidas anunciadas.
Este jueves, en medio de la suba de los dólares paralelos, y la continuación de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de las mayorías trabajadoras, el Gobierno anunció la creación de un dólar para los turistas extranjeros. Una medida mínima frente a la crisis en curso, que no afecta los intereses de bancos, empresarios y grandes especuladores.
Acorralado por la falta de divisas extranjeras, el Gobierno del Frente de Todos se encuentra en el pico de su crisis. Ante la grave situación social y empobrecimiento de grandes sectores de la población, quienes prometieron “llenar la heladera” y «recuperar lo perdido» sólo toman medidas para complacer al FMI, los especuladores, «el campo» y grandes empresarios, pero ninguna medida para atender la grave situación social por la que están atravesando millones de personas.
Sin ir más lejos, este jueves el Gobeirno oficializó otro ataque al bolsillo, mediante el aumento del 40 % en el transporte público en el AMBA. Poco después Horacio Rodriguez Larreta confirmó también que habrá una suba en el costo del pasaje del Subte. Aumentos anunciados el mismo día que se conoció el costo de la canasta alimentaria según el Indec, y mostró una suba del 41,1% en lo que va del año, mayor al aumento de la inflación en ese período. Cada vez más difícil llegar a fin de mes.
La situación actual de escasez de la moneda estadounidense es resultado de la política económica que mantuvo el Gobierno orientada desde un principio a dar señales al FMI y pagar los vencimientos con el organismo de crédito y otros acreedores internacionales. Sin tomar ninguna medida de fondo y cediendo a las demandas de los bancos y grandes empresarios, la sangría de dólares no se tomó descanso, en un país en el que la llamada restricción externa es un problema central.
Medidas de fondo como el monopolio estatal del comercio exterior, y una banca estatal única bajo gestión de trabajadores y trabajadoras, son la única forma de tener bajo control las exportaciones e importaciones y el ahorro nacional, para ponerlo en función de las necesidades de desarrollo del país y las mayorías trabajadoras, desconociendo de forma soberana la deuda ilegal con el FMI, contraída por el macrismo y convalidada por el Frente de Todos.
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