El Gobierno nacional confirmó la venta de la mayor parte de AySA, la empresa que brinda agua potable y cloacas en el AMBA. La operación se cerró por US$340,2 millones y el cambio de manos está previsto para el 13 de noviembre. Pero la decisión abrió un nuevo frente de conflicto: la Provincia de Buenos Aires quiere impugnar la privatización y cuestiona los aumentos de tarifas y la falta de obras.
Quién se queda con AySA
La adjudicación se oficializó mediante una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. El comprador es un consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor, que presentó la oferta más alta durante la licitación.
El grupo adquirirá el 90% de las acciones de la empresa, lo que le permitirá tomar el control de la compañía. La firma del contrato está prevista para el 13 de noviembre de 2026.
Con esta decisión, el Gobierno avanza hacia el cierre de la privatización, aunque todavía enfrenta cuestionamientos judiciales y políticos.
La Provincia quiere impugnar la operación
Desde el Gobierno bonaerense adelantaron que buscarán frenar el traspaso. Las críticas apuntan a las condiciones del nuevo contrato de concesión y a la falta de información pública sobre la tasación oficial que se utilizó para evaluar la venta.
También hay cuestionamientos por los cambios en las exigencias ambientales, sanitarias y de protección de los usuarios.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo que la privatización no garantiza que se realicen las obras necesarias para ampliar las redes de agua y cloacas.
El problema, según los datos que presentó el funcionario, sigue siendo importante: 3,7 millones de personas del AMBA no tienen acceso al agua de red y otras 5,5 millones no cuentan con cloacas.
Aumentaron las tarifas, pero cayeron las obras
Uno de los principales cuestionamientos de Katopodis tiene que ver con lo que pasó con las tarifas y las inversiones de AySA durante los últimos años.
Según las cifras difundidas por el ministro, las tarifas aumentaron un 555% en términos nominales y la recaudación creció un 135% en términos reales. Sin embargo, la inversión en obras cayó un 75% en términos reales.
Para la Provincia, el aumento de los ingresos de la empresa no se tradujo en una mejora de la infraestructura ni en una ampliación de los servicios para los barrios que todavía no tienen agua potable o cloacas.
Katopodis también cuestionó que la llegada de operadores privados y los aumentos tarifarios no estén acompañados por garantías concretas de nuevas obras.
El conflicto por AySA suma otro capítulo
La disputa continuará el 26 de octubre, cuando Katopodis anunció que participará de una audiencia pública para rechazar los aumentos de tarifas y reclamar un plan de obras.
El Gobierno nacional, mientras tanto, mantiene su objetivo de completar la privatización y transferir el control de la empresa al consorcio ganador.
La fecha clave será el 13 de noviembre, cuando está prevista la firma del contrato. Sin embargo, los cuestionamientos judiciales y la ofensiva de la Provincia podrían complicar el proceso.
El interrogante de fondo es qué pasará con las tarifas, las inversiones y la extensión de las redes de agua y cloacas una vez que AySA quede bajo control privado.
FUENTE: DIARIO CUATRO VIENTOS
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