El magistrado declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley 27.795 a la determinación de fuentes de financiamiento y la incorporación de partidas al Presupuesto. El Gobierno puede apelar la decisión, que fue dictada en primera instancia.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con la demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La resolución no invalida todo el Decreto 759/2025. El juez declaró inconstitucional específicamente la referencia que condicionaba la ejecución de la Ley 27.795 a lo establecido por el artículo 5° de la Ley 24.629, mecanismo utilizado por el Gobierno para supeditar su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas al Presupuesto nacional.
La orden al Poder Ejecutivo
Cormick ordenó el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario” y dispuso que el Gobierno dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en marcha.
La decisión alcanza las disposiciones de la ley vinculadas con el financiamiento de las universidades, los salarios docentes y no docentes, las becas y otros componentes previstos por la normativa.
El magistrado cuestionó que el Ejecutivo utilizara el decreto para condicionar una ley que había sido vetada por el Presidente y posteriormente ratificada por el Congreso con las mayorías de dos tercios requeridas constitucionalmente.
En ese sentido, consideró que el mecanismo utilizado por el Gobierno funcionó, en los hechos, como una nueva instancia de veto que no está contemplada por la Constitución.
Una disputa que sigue
El fallo constituye una decisión de primera instancia. El Gobierno ya anunció que apelará, por lo que la disputa judicial por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario continuará en las instancias superiores.
Por ahora, la orden judicial es concreta: Milei debe avanzar con la aplicación de una ley que el Congreso ratificó y que el Poder Ejecutivo había condicionado mediante el Decreto 759/2025.
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