Media día o 12 horas de sesión con saldos que ratifican el potencial de la mayoría, una oposición heterogénea. La derrota que impacta en el modelo autocrático de Milei ya no tiene reserva. Los gastos de la SIDE, unos 100 mil millones de pesos, encontraron un rechazo legislativo, de significado político, porque lo secreto es un universo insondable.
Boleta Única de Papel (BUT) salió aprobada por el Senado (lo rechazó el bloque de UxP) y va de regreso a Diputados con fecha determinada, antes de diciembre o tocando los procesos licitatorios en marzo para ser ley y activarse en las elecciones de medio término de 2025. La BUP es un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel y se vota marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría. Las licitaciones para las boletas empiezan a fines del 2024 y por lo tanto para poder iniciar ese cambio es preciso que sea aprobado con celeridad en Diputados.
LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
En la madrugada de hoy los votos positivos demostraron que el proyecto atraviesa a todas las fuerzas. La iniciativa en «general» obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y 1 abstención. La pelota en manos ejecutivas, ¿patea el veto o repite el modo jubilados /as?
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento considera actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma implicaría un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
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