La medida conquistada busca dar respuesta a la exclusión laboral que atraviesan las personas trans producto de la discriminación. El activismo LGBTIQ+ hace años la reclama en las calles. Por Pablo Herón.-
Con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones la Cámara de Senadores aprobó a ley de «Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’”. La ley establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos descentralizados, las empresas del Estado, las sociedades del Estado, entre otros, tienen la obligación de ocupar en puestos de trabajo a personas trans en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.
La pandemia y la crisis económica aumentaron la desigualdad que atraviesan las personas trans debido a la falta de acceso a un trabajo formal, a la salud, la educación y una vivienda. El caso de Tehuel, el joven trans precarizado que desapareció yendo a trabajar, también muestra esa realidad estructural.
Las estadísticas dicen que «en Argentina, el 73% de esa población no tiene acceso a la educación básica, el 98 por ciento no tiene un trabajo formal y registrado y el 80% se encuentra en situación de prostitución como única alternativa para sobrevivir». Este es el motivo por el que hace años el activismo LGBTIQ+ exige el cupo laboral trans en movilizaciones como una medida elemental y urgente. Los datos que se conocen surgen a partir de relevos de organizaciones sociales dado que el Estado no lleva registros.
Podrán acceder a este derecho “las personas trans mayores de 18 años”, sin importar si accedieron al cambio registral en el DNI. La ley también establece que la autoridad de aplicación debe “arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgenero con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo”.
Al mismo tiempo dispone que a la hora de acceder a un puesto “no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales”, ni tampoco “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”. Un punto relevante debido al hostigamiento y acoso sistemáticos por parte de las fuerzas represivas que arman causas judiciales.
El reclamo se volvió más urgente a partir de la cuarentena, donde a la desigualdad estructural se le sumaron intentos de desalojos, aumento de persecución policial y quedarse sin ingresos, algo que también le sigue pasando a miles de trabajadores precarizados e informales o que fueron despedidos.
Fue en esa situación que en septiembre del año pasado el Gobierno aprobó por decreto un cupo laboral trans. Hace años se sancionaron normas similares en distintos municipios y provincias a lo largo del país, Diana Sacayán fue pionera en impulsarla en la provincia de Buenos Aires. Un patrón que se repite es que tras las aprobaciones surgen trabas burocráticas y dilaciones de todo tipo a la hora de implementarlo. Por eso, activistas trans y LGBQ+ en todo el país denuncian que su aplicación es parcial o directamente a cuenta gotas.
El proyecto de ley se discutió durante el año pasado en el Congreso y pasó por la Cámara de Diputados hace dos semanas. Al respecto el dirigente del PTS Nicolás del Caño, que el año pasado presentó un proyecto desde la banca del Frente de Izquierda Unidad, afirmó que “es fundamental pelear por medidas elementales como respuesta a la realidad de las personas trans, poner a disposición los hoteles y viviendas ociosas para garantizar que todas las personas trans víctimas de violencia de género, así como quienes no cuentan con acceso al techo o viven bajo hacinamiento, bajo la presión y la amenaza constante de las fuerzas represivas, puedan salir de la situación de emergencia en que se encuentran”.
A lo que agregó que ese conjunto de respuestas urgentes “lo planteamos como parte de un plan de salida a la crisis sanitaria, social y económica, con medidas que apunten a resolver los problemas de fondo de las grandes mayorías, como una asignación durante la cuarentena de 50 mil pesos para cada persona que lo necesite, así como el aumento del presupuesto de salud, sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el desconocimiento de la deuda odiosa”.
La sanción del cupo laboral trans es una nueva conquista para las personas trans y LGBQ+ que hace años lo reclaman en las calles. En este contexto donde el Gobierno ajusta a la gran mayoría de la población, con la falta de trabajo y salarios que cada vez pierden más contra los precios, se vuelve de suma importancia seguir movilizándose y pelear por su efectiva implementación, por condiciones de vida que permitan llegar a fin de mes, tener acceso a una vivienda, educación y salud, porque sabemos que esa igualdad ante la ley, no garantiza la igualdad en la vida. Por estas razones el Frente de Izquierda Unidad llama a movilizar el próximo lunes, a 52 años de la revuelta de Stonewall, en la marcha contra los travesticidios.
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