El gobierno de Axel Kicillof reglamentó la ley aprobada por la Legislatura bonaerense el pasado 13 de julio que reforma el Régimen Previsional Especial de Malvinas que gozan los exsoldados que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas por las secuelas del trágico conflicto bélico de 1982, para que también sean contemplados los excombatientes que no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales.
El proyecto ya había obtenido aval legislativo en 2025 y recibido duros cuestionamientos desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que aseguraron que la normativa original promovía una especie de “lobby militar” para beneficiar a genocidas de la dictadura, por lo que gran parte del texto sufrió modificaciones. Por tal motivo, tuvo que volver a ser tratado por el Senado bonaerense el mes pasado y, en la última sesión de Diputados en la que se le dio sanción definitiva varios veteranos observaron la discusión desde los palcos de la Cámara baja y se sumaron a la ronda de aplausos de los legisladores.
En concreto, la principal modificación alcanza a los requisitos para acceder al régimen especial. A partir de la nueva normativa, podrán optar por este beneficio los oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas que integren la planta permanente, transitoria o temporaria del Estado bonaerense, así como también quienes se desempeñen bajo modalidad de contratación, siempre que tengan 55 años de edad y acrediten 20 años de servicios en uno o más regímenes jubilatorios.
La propuesta inicial establecía que estos excombatientes de Malvinas deberían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, y que incluye el goce del 100% de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659.
Sin embargo, en octubre del año pasado los héroes de guerra alertaron que, si la Legislatura bonaerense sancionaba esa ley tal como estaba, se legalizarán “beneficios jubilatorios ilegales” que reconocerán a exmilitares que tomaron cargos como auxiliares en escuelas bonaerenses sin respetar la Ley 10.430 sobre los requisitos para el ingreso a la Administración Pública.
Sucede que, el certificado de baja obligatoria de las FF.AA que presentan los militares para acceder a este régimen, no especifica los motivos de por qué cesaron su carrera en el Ejército. Según el CECIM, esto permitió que varios exsoldados que cometieron delitos, faltas disciplinarias e incluso alzamientos contra el orden constitucional, utilizaran la falta de controles para ingresar a trabajar en el Estado.
En ese marco, por pedido de los propios excombatientes, la reforma incluye un artículo con el que los suboficiales y oficiales que quieran adecuarse al régimen previsional, obligatoriamente deben corroborar su situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria. De esta forma, la Ley contempla una norma para excluir a los soldados que fueron destituidos por rebeldía o por condena emanada de tribunales comunes o federales.
Asimismo, el CECIM propuso que la iniciativa también excluya a los miembros de las FF.AA. que fueron procesados y/o condenados no solo por delitos de lesa humanidad. Con esto, aquellos militares que fueron autores de delitos contra el orden constitucional, actos de sedición o directamente hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas, no podrán acceder al régimen previsional. Además, si alguna de esas situaciones se produjera después de obtener el beneficio, el mismo quedará automáticamente sin efecto.
Al mismo tiempo, el colectivo de excombatientes logró establecer en el proyecto de ley que será requisito no percibir otra prestación previsional otorgada por el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas, ya sea por haber cumplido los años mínimos de servicios y/o que hubiera sido derivado a un derechohabiente.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES
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