“La gente pidió bajar la edad de imputabilidad”

La dirigente de Compromiso por General Rodríguez y actual funcionaria del Ministerio del Interior se refirió en diálogo con Desalambrar a la decisión judicial que suspendió por 60 días la aplicación de la reforma del régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Natalia Ruiz planteó reparos sobre la baja de la edad de punibilidad, pero cuestionó el enfoque “garantista” y reclamó políticas de prevención, tratamiento de adicciones y resocialización.

La decisión de una jueza bonaerense de suspender por 60 días la aplicación de la reforma del régimen de Responsabilidad Penal Juvenil abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la edad de punibilidad y las políticas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley.

La medida surgió a partir de una presentación cautelar realizada por Hogares de Cristo, una organización vinculada a la Iglesia Católica que trabaja con personas atravesadas por consumos problemáticos. El debate volvió a instalarse con fuerza en la agenda política y judicial.

En diálogo con Desalambrar, Natalia Ruiz, marcó una posición crítica tanto sobre la baja de la edad de punibilidad como sobre lo que considera una falta de políticas públicas para abordar las causas que llevan a niños y adolescentes a involucrarse en delitos. Sostuvo que la discusión no puede limitarse a determinar a partir de qué edad un adolescente puede ser penalmente responsable. También debe contemplar qué capacidad tiene el Estado para intervenir, contener y eventualmente reinsertar a esos jóvenes.

“Tenemos que entender las circunstancias y situaciones que hoy tiene el Estado provincial para resguardar a esos pibes y pibas en conflicto con la ley y que puedan, en la única instancia posible, una potencial reinserción”, sostuvo.

Críticas al “garantismo”

Ruiz cuestionó las posiciones que, según su interpretación, colocan el eje de la discusión exclusivamente en las garantías de los adolescentes que delinquen.

“La postura garantista es la que nos ha llevado al estado en el que estamos hoy, de desorden”, afirmó.

En ese sentido, vinculó esa mirada con sectores del kirchnerismo y cuestionó declaraciones de dirigentes políticos que, según señaló, explican determinados delitos a partir de las condiciones económicas y sociales.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que existe un problema estructural que excede la cuestión penal: la falta de herramientas estatales para trabajar en prevención, contención y tratamiento de las adicciones.

“No solamente tiene que ver con la baja de imputabilidad, sino también con la falta de opciones y de trabajo de la sociedad con la contención en adicciones”, planteó.

Para Ruiz, una parte de los jóvenes que terminan involucrados en delitos está atravesada por consumos problemáticos y requiere una intervención estatal que no aparece de manera suficiente.

“En 60 días no se va a poder resolver”

Consultada sobre qué puede suceder durante los 60 días de suspensión dispuestos por la Justicia, Ruiz consideró que se trata de un plazo demasiado breve para resolver los problemas estructurales que plantea la implementación de un nuevo régimen.

“En 60 días no se va a poder resolver ni siquiera visionar hacia dónde puede producirse una resolución de conflictos”, sostuvo.

El debate, además, incorpora una dimensión política: se trata de una normativa nacional cuya implementación requiere adecuaciones por parte de las provincias.

Natalia Ruiz consideró que, más allá de las d

iferencias entre los gobiernos nacional y bonaerense, la discusión debería correrse del terreno partidario.

“Esto va más allá de la política. Estamos hablando de la situación de imputabilidad”, señaló.

“La gente está pidiendo seguridad”

Hacia el final de la entrevista, Ruiz planteó que la discusión también debe considerar la percepción de los vecinos frente al delito cometido por menores de edad.

“Más allá de lo partidario, hay que ir al llano”, sostuvo, y mencionó situaciones de inseguridad que atraviesan distintos distritos del conurbano bonaerense.

Para la dirigente, existe una demanda concreta de mayor seguridad y de una respuesta efectiva frente a los delitos cometidos por adolescentes.

“La gente está pidiendo seguridad y, si el que roba es un pibe de 14 años, la gente lo quiere castigado”, afirmó.

Ruiz sostuvo que esa demanda social no puede ser desatendida en nombre de una discusión exclusivamente jurídica o ideológica.

“Lo pidió la sociedad esto. Pidió la baja de imputabilidad. Entonces, escuchemos al vecino, qué es lo que quiere y se siente más protegido”, expresó.

Al mismo tiempo, insistió en que la eventual responsabilidad penal de un adolescente debe ir acompañada de una discusión sobre las responsabilidades familiares y las condiciones sociales que rodearon su trayectoria.