El juez Martín Cormick avanza con una sanción de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete por el incumplimiento de la cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque concedió la apelación del Ejecutivo, el magistrado mantuvo vigente la orden de recomponer los salarios docentes y no docentes, garantizar partidas para el funcionamiento de las universidades y actualizar las becas estudiantiles.
El Gobierno de Javier Milei desconoce el fallo judicial que ordena el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Frente a la falta de acatamiento, el juez Martín Cormick avanza con el procedimiento para imponer una sanción económica al funcionario responsable de disponer los pagos.
Días atrás, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 concedió la apelación presentada por las autoridades nacionales contra la resolución de primera instancia que avaló la aplicación de la ley. Ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que deberá definir si confirma o revoca esa resolución.
Sin embargo, Cormick dejó expresamente establecido que continuará «el trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente». La medida obliga al Ejecutivo a otorgar partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Al sostenerse el incumplimiento, el magistrado avanza un paso: la multa económica.
El Ministerio de Capital Humano había cuestionado la decisión judicial por considerar que genera «agravios concretos y de significativa gravedad institucional» y compromete el orden fiscal.
En este escenario, Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, será notificado de la multa de $100.000 diarios, en el marco del procedimiento destinado a exigir el cumplimiento de la medida cautelar. La apelación sigue su curso, pero no suspende la obligación que pesa sobre el Gobierno. Las multas pueden crecer día tras día mientras persista el incumplimiento de la sentencia o medida cautelar.
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