La cancillería bolivariana emitió un documento en donde pide que se vayan del país los embajadores de ocho países de la región.
El gobierno Nicolás Maduro les dio a los diplomáticos argentinos un plazo de tres días, que se cumplen pasado mañana, para que abandonen el país, mediante una carta que enviaron a la Embajada en Caracas, donde también hay seis opositores que tienen asilo político, a quienes no les permitirán abandonar el Estado. La Casa Rosada definía por estas horas si envía un avión a buscarlos.
“En virtud de las injerencistas acciones y declaraciones de su gobierno de desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados el domingo (…) ha decidido solicitar el retiro de nuestro país de los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos en el plazo máximo de 72 horas a partir de la presente fecha”, estableció la carta de la cancillería venezolana.
En la misma carta, que tiene sello del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, se advirtió que el retiro de la misión diplomática “atañe sólo al personal argentino, quienes contarán con todas las garantías para su retiro inmediato del territorio nacional y no posee vinculación alguna con la presencia de ciudadanos venezolanos asilados en esa misión diplomática desde el 20 de marzo de 2024″.
En ese sentido, agregó que “constituye una situación administrativa que debe resolver esa Embajada, sobre la base del principio de extraterritorialidad respetado por la República Bolivariana de Venezuela y consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″.
Los dirigentes opositores asilados por Argentina son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda. Todos formaban parte del comité de campaña de María Corina Machado, cuando todavía estaba en carrera por la presidencia, antes de ser proscripta por la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello.
Para el gobierno argentino, las seis personas que recibieron refugio en la representación diplomática deben tener el mismo trato que el resto de los diplomáticos. Esgrimen el artículo 19 de la Convención de Asilo, que irónicamente se firmó en Caracas en el año 1954, que lo dice de manera taxativa, pese a que el gobierno de Maduro pretende desconocerlo.
“si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados”. Agrega que “si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella”. La tercera opción es “entregarlos a un Estado que no sea Parte y que convenga en mantener el asilo. El Estado territorial deberá respetar dicho asilo”, concluye.
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