Por Sofía Hart.- Durante el 2022 aumentaron los índices de empleo precario (trabajadores sin aportes a la Seguridad Social) y subempleo inestable (quienes realizan trabajos temporales de baja remuneración, incluidos beneficiarios de programas sociales). Lo anterior, sumado a la topes salariales, da como resultado que 3 de cada 10 trabajadores ocupados en Argentina se encuentren bajo la línea de pobreza. Un fracaso inapelable a manos del gobierno “nacional y popular”, que, lejos de mejorar las condiciones de vida de “los de abajo”, se encargó de garantizar mayores ritmos de explotación de la mano de obra, en beneficio de las patronales.
Los datos se desprenden del informe sobre las características del mercado de trabajo en la población urbana, correspondiente al tercer trimestre de 2022, elaborado por el Observatorio de la deuda social argentina de la UCA. Allí aparece que, si bien la tasa de desocupación se redujo 3,8% de un año a otro, la de subempleo inestable llegó al 23%, curiosamente, 3,8% más que en 2021 y 13% más que hace doce años atrás. Es decir, la “recuperación” del empleo pospandemia no estuvo regida por la creación de trabajo genuino, sino que está asociada al aumento de personas que salen a hacer changas para poder subsistir frente a la falta de oferta laboral. Una realidad que se agrava en el conurbano bonaerense, donde el subempleo inestable asciende al 26,3%, afecta más a la población femenina (24%), a los jóvenes entre 18 y 34 años (25,8%) y a los adultos mayores (27,4%), cuyas jubilaciones de indigencia no dejan otra alternativa que rebuscárselas para obtener otra vía de ingreso.
Con todo, solo el 40,3% de la población económicamente activa (dispuesta a trabajar) accede a un empleo con plenos derechos laborales, 1,8% menos que en 2021 y 3,5% menos que en 2010. En el caso de la juventud, la cifra desciende a 34,5%, y, en el de las mujeres, al 37,1%. Como contrapartida, el empleo de baja calidad abarca 51% de la PEA; el resto se encuentra desocupado. Sumado al subempleo inestable, existe un 28% con empleo regular pero precario (sin aportes). Situación, que, nuevamente, empeora entre la población de más edad (60 años o más), donde la precarización laboral abarca al 35,6%.
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