Este viernes un conflicto sacudió la zona metropolitana, donde se mueven millones de personas en transporte público. El chantaje de los empresarios del transporte expone un sistema de negociados con el Estado y explotación obrera.
Este viernes, la zona metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo prácticamente colapsada. Todas las líneas de colectivo estuvieron de paro, acatando la medida de fuerza dictada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El motivo de la medida es la negativa de las empresas a pagar la paritaria acordada hace pocas semanas, tras varias advertencias de paro.
El sistema de colectivos transporta a más de 10 millones de personas cada día en el AMBA, pero además sirve para interconectar otros servicios (subte, ferrocarriles). El paro se sintió entonces en el funcionamiento de todo el transporte y también de muchas industrias o comercios.
A lo largo del día, semejante problema abrió un cruce de acusaciones entre el Gobierno nacional y las cámaras empresarias. Desde el Estado se denunció lo que todos saben desde hace tiempo: muchas de las medidas son provocadas por las empresas, que utilizan el conflicto para chantajear en reclamo de mayores subsidios. Ese sistema de financiamiento, que funciona desde hace décadas, hoy sufre la presión del plan de ajuste acordado con el FMI. El recorte de subsidios quiere ser descargado sobre los trabajadores del transporte y la población que viaja, abriendo una crisis.
Poco antes de las 17 horas, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una conferencia de prensa junto a empresarios, funcionarios y dirigentes de la UTA como Roberto Fernández, tras una reunión de urgencia que realizó con todos ellos. Allí señaló que el paro se levantaría a las 17:30 horas de este viernes, y se continuaría negociando desde el día lunes entre las partes.
Massa concluyó sus palabras señalando que quiere un sistema de transporte con “empresas fuertes, servicios que la gente pueda pagar y trabajadores con buenos salarios. Producto del diálogo, no de la extorsión, donde el Estado aporte soluciones”.
Pero la crisis de este viernes confirmó cómo funciona el sistema de transporte en la Argentina, y en particular las empresas de colectivos. Un sistema público pero en manos privadas y con un Estado que garantiza sus ganancias con miles de millones de pesos mensuales.
Según el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano, el Estado aporta mensualmente de 7 mil millones de pesos por mes solo en el interior. Pero solo en el mes de junio las empresas del AMBA y de la PBA recibieron más de 33 mil millones de pesos por parte del Estado. De cada 100 pesos de costo del pasaje, el Estado aporta 85, como reconoció el propio Massa. Esos millonarios fondos van a parar a un conglomerado de empresas concentrado en pocas manos, como los grupos Dota, Metropol y otras compañías con buenas relaciones con el Estado, y también con las conducciones sindicales.
Por eso la salida de Massa es mentirosa: en el marco del ajuste del FMI y un sistema de transporte en manos privadas pero con ganancias garantizadas por el dinero público, la crisis del transporte no tiene salida. Tampoco es cierto que Massa quiera terminar con las extorsiones. El Frente Renovador desde hace años que maneja el sistema de transporte, por lo tanto que es cómplice de estos negociados. Y hoy confirmó que va a seguir sosteniendolo.
Solo la izquierda denunció fuertemente lo que está sucediendo y sus responsables, apoyando además el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del transporte. Myriam Bregman señaló que «el sistema de transporte no va más, el Estado pone el dinero para solventar las ganancias de los empresarios, hay que eliminar esa intermediación: nacionalización y gestión por sus trabajadores y usuarios, que son los que conocen los costos y necesidades en recorridos y demás».
Además criticó a la derecha, que lejos de solucionar el problema viene a profundizar el robo. «La derecha dice que el problema del transporte se soluciona sacando los subsidios y cargando con más tarifazos al pueblo trabajador. Al revés, los que sobran son los empresarios que se apropian de esos subsidios mientras los usuarios viajan cada vez peor».
Desde la agrupación de choferes en el Movimiento de Agrupaciones Clasistas participaron del paro, exigieron a la UTA asambleas para continuar un plan de lucha y plantean una salida: «estatización del servicio de transporte bajo gestión de trabajadores y usuarios. El transporte de calidad es un derecho básico que ni el gobierno ni las patronales están garantizando. Apertura de las cuentas de las empresas, queremos saber cuánto ganan con el boleto y con el subsidio. Tarifas populares para todxs. Y gratuitas para docentes, estudiantes, desocupados, jubilados y trabajadores de la salud pública».
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