El Gobierno nacional autorizó la licitación para concesionar durante medio siglo las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Las empresas adjudicatarias deberán administrar, mantener y modernizar las vías y podrán acceder al material rodante. El proceso fue habilitado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con uno de los principales capítulos de su política de privatización ferroviaria al autorizar la licitación para entregar en concesión por 50 años las líneas ferroviarias de cargas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
La medida fue habilitada mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y establece que el proceso de selección se realizará a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, donde se publicarán los pliegos generales y específicos correspondientes a cada línea.
El esquema diseñado por el Gobierno contempla la concesión del uso de los recorridos ferroviarios y de los inmuebles ubicados en sus inmediaciones. Las empresas que resulten adjudicatarias deberán asumir la administración, el mantenimiento y la modernización de la infraestructura ferroviaria.
Uno de los aspectos centrales del nuevo modelo es que no contempla el pago de cánones al Estado ni subsidios estatales. Los concesionarios obtendrán sus ingresos a través del cobro de peajes a los operadores ferroviarios y de la explotación comercial de los inmuebles linderos, entre ellos silos y parques logísticos.
La licitación también incorpora la posibilidad de que los futuros concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. La compra podrá realizarse mediante remate público o quedar incorporada dentro de los propios contratos de concesión.
Según la explicación oficial, esta alternativa fue incorporada después de los planteos realizados por empresas interesadas, que habían cuestionado la fragmentación inicial del proceso. El Gobierno sostiene que la modificación busca ampliar la cantidad de oferentes y generar propuestas más competitivas.
El pliego definitivo incluye además una cláusula que impide participar a empresas controladas por Estados extranjeros, con el objetivo de excluir de la licitación a compañías vinculadas directamente con gobiernos de otros países.
La privatización que busca concretar el Gobierno de Javier Milei abarca 7.594 kilómetros de líneas ferroviarias operativas, distribuidos entre Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias y tienen conexión con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
El plan original contempla inversiones por USD 755 millones, distribuidas en USD 420 millones para la línea San Martín, USD 260 millones para la Belgrano Cargas, y USD 75 millones para la Urquiza, con un límite de financiamiento de USD 435 millones para el conjunto del proyecto. Entre las obras previstas se encuentran la renovación y duplicación de vías, la rehabilitación de ramales inactivos, la modernización del señalamiento, mejoras en pasos a nivel y el desarrollo de nodos logísticos.
Por caso, la incorporación de las obras ferroviarias al RIGI fue uno de los elementos incluidos en el esquema para atraer inversiones privadas. Es que, el régimen contempla beneficios para proyectos que cumplan con sus requisitos, mientras que la resolución establece que las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente y la incorporación de nueva infraestructura podrán acceder al programa.
Para evaluar las propuestas, el Gobierno creó una Comisión Evaluadora “ad hoc”, integrada por tres miembros titulares, Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García, y tres suplentes. Además, los recursos obtenidos por la venta del material rodante serán administrados mediante un fideicomiso que deberá constituir Belgrano Cargas y Logística S.A.
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