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Para jubilados será un solo bono de $ 12.000. Lo anunció Martín Guzmán en conferencia de prensa acompañado por el presidente Alberto Fernández. En plena crisis social estas medidas no revierten la pérdida de poder de compra de los ingresos populares, mientras los empresarios siguen aumentando su tajada de la torta.

Hace instantes el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció en conferencia de prensa la implementación de un bono para jubiladas y jubilados, monotributistas, trabajadoras de casas particulares y trabajadores informales.

Se cobrará en los meses de mayo y junio. Para jubilados con haberes de hasta dos jubilaciones mínimas el «refuerzo» será de $ 12.000 en una sola cuota en el mes de mayo.

Se trata de un anuncio que llega tras conocerse los alarmantes datos de la inflación de marzo (6,7%), la mayor en 20 años, y de una suba de precios de alimentos de casi el 60 % acumulado en un año.

Del acto participaron Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Pablo Moyano (Secretario del sindicato de Camioneros), Sergio Massa, Axel Kicillof, entre otros.

Mientras los salarios y los ingresos populares siguen siendo pulverizados por la suba de precios; estas medidas parciales no alcanzan para recuperar lo perdido.

«En 2022 a los factores domésticos se le han agregado factores externos producto del conflicto bélico en Ucrania», señaló Guzmán. «Es necesario en primer lugar, reforzar la política de ingresos y en segundo lugar trabajar de forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock tenga consecuencias desigualadoras regresivas».

«Estamos anunciando un refuerzo de la política de ingresos. A Las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados (formales), monotributistas A y B y trabajadoras y trabajadores de casas particulares, entre 18 y 65 años de edad, el monto será de 18 mil pesos en dos cuotas». Y aclaró que se cobrarán en los meses de mayo y junio, aunque no dio precisiones sobre el universo alcanzado por la medida, sólo que «habrá un criterio patrimonial».

Durante la pandemia y las medidas más estrictas de confinamiento, en el año 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia de tan solo $ 10.000 lo percibieron 9 millones de personas, mientras que ahora se limitará por un criterio patrimonial. Resta ver el alcance real. En aquél momento, el IFE representaba un poco menos de dos tercios del salario mínimo vital y móvil ($ 16.875) y cubría un cuarto de la canasta de pobreza, mientras que ahora los $ 9.000 de cada cuota del bono no llegan a cubrir un cuarto de salario mínimo ($ 38.940) y sólo el 10 % de una canasta de pobreza.

A pesar de esta marcada insuficiencia del bono para compensar la enorme pérdida de ingresos reales de los sectores populares, Alberto Fernández agregó que buscan con esta medida «garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente en los sectores más vulnerables».

Es evidente que en un plan de ajuste del déficit fiscal para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, el objetivo es reducir los gastos fiscales y, en ese marco, no hay margen para políticas de ingresos significativas.

No por nada Guzmán también afirmó que «las metas en el plano fiscal, monetario y acumulación de reservas se han cumplido» y está alineado con lo que se había planeado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y precisó que «el déficit fiscal primario del primer trimestre alcanzó el 0,25 % del PBI». Es decir, muy cerca del sueño de cualquier Cavallo o Dujovne de cumplir el «déficit cero».

El ministro asimismo anunció que el Gobierno enviará en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso para gravar la «renta inesperada producto de la guerra», que plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que, según la exposición del Ministro, en 2021 fue de solo el 3,2% de las empresas.

Los criterios para la imposición de la alícuota incluirán que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, el borrador del proyecto del Ejecutivo establecería un parámetro para que si la «renta inesperada» se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor.

Este intento de apariencia «redistributiva» contrasta con la realidad. En palabras de Guzmán, en 2021 la economía creció 10,3 %, pero lo que queda ausente de ese relato es la enorme concentración del ingreso en manos de unos pocos propietarios de los recursos estratégicos, el capital y la tierra.

Mientras los salarios reales y las jubilaciones se hundieron, cayendo en forma drástica la participación de la remuneración de los trabajadores en el valor agregado bruto (la riqueza producida) de 53,9 % a fines de 2016 al 44,6 % a fines de 2021, los sectores concentrados de la economía «la levantaron en pala» y el excedente bruto de explotación (un acercamiento a las ganancias empresarias) creció del 38,6% al 46,4% en la distribución de la torta.

En 2021 en relación al 2016 (cuando comienza la serie) la Remuneración al Trabajo Asalariado subió en términos absolutos un 368 %, mientras que las ganancias empresarias (EEB) escalaron un 558 %.

Alberto Fernández insistió con que su Gobierno apunta a la «urgencia de los sectores más postergados de la sociedad». Un relato que, inflación y ajuste mediante, con estas medidas limitadas ya no tiene prácticamente resto.