El 16 de septiembre de 1976, en un operativo conjunto, la Policía Bonaerense y el Batallón 601 del Ejército secuestraron en La Plata a nueve jóvenes de entre 16 y 18 años. En su mayoría integraban la Unión de Estudiantes Secundarios y militaban por el boleto estudiantil gratuito.
Claudio de Acha (17), Horacio Úngaro (16), María Claudia Falcone (16), Francisco López Muntaner (18), María Clara Ciocchini (18) y Daniel Alberto Racero (18) continúan desaparecidos. Sobrevivieron Pablo Díaz (secuestrado el 21 de septiembre), Patricia Miranda (secuestrada el 17 de septiembre) y Emilce Moler (secuestrada el 17 de septiembre). La última vez que fueron vistos con vida fue en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires de Banfield, conocido como el “Pozo de Banfield”, ubicado en las calles Luis Siciliano esquina Luis Vernet de Lomas de Zamora.
Juan Miguel Wolk fue uno de los artífices y autores de los horrores que allí se vivieron contra cientos de militantes, activistas gremiales y estudiantes. Siendo condenado a prisión perpetua, goza de las comodidades de su casa en la ciudad de Mar del Plata. Uno de los privilegiados que goza del arresto domiciliario; lo que dejó de ser una excepción para pasar a ser una regla de impunidad.
El Nazi
Entre 1974 y 1976, Juan Wolk, a quien lo llamaban «el Nazi» o «el Alemán», ejerció como comisario inspector de la Policía Bonaerense y jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en Villa Centenario (Banfield). Con la llegada de la dictadura, logró el cargo de Director de Investigaciones en la Zona Metropolitana y quedó como jefe del Pozo de Banfield.
La dependencia policial funcionó como centro clandestino desde fines de 1974, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón y de la mano de la Triple A. Por los calabozos del edificio pasaron, al menos, 300 detenidos desaparecidas y desaparecidos; allí fueron torturados y abusados. Se contabilizó que unas 30 mujeres parieron allí, la mayoría de esos bebés fueron apropiados.
Wolk fue condenado en 1986. Posteriormente recibió 25 años de prisión en el marco de la «Causa Camps», pero sería beneficiado por las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final. Con la llegada de los «Juicios por la Verdad» realizados en La Plata y un pedido de extradición del juez español Baltazar Garzón lo pusieron nuevamente en el radar. Sin embargo, duró poco.
Muerte, fuga, condena y domiciliaria
Con la llegada de un certificado de defunción falso, la Justicia consideró que el jefe del Pozo de Banfield había fallecido. Para Marta, hermana de Horacio Ungaro, uno de los chicos desaparecidos de la Noche de Los Lápices y referente en la lucha por los derechos humanos, había olor a podrido.
Marta trabajaba en la Cámara Electoral bonaerense y observó que Wolk seguía apareciendo en los padrones. En diálogo con La Izquierda Diario dio detalles sobre cómo localizaron al “muerto”.
“Cuando comenzaron los juicios por la verdad en 1998, que tenían la característica de que tenías que decir el destino final y no podías negarte a declarar pero no era punitivo, se juntaron casi 3000 testimonios de madres, hijos, familiares, que no habían tenido un espacio para declarar por las leyes de impunidad. Ahí empezamos la búsqueda para citar a Wolk y nos informaron que estaba muerto”.
Marta, junto a otros familiares y sobrevivientes nunca lo dejaron de buscar: “Yo insistía mucho porque no figuraba como fallecido en el padrón electoral. A veces hay errores, pero había pasado mucho tiempo y era raro que siga figurando. En la causa de mi hermano, mandamos un oficio a la caja previsional de policía para saber quién cobraba el beneficio de la pensión. Después de no contestar por mucho tiempo, casi dos tres años, con gran sorpresa contestaron que había cobrado en junio. Así descubrieron que Wolk estaba vivito y coleando en Mar del Plata. Vivía en el Bosque Peralta Ramos, era vecino de Etchecolatz”.
En 2008 Marta hizo la denuncia y Wolk fue detenido y procesado por los secuestros, torturas y asesinatos en el Pozo de Banfield, sin embargo, la Justicia le hizo un guiño y le concedió prisión domiciliaria. Después de cuatro años de apelaciones y a punto de ser llevado a una cárcel común, se fugó y no dejó rastros. Su desaparición fue denunciada por su propia hija, también policía y garante del cumplimiento de su arresto.
No se supo nada del genocida hasta 2013, cuando la policía lo ubicó en la casa de su hermano. Pasó un tiempo tras las rejas pero, con otro guiño judicial, volvió a recibir el beneficio del arresto domiciliario que cumple hasta hoy.
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