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Denuncian la reciente liberación del excabo Acosta y también que el excomisario Fanchiotti busca contactar desde la cárcel a las familias con la excusa de “colaborar”. Mientras, el juez Lijo pisa la causa por las responsabilidades políticas de ese crimen de Estado. “No vamos a bajar los brazos”, advierte Alberto Santillán. El Frente de Izquierda presentó un proyecto en Diputados.

https://www.laizquierdadiario.com/Familiares-de-Kosteki-y-Santillan-denuncian-beneficios-para-los-policias-condenados

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora le concedió la libertad condicional al excabo de la Policía Bonaerense Alejandro Acosta, condenado a prisión perpetua por su participación en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 en lo que se conoció como la Masacre de Avellaneda.


La reacción de las familias de Darío y Maxi no se hizo esperar. Junto a decenas de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y la izquierda expresaron su enérgico repudio ante la provocadora medida adoptada por los jueces de la Sala III de esa Cámara Martín García DíazTomás Bravo y Miguel Alberdi (que contradijeron lo dicho por ellos mismos en fallos anteriores).


Para dar detalles de lo que pasó con Acosta y compartir otras informaciones del caso, este jueves el espacio de Familiares y Compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki convocaron a una conferencia de prensa en la sede porteña del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).


La abogada Paula Alvarado Mamani, que representa a las familias querellantes, comenzó explicando que el beneficio de la libertad condicional al excabo Acosta es “la ampliación de un régimen que ya tenía” y que formalmente los jueces se amparan en los “tiempos legales” para dársela, sin atender el reclamo de las víctimas. Por eso la letrada reclamó al Poder Judicial un tratamiento contextualizado.


Para Alvarado Mamani “tanto Acosta como Fanchiotti formaron parte de un crimen de Estado y, por ende, debería regirles una normativa diferente” a la que le cabe a cualquier condenado. Recordó que los asesinos nunca colaboraron en el proceso de conocer la verdad de los hechos. Y que, además, los camaristas desecharon las opiniones de la jueza de primera instancia Cecilia Vázquez y de la fiscal Paula Martínez Castro, que habían coincidido con las familias en el rechazo a la libertad de Acosta.


En ese marco, la abogada anticipó que realizarán nuevas presentaciones ante el Poder Judicial bonaerense, donde está radicada la causa por los asesinatos, y también en el fuero federal, donde se sigue tramitando la causa por las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda. Esta última causa se tramita en el Juzgado Federal 4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, y la “investigación” la lleva adelante la fiscal Paloma Ochoa. Allí están imputados el expresidente Eduardo Duhalde, funcionarios suyos como Alberto AtanasofCarlos Ruckauf y Aníbal Fernández y el exgobernador Felipe Solá, entre otros.


La querella quiere que la causa sea encuadrada en los marcos de un crimen de lesa humanidad, al tratarse de asesinatos políticos ejecutados desde las más altas esferas estatales. Eso significa no sólo que pasaría a ser un delito imprescriptible sino que los culpables no podrían ser tratados como cualquier acusado. Desde 2014 está presentado ese pedido en la causa. Este año lo volvieron a reiterar. Pero hasta el momento Lijo no respondió.


La carta que juega Fanchiotti


El excomisario Alfredo Franchiotti también quiere acceder al beneficio obtenido por Acosta. Pero eligió una arriesgada estrategia: acercarse a las familias de las víctimas en un curioso tono “colaborativo”. La doctora Alvarado Mamani relató que este año el asesino se contactó con ella desde la cárcel de Baradero, pidiéndole que lo visite porque “quiere hablar”. Además de mensajes de texto y audio, Fanchiotti le envió una carta en la que daba su versión de los hechos de 2002 y mencionaba a algunos de los responsables políticos.


Tras analizar esos mensajes, las familias y su abogada dieron aviso a la fiscal federal Ochoa, pero ésta consideró “no relevante” el hecho de que el criminal diga que quiere hablar. Entonces se lo informaron a Lijo, quien a regañadientes aceptó analizar la posibilidad de citar a declarar a Fanchiotti. Pero el juez dijo que antes quiere tener “un exámen médico” del condenado. Hasta ahora ni siquiera ordenó ese estudio. Debe estar ocupado esperando su destino como posible miembro de la Corte Suprema.


“Nunca nos cooptaron, no bajamos los brazos”


En la conferencia de prensa en la sede del Serpaj las familias de Darío Maxi no estuvieron solas. Las acompañaban, entre otros, Marcial Barreiro y Miguel Paniagua, sobrevivientes de la Masacre de Avellaneda y querellantes en la causa; el ex detenido desaparecido Carlos “Sueco” Lordkipanidse; la legisladora porteña e hija de desaparecidos Alejandrina Barry; su par Celeste Fierro; el diputado nacional Nicolás del Caño; el referente social Eduardo Belliboni. La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Elia Espen envió un saludo especial. Según se mencionó al inicio, el evento cosechó más de 300 adhesiones.