Los salarios básicos de la familia municipal —exceptuando la planta jerarquizada— cristalizan una realidad que ya no admite demasiadas vueltas: pobreza, cada vez más cerca de la indigencia.
Ese universo de trabajadores y trabajadoras que sostiene la estructura funcional del Municipio queda atravesado, inevitablemente, por la morosidad y el endeudamiento. Para ellos, los datos mensuales que publica el INDEC funcionan como un termómetro. No para saber cuánto ganan, sino para medir cuánto más pierden.
La última recomposición fue del 3 por ciento en julio y llevó el acumulado al 15,3 por ciento. Al lado aparece el IPC acumulado a agosto: 21,3 por ciento. Un número celebrado por Milei y su equipo.
La cuenta es sencilla. La distancia también.
La administración de Mariel Fernández reafirma así el ajuste que comenzó en 2020, apenas asumió la Intendencia de Moreno: el salario municipal sigue corriendo detrás de una inflación que no espera.
Tres fuentes gremiales consultadas sobre las pérdidas consolidadas ofrecieron un panorama que parece describir, también, el presente sindical y el de sus conducciones.
La buena noticia: la semana pasada hubo mesa paritaria.
La mala: el Ejecutivo informó que no hay para ofrecer.
Una mesa con una sola pata. Una sola parte con capacidad efectiva para definir el camino.
Y ese mismo Ejecutivo es el que impulsa modificaciones a las ordenanzas Tarifaria y Tributaria —y, por supuesto, la Fiscal— para sostener un discurso de fortaleza, planificación y éxito.
Pero detrás del guión de propaganda aparece otra pregunta: ¿hay recursos suficientes para pagar los sueldos municipales?
No solo preocupa el déficit. También preocupa contar con los recursos mínimos para sostener la estructura municipal y afrontar la emblemática y millonaria mano de obra de la basura, tercerizada en poder de Los Moyano.
Mientras tanto, las entidades sindicales que participan de la paritaria trabajan en el laboratorio de ideas. Allí aparece la posibilidad de plantear un “respetuoso bono”, una compensación que intenta comprender la situación económica.
Suena una campana.
Pero hay otra.
La primera habla de prudencia, de recursos escasos, de una realidad económica que obliga a medir cada movimiento. La otra habla de más industrias, más cultura, más comunidad popular, más Mariel.
Dos sonidos para una misma administración.
Y en el medio, los trabajadores municipales.
A propósito, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que los básicos de concejales y concejalas, como así también el de la intendenta, se fijan a partir de la multiplicación del salario básico correspondiente a la menor categoría municipal, es decir, la del trabajador o trabajadora que cumple una jornada de 40 horas semanales.
Hasta hoy, y sin aumentos en el horizonte, el básico de Mariel está en $8.400.000.
La dieta de concejales y concejalas, en $2.600.000.
La inflación tiene sus números.
Los salarios municipales, también.
Y la diferencia entre unos y otros es, quizás, la medida más concreta del ajuste
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